El presidente de la Agrupación de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, se refirió al presunto caso de falseo de datos revelado hoy por el Servicio de Impuesto de Internos, y que muestra que habría 437.703 trabajadores dependientes que accedieron al Bono Clase Media sin cumplir los requisitos base establecidos por ley. De este grupo, 37.100 serían funcionarios del Estado.
A juicio del dirigente, este caso "viene a confirmar la seguidilla de errores que ha cometido el Gobierno en esta irresponsabilidad de poner primero el pie en el acelerador en el proyecto de ley, y que lo que hace es ratificar que en el diseño y la mala implementación de un beneficio -que efectivamente tiene que estar orientado para la ciudadanía-, hoy día se presta para confusión y una manipulación política de unos sectores que quieren desprestigiar el rol del Estado y de los funcionarios públicos".
El líder gremial agregó que "nosotros hemos dicho también que hoy día hay una investigación de la propia Contraloría General de la República, que permita ver cuáles son esos aspectos que estamos señalando, que son el déficit del diseño y de los aspectos técnicos que tiene ese sistema que se debutó de una manera acelerada en un proceso inconsulto y que solamente incluso después que fue ley se fueron incorporando algunas modificaciones por parte del Servicio de Impuestos Internos".
En ese sentido, Pérez aseguró que en este caso "hay una responsabilidad política del Gobierno, del ministro de Hacienda y del director del Servicio de Impuestos Internos".
"También hemos anticipado nosotros como Anef responsablemente que para quienes cometieron un error tengan el espacio para para poder revertir aquella situación, pero de una buena forma, de una buena práctica. El diseño de una mala política pública tiene estas consecuencias, cuando son perjudiciales y son apresuradas", complementó.
Según el representante de la Anef, "el portal daba espacio para que cada uno pudiera ponderar, conforme a la información que se solicitaba, y en esa línea lo que estamos señalando es que el diseño y la implementación, como lo dijeron las propias asociación de funcionarios, fue apresurado, inconsulto, y por eso es que algunas personas seguramente lo hicieron de manera inconsciente, involuntario, pero no puede ser una amenaza perjudicial a priori, sin haber terminado incluso la información de la propia investigación que está realizando el organismo fiscalizador que es la Contraloría General de la República".
"Cómo medio millón de trabajadores y trabajadoras se van a concertar para expropiar, para intervenir y favorecerse con recursos públicos. Hay un mal diseño, hay una mala técnica y puesta a la vista de todos. Entonces lo que estamos señalando es que primero tengamos a la vista todos los antecedentes, cada personas tendrá que asumir por supuesto esa responsabilidad de mirar si efectivamente está conforme a la ley", puntualizó.
Pese a esto, Pérez afirmó que "lo que corresponde es, si alguien cometió un error involuntario, bueno, tendrá que reintegrar conforme a lo que son los procedimientos y los plazos, lo que nos parece que es correcto, una buena forma".
"En esto no hay doble estándares ni doble discurso. Nosotros, si alguien por error y después de esa investigación se confirma que hay un ingreso que no corresponde por ley, bueno, se debe reintegrar, esa es la posición institucional de la Anef. Eso es así y debe ser permanente porque eso debe hablar de nuestra coherencia del trabajo como servidores públicos", concluyó el dirigente.
