El presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, valoró el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Tribunal Ambiental pronunciarse sobre las materias de fondo del proyecto minero portuario Dominga, aunque ese dictamen falló en contra de la firma al desestimar su reclamo por vicios formales en la tramitación de las reclamaciones administrativas y en el pronunciamiento del Comité de Ministros.
"Andes Iron reitera su compromiso invariable de cumplir con los más altos estándares en materia ambiental. Por eso valoramos positivamente, tal como lo dispone la sentencia del máximo tribunal del país, que los tribunales ambientales deban pronunciarse sobre el fondo de los aspectos jurídicos ambientales del proyecto, pues tenemos plena confianza acerca del carácter completo, exhaustivo y sólido de la evaluación ambiental que se hizo a Dominga", indicó el ejecutivo de la compañía.
Garrido recordó que "el Servicio de Evaluación Ambiental, una vez culminado un riguroso proceso de evaluación ambiental, procedió a dictar el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), resolución que recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, aprobar el proyecto minero Dominga, precisamente por cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente en el país".
Por último, Garrido señaló que "tenemos la convicción que las características de este proyecto son plenamente compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en lo relativo a la protección del medio ambiente y a la biodiversidad existente en la zona, así como cumple totalmente con la legislación nacional medioambiental".
En esa línea, expuso que "tenemos la certeza de que podremos reafirmar ante los tribunales ambientales que el proyecto concilia, en base a los mejores estándares, el desarrollo minero con implicancias locales y nacionales- con la protección del medio ambiente".
Sonami lamenta decisión
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, calificó como "decepcionante" el fallo del alto tribunal, por cuanto conlleva dilatar aún más la decisión de fondo respecto a este proyecto de inversión, que lleva más de dos años a la espera de un pronunciamiento definitivo.
"Este es un proceso que se ha extendido en el tiempo sin explicación y ello afecta la certeza jurídica, ya que los inversionistas están viviendo una verdadera pesadilla con evaluaciones tortuosas, judicializaciones y diversas instancias de discusión, sin que haya una resolución definitiva. En los procesos de evaluación ambiental los Si deben ser estables y los No rápidos", sostuvo el líder del gremio empresarial.
