"Hay casos que sí justifican el retiro, por eso la ley contempla excepciones y estamos estudiando incorporar una nueva excepción que es el caso de los enfermos terminales para que puedan retirar parte de sus ahorros y hacer frente a su enfermedad".
Esa fue la postura expuesta ayer por el Presidente, Sebastián Piñera, en medio del debate respecto a que a enfermos terminales se les permita el retiro anticipado del total o una fracción de sus ahorros previsionales para costear su gastos en salud, o bien, para disponer de ese dinero durante sus últimos días de vida. Así, se sumó a la posición del presidente de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), Alfonso Swett, y a la disposición de apertura al diálogo señalada por el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg,
Esto, además, en paralelo de lo que pueda resolver el Tribunal Constitucional (TC) sobre los recursos interpuestos por las cortes de Apelaciones de Antofagasta y Punta Arenas para que el organismo se pronuncie respecto a la aplicabilidad del decreto de ley 3.500 -que regula el funcionamiento de las administradoras de fondos de pensiones-, producto de las pretensiones de una profesora y una enfermera, quienes buscan que se les permita retirar de una sola vez el total de sus ahorros y así costear deudas.
"Es un tema complejo operativamente"
Para el ex ministro de Economía durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet y ex superintendente de AFP, Alejandro Ferreiro, lo expresado por Piñera de analizar el caso de enfermos terminales es una idea que "puede evaluarse".
"Tiene el mérito de que si efectivamente la persona está con estado terminal claramente no existe razón alguna para preservar esos ahorros con una finalidad de pensión, porque esa pensión no va a ocurrir", agregó a Emol.
"Hay que estar atento a que no haya intentos de invocar alguna enfermedad terminal que no exista para efectos de acceder a los recursos. Eso exige un cierto control y ese control no siempre es compatible con la rapidez".
Alejandro Ferreiro
Sin embargo, recalcó que es "un tema complejo operativamente, y probablemente no va a ser fácil", en el sentido de que el trámite para la devolución del dinero tendría que ser "expedito", lo que "no necesariamente es compatible con una evaluación certera de la condición terminal de la enfermedad".
Sumado a ello, añadió Ferreiro, "hay que tratar de cerrarle la puerta al uso indebido de los fondos. La presión por usar los fondos es muy alta. O sea, hay que estar atento a que no haya intentos de invocar alguna enfermedad terminal que no exista para efectos de acceder a los recursos. Eso exige un cierto control y ese control no siempre es compatible con la rapidez".
Pero Ferreiro insistió que está opción solo debe abrirse en caso de enfermedades terminales, no para costear otro tipo de enfermedades que tengan opción de recuperación, y es que en ese caso "las solución es el Auge, es el sistema de salud, es la ley Ricarte Soto. La solución ahí no pasa por las políticas públicas en pensiones, la solución para por las políticas públicas en salud".
Dicho eso, e insistiendo en las "dificultades operativas", el ex secretario de Estado aseguró que "en Chile tenemos calificaciones médicas para acceder a beneficios. Ocurre con las pensiones por incapacidad laboral y con las pensiones por invalidez. Entonces, hay experiencia, pero habría que identificar un mecanismo muy eficaz y de alta calificación técnica para que opere equilibrando dos objetivos: la rapidez en la toma de decisiones y que cuente con todos los antecedentes de manera completa para resolver bien".
Por otro lado, Ferreiro hizo un llamado de advertencia, recordando que "parte de la discusión en el Parlamento de Perú comenzó excepcionalmente con enfermedades terminales y para el tema de la vivienda, y terminamos en una apertura absoluta. En consecuencia, una de las dificultades que tienen estas opciones es que uno abre la puerta a algo que parece razonable y termina esa puerta en ocasiones abriéndose para todos".
"Ofrecer una GES ampliada"
En tanto, el investigador de la U. Católica y director de Clapes UC, Salvador Valdés, si bien aseguró que aún no se han entregado los detalles suficientes para formular una opinión sólida, expuso a este mismo medio que "sería un desastre si se falsificaran certificados médicos como ocurre con las licencias médicas".
"Una mejor manera de abordar estos casos terminales es conectar con los seguros de salud. Por ejemplo, ofrecer una GES ampliada a cambio de que el asegurado ceda el saldo de su cuenta individual de vejez en caso de fallecer".
Salvador Valdés
"Y esos "detalles" podrían ser modificados por futuros Gobierno sin pedir aprobación al Congreso", agregó, advirtiendo además sobre la eventualidad de que el gasto en salud del enfermo terminal podría exceder el saldo de la cuenta individual de la vejez.
Por lo tanto, apuntó que "una mejor manera de abordar estos casos terminales es conectar con los seguros de salud. Por ejemplo: ofrecer una GES ampliada a cambio de que el asegurado ceda el saldo de su cuenta individual de vejez en caso de fallecer".
Además, comentó que no es legítimo "obligar a las personas a reservar parte de su sueldo durante décadas, con el fin de que 'celebren en grande sus últimos días'. Eso es propio del ahorro voluntario, no de la seguridad social".
"Excepciones" del sistema
Pero, tal como lo mencionó Piñera, en caso de que se permita a enfermos terminales retirar sus fondos, esa no sería la única "excepción" que contempla el sistema. De hecho, el decreto de Ley 3.500 faculta a los afiliados al retiro de excedentes de libre disposición, y a sus familiares, el cobro de la cuota mortuoria (15 UF) y de herencia en caso del fallecimiento del pensionado.
Según El Mercurio, entre enero y agosto de este año se han retirado en total US$256 millones por estos conceptos. Y en 2018 dicho monto alcanzó los US$314 millones.
US$256 millonesse han retirado del sistema de pensiones por excedentes de libre disposición, cuotas mortuorias o herencias
En el caso del retiro de excedente de libre disposición, la ley permite el retiro a toda persona que cuente con al menos 10 años de afiliación y que sus fondos acumulados le permitan autofinanciar una pensión de al menos al 70% del promedio de sus remuneraciones y rentas declaradas en los últimos 10 años. Además, la pensión debe ser superior a la pensión máxima con aporte solidario ($325 mil a octubre de 2019).
Este retiro, según la legislación, se hace libre de impuestos si se efectúa en cualquiera de las siguientes modalidades: sacar cada año una cantidad igual o inferior a 200 UTM (alrededor de $9.800.000) hasta completar la suma de 1.200 UTM (cerca de $60 millones). O el retiro por una sola vez de 800 UTM (más de $39 millones).
