La reforma de las jubilaciones contra la cual los sindicatos brasileños se declararon en huelga el viernes, es considerada por el gobierno de Jair Bolsonaro como un paso esencial para equilibrar las cuentas públicas.
El proyecto presentado el jueves ante una comisión parlamentaria con el respaldo de las bancadas oficialistas, excluyó, sin embargo, algunas de las propuestas más polémicas del ministro de Economía, Paulo Guedes, como las que afectaban a las pensiones recibidas por ancianos indigentes o por trabajadores rurales.
El proyecto deberá ser aprobado en comisión por mayoría simple pero luego requerirá el respaldo de tres quintos de los diputados y de los senadores, por tratarse de una reforma constitucional.
Su relator, el diputado Samuel Moreira, tampoco incluyó en el texto los regímenes de jubilaciones de estados y municipios, pese a que gran parte de estos se hallan en complicadas situaciones financieras. Según la prensa, entre los legisladores primó el temor de que los electores les pasasen factura.
El ahorro al que Guedes apuntaba -de 1,2 billones de reales (más de 300.000 millones de dólares)- en 10 años se vería así reducido a 913.400 millones, un nivel aún aceptable por los mercados, que podría completarse además con el traspaso de ciertos gravámenes.
Guedes podría en cambio sentirse contrariado por la exclusión de una pieza esencial de su proyecto: la transición de un régimen de reparto a otro de capitalización individual (similar al sistema chileno), donde los beneficios se obtienen según las aportes individuales de los trabajadores a lo largo de su carrera.
Pero Moreira consideró en su informe que ese "
no es el modelo más adecuado para un país donde los trabajadores tienen bajos ingresos".
Lo que cambiará
Brasil es uno de los pocos países que no exigen una edad mínima para el retiro laboral.
El régimen actual permite jubilarse a las mujeres que cotizaron durante 30 años y a los hombres que lo hicieron durante 35, sin una edad mínima, aunque el monto del beneficio mejora para quienes prolongan su vida laboral.
Un beneficio parcial puede ser obtenido por mujeres de 60 años y hombres de 65 si suman 15 años de contribuciones.
En la "Nueva Previsión" social se impondrá una edad mínima para gozar de una jubilación integral: 65 años para los hombres y 62 para las mujeres que hayan cotizado durante 35 y 30 años respectivamente.
Algunas categorías tendrán ciertas ventajas: los profesores podrán jubilarse 5 años antes (si cotizaron 25 años), y los policías y agentes penitenciarios podrán retirarse a los 55 (si cotizaron 30).
En 2018, el déficit de las cajas de jubilaciones (públicas y privadas, de estados y municipios y de los militares) sumó 362.000 millones de reales (casi US$100.000 millones al cambio promedio de 2018), equivalentes al 5,5% del PIB. En 2011, representaba 2,1% del PIB.
La degradación se dio en un marco de fuerte recesión en 2015-2016 y de débil crecimiento en los años siguientes, por lo cual los críticos del proyecto afirman que las cuentas podrían restablecerse parcialmente cuando la principal economía latinoamericana se recupere con cierto vigor.
Pero existe un consenso que va más allá de las bases del gobierno sobre la necesidad de algún tipo de reforma en un país que envejece rápidamente.
En 2018, un 9,2% de los 209 millones de brasileños tenía más de 65 años. En 2060, serán 25,5%, según proyecciones oficiales.
