Fue una semana de sorpresas para los inversionistas, empresarios y agricultores de Argentina. Es que el Gobierno de Alberto Fernández anunció un plan para intervenir y expropiar al principal procesador de soja del país: la gigante exportadora Vicentin, que en diciembre declaró la suspensión de pagos y cuenta con una deuda de más de US$1.000 millones.
La noticia causó revuelo tanto a nivel interno como externo, pero el Mandatario defendió el proyecto enviado al Congreso para realizar la expropiación argumentando que la firma "había entrado en un colapso financiero" y que su nacionalización no implicaba un "sesgo arbitrario" por parte de la Casa Rosada.
"Nos preocupa que Vicentin quiebre y la situación sea peor, ese es el sentido de la intervención", afirmó Fernández, quien también aclaró que se trataba de un caso excepcional en una situación en que la economía argentina "está dada vuelta". "Estoy rescatando a una empresa, esa es la palabra: rescatando", subrayó.
Pese a los serios problemas que atraviesa la compañía, se trata de una de las piezas clave del potente sector agropecuario trasandino, principal fuente de ingresos para un país que atraviesa una dura crisis, pero que aún así se mantiene como uno de los principales productores y exportadores mundiales de granos y derivados.
Dado lo anterior, el Presidente remarcó durante la semana que la medida se debe al rol estratégico de la empresa para la soberanía alimentaria del país, para defender los puestos de trabajo que genera, dar una solución a los 2.600 productores a los que Vicentin dejó de pagarles a fines de 2019, y por la importancia para el Estado de contar con una empresa 'testigo' en el mercado de granos.
Así, el proyecto de intervención de Fernández contempla que los activos de Vicentin conformen un fondo fiduciario administrado por YPF Agro, la división de negocios agropecuarios de YPF, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina y controlada por el Estado tras ser expropiada a la española Repsol en 2012.
Las luces de otras alternativas que se apagaron
Después de una reunión llevada a cabo el jueves entre los representantes de Vicentin y el Presidente Fernández, desde la firma celebraron que el Mandatario había mostrado apertura a considerar otras ideas para evitar la expropiación.
"El presidente ha sido muy claro", dijo a la prensa el gobernador de Santa Fe -provincia donde la empresa tiene su sede-, Omar Perotti, quien participó de la reunión. "Su objetivo es rescatar a la empresa. Está en un proceso donde la expropiación es un mecanismo, pero lo que surgió de las conversaciones es que si se presentan mejores propuestas, el presidente está dispuesto a escuchar".
De hecho, la misma compañía a través de un comunicado dijo tras la cita que el Gobierno analizaría otros tipos de asociaciones público-privadas para salvarla de la nacionalización.
Sin embargo, el viernes el Mandatario ratificó su intención de intervenir la agroexportadora: "La expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo", sostuvo. Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien también participó de la reunión, afirmó que "hoy no hay otra alternativa que la expropiación".
Las críticas y el posible impacto político
El anuncio de nacionalización hecho el lunes generó manifestaciones desde Buenos Aires hasta Avellaneda, ciudad en la provincia de Santa Fe y generó que líderes de oposición, agricultores y economistas criticaran que la medida solo complicaría las críticas negociaciones de deuda del país con los prestamistas privados.
Asimismo, debido a que un tribunal está supervisando la bancarrota de Vicentin, el poder Ejecutivo también está siendo cuestionado por interferir asuntos judiciales en una nación con una larga historia de tensiones similares.
"Además de inoportuno, denota improvisación, falta una línea clara en lo económico, y se expone a un desgaste prematuro en la opinión pública"
Carlos Fara, consultor político
"No hay necesidad de expropiar Vicentin", señaló Marcos Buscaglia, economista argentino y cofundador de la consultora Alberdi Partners. "La nacionalización podría costarle caro al Gobierno y desbaratar las conversaciones de reestructuración de la deuda".
En términos políticos, analistas adviertes que una nacionalización puede reducir el reciente repunte de Fernández en las encuestas, impulsado por haber aplicado uno de los confinamientos más estrictos en América Latina para contener el covid-19.
Sin embargo, la expropiación de Vicentin está reviviendo recuerdos impopulares del segundo mandato de la actual expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien después de expropiar la empresa petrolera YPF SA en 2012, los años siguientes vio caer sus índices de aprobación, lo que finalmente causó que su partido saliera el poder.
De hecho, el plan para nacionalizar Vicentin incentivó el debate sobre quién está en el poder en Argentina: el presidente Fernández o Cristina. Una encuesta realizada por Management & Fit, empresa de encuestas con sede en Buenos Aires, muestra que 47% de los argentinos cree que la decisión fue de Cristina y solo 23% señaló que Fernández tomó la decisión por sí mismo. Cuarenta y siete por ciento tampoco estuvo de acuerdo con la expropiación; solo 21% la aprobó.
"La peor dificultad que tiene el Gobierno es generar confianza. El tema de poder haber comenzado a generar confianza era un valor, un activo fundamental para Fernández, y estas cosas lo que hacen es perderlo", comentó Mariel Fornoni, directora de la firma de encuestas Management & Fit.
Los temores de la industria agrícola
La adquisición planificada de Vicentin ha materializado los peores temores de la industria agrícola: la intromisión estatal en su negocio y el potencial de desequilibrar los mercados de granos.
Las principales asociaciones de cultivos de Argentina señalaron en un comunicado que la intervención "implica el riesgo de distorsionar los precios de equilibrio" y agregaron que "las empresas estatales tienen diferentes prioridades que las empresas privadas; no necesariamente tienen que ser rentables".
Vicentín acumula una deuda de US$1.300 millones con 2.638 acreedores, muchos de ellos cooperativas de productores agrícolas. También debe unos US$255 millones al estatal Banco Nación, entre otras deudas con entidades públicas y privadas.
Vicentin incumplió el pago de la deuda aproximadamente al mismo tiempo de sobreexigirse con los créditos a los agricultores. Vicentin, una firma de 91 años especializada en la exportación de harina y aceite de soja, tuvo que declararse en bancarrota, diciendo que no podría cumplir con un pago de US$350 millones adeudado a los proveedores y que trataría de reestructurar una deuda de alrededor de US$1.000 millones.
El juez a cargo del caso dijo en marzo que las obligaciones incumplidas de la compañía totalizaban 99.300 millones de pesos (US$1.300 millones). Cabe destacar que aún no hay fecha prevista para el envío del proyecto de ley de expropiación de Vicentín al Congreso.
