En julio de 2020, una de cada tres empresas (37,3%) registró trabajadores suspendidos por efecto de la Ley de Protección al Empleo (LPE), ya sea por pacto o por acto de autoridad, lo que corresponde al 9,3% de los trabajadores contratados por las empresas formales de cinco o más trabajadores en el país.
Así lo reveló este miércoles el boletín complementario covid-19 de la Encuesta de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra del período abril-julio de 2020, publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
53,4% de las empresas acogidas a la LPE cree que en los próximos 3 meses tendrá que despedir trabajadores
Los sectores económicos con mayores porcentajes de empresas con suspensiones de contrato en julio fueron alojamiento y servicio de comidas (86,4%), industria manufacturera (58,1%) y actividades artísticas y recreativas (54,9%).
Por su parte, aquellas áreas laborales con mayor porcentaje de trabajadores suspendidos fueron actividades artísticas y recreativas (47,3%) y alojamiento y servicio de comidas (39,8%).
En el mismo mes, uno de cada cuatro trabajadores (27,7%) realizó labores a distancia o bajo la modalidad de teletrabajo. Esta modalidad de trabajo se concentra en los trabajadores de los sectores de enseñanza (74,4%), información y comunicaciones (67,3%), actividades financieras y de seguros (55,9%) y suministro de electricidad y gas (50,2%).
De acuerdo al análisis del INE, "a corto plazo, las suspensiones de contrato parecen ser una medida efectiva para disminuir las desvinculaciones de trabajadores, en tanto aquellos sectores económicos con mayores porcentajes de suspensiones en los cuatro meses de análisis registran los menores porcentajes de desvinculaciones (actividades artísticas y recreativas, y alojamiento y servicio de comidas)".
Pese a lo anterior, el resultado del sondeo arrojó que en julio el 53,4% de las empresas acogidas a la Ley de Protección al Empleo cree que en los próximos tres meses tendrá que despedir trabajadores, mientras que entre aquellas instituciones que no se acogieron a la normativa, este porcentaje desciende a un 12,5%.