SANTIAGO.- Ha sido una de las interrogantes que han circulado esta semana: ¿Podrá Santiago resistir la cantidad de participantes que se esperan para fin de año en la COP25, que se estiman en más de 20 mil? ¿Hay un lugar donde reunirlos a todos? ¿Hay suficientes hoteles para alojarlos?
"Chile no solamente cuenta con una capacidad hotelera amplia", dijo la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, este martes, y presentó como opción una que cada vez gana más terreno a nivel mundial. "Hoy una cosa que se utiliza con fuerza por las comisiones que vienen a los países que son sedes de la COP son las aplicaciones alternativas, como Airbnb y otras, donde se arriendan locales para que la gente pueda estar".
La aplicación forma parte de la oferta que complementan otras aplicaciones de transporte y traslado de encargos, donde hay usuarios dispuestos a proveer un servicio a cambio de dinero, pero sin pasar por el Servicio de Impuestos Internos ni otros entes reguladores. Por eso el propio ministro de Economía, José Ramón Valente, ha defendido la idea de que se les cobre un impuesto de un 19%.
"Lo que hacemos es poner a tono a esta economía digital con el resto de la economía. En ningún caso queremos inhibirla, sino que potenciarla en Chile, pero queremos que haga su aporte, y creemos que legislar sobre el tema es mucho mejor que prohibir", aseguró el ministro esta semana.
Ya en el Congreso se discute la ley que regulará a Uber y Cabify, y que busca quitar tensión al conflicto entre los conductores de la aplicación y los taxistas. También un grupo de parlamentarios presentó un proyecto para discutir los derechos de los trabajadores en plataformas como Rappi o Glovo.
Pero mientras el Congreso y el Gobierno dan pasos hacia una regularización de esta oferta, la Corte Suprema tuvo una opinión distinta. Este miércoles, el máximo tribunal corroboró la resolución de la Corte de Apelaciones que descartó un actuar arbitrario de la administración de un edificio en Las Condes que advirtió con multar a los propietarios que arrienden sus departamentos a través de Airbnb.
El "control" de los edificios
Para Sergio Román, presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria (CGAI), el fallo fue una buena noticia. "La ley de copropiedad indica que cada comunidad se rige por sus propias normas y acá se está haciendo valer lo que la ley dice", señala a Emol, y explicó por qué el gremio no tiene una buena impresión de la app.
"Su uso nos perjudica porque cuando una persona llega a un edificio por muy poco tiempo y sin contrato formal, perdemos el control. Eventualmente esas personas podrían ser ladrones o traficantes, por lo tanto puede afectar la seguridad", señala.
"Su usa nos perjudica porque cuando una persona llega a un edificio por muy poco tiempo y sin contrato formal, perdemos el control. Eventualmente esas personas podrían ser ladrones o traficantes, por lo tanto puede afectar la seguridad"
Sergio Román, presidente CGAI
Habla, además, del hecho de que las "acciones" ejecutadas a través de la aplicación "no están en regla". Por ahora, las formas que los edificios tienen para controlar el fenómeno es a través de "poner trabas para desincentivar su uso", como por ejemplo prohibir que las llaves se dejen en conserjería, instalar más cámaras e invertir en dispositivos que puedan leer las cédulas de identidad.
También menciona el hecho de que los edificios de uso habitacional no están ideados para tener uso comercial. Para la Federación de Empresas de Turismo, en ese punto donde radica el problema. "Desde este lado buscamos la formalidad", explica a Emol la vicepresidenta ejecutiva, Helen Kouyoumdjian.
"Nosotros siempre tratamos de separar los planos. Una cosa es Airbnb y las plataformas tecnológicas, y la industria está feliz de que exista un camino de transformación digital. El tema aquí es que quienes estamos ofreciendo ese servicio, tenemos que hacerlo conforme a la ley", plantea.
Un "departamento turístico" en ley
"Lo que ha ocurrido es que Airbnb ha visibilizado una oferta que está actuando de manera informal, y por lo tanto ilegal. Ante no la teníamos tan identificada y probablemente ha ayudado a que prolifere, porque le da un canal de venta fácil", explica Kouyoumdjian. Pero la responsabilidad, para ella, recae en quienes ofertan sus propiedades.
"La ley es muy clara. No hay ningún vacío", dice. "Si yo quiero tener un departamento para arrendar a turistas, tengo que estar en una zona donde el plano regulador me lo permita, sacar patente en la municipalidad y armar una carpeta tributaria en el SII. Después tengo que ver temas sanitarios y de seguridad y con eso puedo entrar el registro de proveedores de servicios turísticos del Sernatur".
"La persona que tiene un departamento turístico que cumple con la ley está en desventaja frente a la oferta informal, porque ellos no pagan impuestos ni IVA, no cumplen con las normas sanitarias ni de seguridad, entonces su costo es mucho más bajo y llegan al usuario con un precio menor"
Helen Kouyoumdjian, Fedetur
Explica que existe una categoría denominada "departamento turístico". "No debe ocurrir que haya un departamento turístico en una zona residencial, pero si tengo uno inscrito también lo puedo ofertar en Airbnb y, de hecho, muchos usuarios lo hacen", dice. Y por eso, por la existencia de esa categoría, es que considera que la manera en que hoy opera la aplicación permite el desarrollo de un mercado donde la competencia es desleal.
"La persona que tiene un departamento turístico que cumple con la ley está en desventaja frente a la oferta informal, porque ellos no pagan impuestos ni IVA, no cumplen con las normas sanitarias ni de seguridad, entonces su costo es mucho más bajo y llegan al usuario con un precio menor", comenta.
"Nosotros creemos que todos tenemos que competir en igualdad de condiciones, y también hay una calidad y seguridad asociadas a la oferta turística a través del registro. Y todo eso se suma a lo que está viviendo la gente que habita en comunidades residenciales, que tampoco les gusta que sus vecinos cambien todos los días", añade.
Legislar con "flexibilidad"
A pesar de todo, el uso de Airbnb se masifica. A nivel mundial, la compañía contabiliza un total de "huéspedes" por noche que supera los dos millones de usuarios. Es un fenómeno que excede a esta aplicación y se extiende a otros servicios mediados por la tecnología.
"Lo que ocurre con Airbnb plantea los problemas propios de la economía colaborativa", explica el director de Políticas Públicas de la Fundación Derechos Digitales, Juan Carlos Lara. "Todas las respuestas legislativas o intentos normativos llegan cuando estas plataformas están más o menos asentadas como forma de negocio, cuando ya son aceptadas por la sociedad, muchas personas se dedican a ellas y aquí incluso la misma autoridad reconoce que, en el caso de no haber capacidad hotelera, es un servicio al que pueden recurrir", dice.
"El gran desafío en la regulación es ser suficientemente flexible. Que hagamos una ley sobre Uber no va a hacer que suficiente para otras formas de transporte que surjan en el futuro, o que las haya para Airbnb no significa que no haya otras formas de alojamiento pagado en el futuro"
Juan Carlos Lara, Derechos Digitales
Por eso, cree que "cualquier noción anterior, que afirmara que porque no están propiamente regulados o constituidos en Chile deberían prohibirse, queda fuera de toda discusión". Pero es en el proceso de regulación donde hay que poner la atención en algunos puntos, como son los derechos de los involucrados, como es el caso de repartidores.
"Está lo relativo a los precios de los consumidores, las condiciones de seguridad, el carácter profesional de quien ofrece el servicio, la reglamentación, y algo más amplio que tiene que ver con la forma en que estamos dejando que la economía se desarrolle: hay muchas personas que dicen que se dedican a estos servicios porque es algo que necesitan", dice.
Se debe normar, entonces, a través de un proceso "sensible, suficientemente estudiado y participativo, no motivado por presiones de ciertos gremios ni del libre mercado". "Quizás el gran desafío en la regulación es ser suficientemente flexible a lo que está pasando hoy y a lo que pueda pasar mañana. Que hagamos una ley sobre Uber no va a hacer que suficiente para otras formas de transporte que surjan en el futuro, o que las haya para Airbnb no significa que no haya otras formas de alojamiento pagado en el futuro", plantea.
"Es necesario que tengamos claro cuáles son los criterios y principios a seguir para darle flexibilidad a esa regulación, pensando por una parte en no ahogar la creatividad, pero por otra en no dar rienda suelta a ciertas formas posiblemente nocivas de mercado", concluye.
