En medio de la crisis económica, que dejó tras la cuarentena a cerca de 4 millones de personas sin empleos, el
Gobierno de Argentina decidió prorrogar la prohibición de despedir trabajadores por decreto y analiza cambios en la doble indemnización vigente.
Fuentes del Ministerio de Trabajo confirmaron al diario La Nación que
la prohibición de echar empleados será extendida por 60 días más. Vencía a finales de este mes. La explicación sobre los motivos que fundamentan la decisión los profundizará mañana el jefe de esa cartera, Claudio Moroni, en entrevistas pactadas con la CNN y Radio 10.
Por otro lado, las fuentes oficiales contaron que se analizan cambios en el costo indemnizatorio, que fue duplicado como barrera para evitar desvinculaciones en medio del cimbronazo económico generado por la pandemia y la cuarentena obligatoria impulsada por el Gobierno. "Puede que se prorrogue de manera focalizada para sectores. Se está discutiendo", esgrimieron. La doble indemnización vence a fin de año.
A fines de septiembre, el Gobierno ya había extendido la decisión de prohibir los despidos de personal más allá de que se registraron fuertes bajas en el empleo registrado formal, y muchas más entre los empleados informales y cuentapropistas. Entonces, esa iniciativa del Ministerio de Trabajo estuvo asociada al dato que se había difundido 24 horas antes y que indicaba que el mercado laboral del segundo trimestre había dejado el desempleo en 13,1%, una suba de 2,5 puntos en un año.
La cantidad de ocupados había mermado en casi cuatro millones, según los datos del Indec proyectados a todo el país por varios analistas del mercado laboral.
Casi el 90% de los que habían perdido el empleo durante el período de la cuarentena más rígida están en el sector informal (cuentapropistas y asalariados en negro). A ellos no los afecta el decreto para no despedir.
Ayer la Unión Industrial Argentina (UIA) difundió su informe de especial sobre el Impacto el Covid en las empresas. El mismo concluyó: "Las perspectivas a nivel empresa son un poco mejores que a nivel macro. El 61% de las empresas espera que la situación del país esté peor el año próximo, pero en lo que respecta a la situación económica de la empresa, un 31% indica que empeorará su contexto. La leve mejora en las expectativas se ve reflejada en que, mientras en junio el 13% de las empresas esperaba entrar en concurso preventivo, en octubre la cifra descendió a 5%". Para la entidad, este panorama "indica una recuperación heterogénea que avanza gradualmente. La progresiva normalización de la actividad en el ámbito de AMBA en octubre y noviembre podría favorecer esta tendencia".
Sobre el universo de empresas encuestadas por la UIA, un 40% de establecimientos registró caídas en la producción mayores al 25%. Se informó que persisten los problemas financieros y operativos para el sector. Se destacan la mayor necesidad de crédito, las dificultades con el transporte interjurisdiccional y el traslado del personal. Dijo además que se registraron importantes atrasos en rubros como impuestos (24% de empresas con atrasos), compromisos financieros (15%), pagos a proveedores (8%) y tarifas de servicios (8%). "Con respecto al pago de salarios, un 5% de las empresas encuestadas no pudo pagarlos en octubre, contra el 8% registrado durante el relevamiento anterior. Los incumplimientos llegaron hasta el 10% en empresas con mayor caída de ventas", estimaron en la entidad.
Allí describen además que el impedimento de los despidos termina provocando que las pymes, principalmente, bajen las persianas o que pasen a la informalidad. Lo que no se hace es contratar nuevos empleados, suelen afirmar los abogados laboralistas de la UIA, donde pisa fuerte Daniel Funes de Rioja.
