El Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales busca inyectar unos US$1.200 millones a la demanda interna de Bolivia mediante el rescate de aportes a fondos de pensiones, una medida que sigue varios pasos que aplicó Chile ante los efectos de la pandemia de la covid-19.
El candidato presidencial del MAS y exministro de Economía de Morales, Luis Arce, dijo este lunes en una conferencia de prensa en La Paz que enviará esta propuesta al Parlamento, donde su partido tiene mayoría, pues puede "resolver el problema" que atraviesa el país.
"Vamos a favorecer con la propuesta a cerca del 90% de las personas que están aportando en el sistema de pensiones", dijo el es ministro.
La idea beneficiaría directamente a aquellos que aportaron hasta unos US$14.367 al fondo de su jubilación, con la posibilidad de retirar el 10% de ese aporte mediante dos retiros que deberán realizarse en el espacio de tres meses de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), precisó Arce.
A su juicio, el dinero en el sistema de pensiones es de más de US$18.795 millones, de los que el 65%, alrededor de unos US$12.000 millones, equivalen a los aportes a la Seguridad Social.
"Estamos hablando a 2 millones de personas (beneficiadas), esta devolución va a ser parcial y de manera voluntaria", manifestó, de una población de más de 11,5 millones de bolivianos.
Una demanda social ante la pandemia
La propuesta de utilización de dineros de aportes a las administradoras de pensiones ha tomado fuerza con algunas exigencias de sectores de trabajadores de Bolivia, un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo e inclusive con una proposición que presentó un senador de la alianza Unidad Demócrata, el partido que respalda la gestión de la presidenta interina del país, Jeanine Áñez.
La medida no es nueva en Sudamérica, ya que por ejemplo Chile echó mano de esa posibilidad a fines de julio pasado, con un estimado en hasta unos US$20.000 millones de la Seguridad Social.
La propuesta del MAS en Bolivia coincide con la chilena en el retiro de hasta el 10% de los aportes, aunque en este último caso la diferencia radica en que la solicitud de retiro puede realizarse hasta los 365 días, y con sectores que desde hace meses se movilizan en la sociedad boliviana para que se autorice esta posibilidad.
El Gobierno interino de Bolivia recientemente informó que el déficit programado para 2020, de unos US$2.800 millones, se había alcanzado ya en el primer semestre de la gestión y advirtió que va incrementando.
En los primeros seis meses de este año la economía boliviana experimentó una caída de casi el 8% respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que el desempleo alcanzó el 11,8% en julio, cuando al término de 2019 fue del 4,8%, según información del Instituto Nacional de Estadística, que atribuye esta crisis a efectos de más de cinco meses de cuarentena en el país por la pandemia.