Tras cerca de un año de trabajo conjunto entre el Ministerio de Vivienda y la Contraloría, el Diario Oficial publicó hoy un Decreto Supremo que despeja un capítulo que contrapuso a ambos organismos durante largo tiempo en lo relativo a los permisos de edificación.
Se trata de una medida que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (UGUC), entregando así mayor certeza al mundo de las inmobiliarias y la construcción. Esto, producto de la incertidumbre que imperaba en el sector debido a una serie de pronunciamientos de Contraloría y el Poder Judicial que ponían en duda la legalidad de permisos de edificación emitidos por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de distintas comunas.
Así, dicho decreto aclara que "los permisos, aprobaciones y autorizaciones emitidos por los directores de obras municipales gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios". Aquello, para el sector, es relevante, ya que las dudas sobre la validez de los permisos otorgados por las DOM -encargados de revisar y aprobar proyectos inmobiliarios en cada comuna- generaban preocupación.
"Con esto se cierra un capítulo importante. Esto es una buena señal y ahora las direcciones de obras (DOM) van a poder empezar a trabajar con mayor tranquilidad y claridad al momento de otorgar los permisos de edificación de acuerdo con sus planos reguladores", sostuvo, según consignó La Tercera, el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg.
Monckeberg aseguró que el decreto aporta mayor certeza jurídica, entregando de esta forma una señal potente a las municipalidades y a los desarrolladores de proyectos. "Todo el mundo pensaba que el permiso de edificación no servía y que obtenerlo no permitía avanzar en nada. Hoy se está ratificando su permiso de legalidad", recalcó a El Mercurio, aclarando que "eso no obsta" a que el permiso pueda ser objeto de reclamos, ya sea de "un vecino o una constructora".
Los tres ejes
En concreto, la medida establece tres cambios a la OGUC. El primero, según Vivienda, señala que los permisos de edificación y las demás aprobaciones y autorizaciones que otorguen los DOM están amparados por una presunción de legalidad y de imperio, lo que permitirá tener la certeza necesaria de que, una vez otorgado el permiso de edificación, éste no podrá ser cuestionado, a menos que la justicia o la administración determinen su invalidación.
Lo segundo, dice relación con las normas urbanísticas que elabora el Ministerio de Vivienda. En ese sentido, se establece que los DOM serán colaboradores de la cartera en la elaboración de aquellas normas, con miras a evitar las dudas que puedan surgir en su aplicación.
"Todo el mundo pensaba que el permiso de edificación no servía y que obtenerlo no permitía avanzar en nada. Hoy se está ratificando su permiso de legalidad".
Cristián Monckeberg
"El Minvu no desea trabajar la elaboración de normas desde una posición de jerarquía sino en una posición colaborativa", indicaron desde el ministerio.
Y por último, el decreto apunta a la posible instauración de ciertos estándares o incentivos por parte de las comunas a los proyectos que quieran instalarse en su territorio. Lo anterior, según Monckeberg, viene a "confirmar que hay ciertas condiciones en los planos reguladores que son óptimas".
Pero no se puede exigir cualquier cosa. Lo que contempla el decreto incluye, entre otros puntos, condiciones de arborización y vegetación, iluminaciones externas y aceras y bandejones. Esto, para incentivar la apertura de espacios privados al uso público y medidas que propicien el cuidado del medio ambiente o la eficiencia energética.
Por ejemplo, concluyó Monckeberg, "un municipio, cuando planifique, podrá perfectamente decir 'constrúyame aquí un edificio, pero arboríceme todo este barrio o sector".
Revisa el decreto completo:
