El tratado comercial fue firmado por Chile, Australia, Brunéi, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
El Mercurio
SANTIAGO.- En una apretada votación, la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el
TPP11, un acuerdo que firmó la administración de la ex President
a Michelle Bachelet y que respaldó el actual Gobierno. Ahora lo deberá visar el Senado.
¿Qué es este acuerdo?
El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), conocido también como TPP11,
es un pacto comercial firmado por 11 países: Chile, Australia, Brunéi, Canadá, México, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Además, según informaron desde la Direcon, el objetivo sería "promover el comercio inclusivo al abarcar materias como medio ambiente, estándares laborales, apoyo a las Pymes, cooperación económica, incorporación de las mujeres al comercio internacional, anticorrupción, comercio electrónico y compras públicas".
¿Cuáles son las principales cifras que representa el TPP11?
Este pacto reúne a cerca de 502 millones de personas, que en su conjunto representan el 13% de la actividad económica del mundo. De esta forma, el PIB per cápita del total de los países que están suscritos al acuerdo, es de US$29.515.
¿Qué beneficios podría traer este acuerdo para Chile?
Según lo indicado por el Gobierno, se espera que el nuevo acuerdo otorgue mejores oportunidades para la exportación de servicios y de más de tres mil productos que hoy son excluidos o limitados en los acuerdos bilaterales actuales, particularmente con países como Japón, Vietnam, Malasia, Canadá y México.
Al mismo tiempo, se proyecta que genere condiciones para una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas chilenas en las cadenas globales de valor; incremente los flujos de inversión; y favorezca la diversificación de la matriz productiva y exportadora nacional.
Por otro lado, otro beneficio se dará "en materia de acumulación de origen, es decir, la posibilidad de considerar como propios de Chile los insumos originarios provenientes de los otros países pertenecientes al bloque, para desarrollar un producto en el país y exportarlo a un tercero", según ha defendido la Direcon.
¿Cuál es su origen?
Se recuerda que el CPTPP tiene su origen inmediato en el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), suscrito en febrero de 2016, pero que se cayó tras la salida de Estados Unidos, una vez que Donald Trump asumió la presidencia de ese país.
Sin embargo, con el fin de que lo avanzado en materia de acuerdos no se perdiera, los otros 11 países restantes -siendo Chile su principal impulsor- redactaron un nuevo documento con bastantes similitudes al original, salvo 20 disposiciones que quedan sin aplicación por ser las de mayor controversia.
Principales críticas al proyecto
Durante su discusión en la Sala de la Cámara de Diputados, la mayor parte de la oposición se manifestó en contra del acuerdo, indicando los aspectos negativos que significa este tratado para los intereses chilenos en materia laboral, medioambiental y agrícola, entre otros, y con una fuerte crítica a la asociación con Brunei y sus leyes contrarias a los derechos humanos.
Asimismo, el Gobierno durante todo el debate rechazó los "mitos" y críticas, entre las que se cuentan, por ejemplo, es el hecho de que si Chile se adhiere a este tratado, los medicamentos en el país subirán.
Algo que la Direcon ha negado, señalando que "el CPTPP no contiene ningún compromiso que modifique el régimen jurídico nacional en materia de medicamentos. Los precios de ellos no variarán, de ninguna manera, como consecuencia de este Tratado".
También hay dudas sobre si es que el pacto cedería la soberanía de las semillas o no. Lo que el Ejecutivo descartó indicando que el tratado "no altera las obligaciones que Chile ya asumió en el pasado respecto al derecho de los obtentores, de manera que no hay compromisos adicionales en esta materia, ni impactos relacionados. UPOV 91 fue aprobado por el Congreso Nacional en 2011, faltando para su plena aplicación la aprobación de la normativa nacional que implementará sus disposiciones".
Por último, se dijo que Chile debería apegarse a decisiones internacionales, cediendo la soberanía de sus tribunales, lo que nuevamente fue desmentido por la Direcon.
"El preámbulo del acuerdo declara reconocer el derecho inherente de cada país para establecer sus prioridades legislativas y decisiones regulatorias, salvaguardar el bienestar público, y proteger objetivos legítimos de bienestar público", indicaron.
