El espíritu es el mismo: permitir a los afiliados retirar, por segunda vez, el 10% de sus fondos de pensiones, sin embargo, el proyecto recientemente presentando por el Gobierno tiene marcadas diferencias -en montos, plazos y restricciones-, con la reforma constitucional impulsado por la diputada Pamela Jiles (PH) y la cual ha avanzado sin mayores complejidades por el Congreso.
Ambos proyectos serán revisados por la Sala del Senado, y se espera que el del Ejecutivo sea despachado de las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda en los próximos días. Para aprobar la idea del Gobierno se requiere el respaldo de la mayoría de los presentes en la Sala, mientras que la reforma de la diputada Jiles necesita que 3/5 de los senadores voten a favor, es decir, 26 votos.
La iniciativa de La Moneda establece, entre otras cosas, un mínimo de retiro de 35 UF, y un máximo de 100 UF, a diferencia de la reforma, que pone un tope de 150 UF. Asimismo, El Gobierno apunta a excluir del retiro quienes tengan una remuneración igual o superior a $2.9 millones mensuales, mientras que los congresistas y altos cargos públicos tampoco podrían hacer uso de la medida. Esto, sumado a la idea de establecer un mecanismo para reponer los montos retirados, además de que estos constituyan renta, por ente, no estén exentos de impuestos.
Todo lo anterior, hace que ambos proyectos tengan repercusiones distintas sobre el sistema de pensiones.
Según Ciedess -centro de estudios ligado a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)-, a septiembre de 2020 existe un total de 9.567.892 afiliados con saldo positivo en sus cuentas de capitalización individual, considerando que debido al primer retiro de fondos, 1.491.829 quedaron en saldo cero.
Asimismo, 23,7% de los afiliados poseía un saldo entre $1 y $1.000.000, siendo quienes podrían retirar hasta la totalidad de sus fondos acumulados. A la vez, el 40,4% de los afiliados mantenía un saldo entre $1.00.001 y $10.000.000, por lo que podrían retirar hasta 35 UF. Por su parte, un 23,1% de los afiliados tenía entre $10.000.001 y $30.000.000, siendo al segmento aproximado que podría retirar el 10% de sus fondos.
Con estos datos sobre la mesa, y dada las estimaciones que ha realizado Ciedess, con el proyecto del Ejecutivo, el universo de 9.567.892 de afiliados con saldo en sus cuentas que podría hacer uso de la medida se acotaría a 9,2 millones, dado las restricciones descritas, mientras que con la iniciativa que pretende concretar una reforma constitucional, el total de de quienes podrían echar mano a sus ahorros sería igual al número de afiliados que mantienen fondos en sus cuentas.
De todas formas, el centro de estudios aclaró que la estimación referente al proyecto de La Moneda, "podría aumentar en la medida que los afiliados sin saldo realicen nuevas cotizaciones o que los segmentos excluidos ya no cumplan con dichas restricciones".
17,3%disminuiría el monto máximo del retiro de los fondos de pensiones con el proyecto del Gobierno, en comparación a la reforma de la diputada Jiles
Además, en la iniciativa que impulsa el Ejecutivo, también baja el monto promedio que, se estima, retiraría cada afiliado. Según Ciedess, con
las restricciones que pretende poner el Gobierno el promedio retiro sería de $1.207.798, mientras que el promedio sin las limitaciones, como lo contempla la reforma constitucional, sería de $1.400.141, es decir, un 14% más.
Similar a lo que sucedería con el monto total que saldría del sistema de pensiones en caso de concretarse en un segundo retiro del 10%. En caso de que prospere la idea de Jiles tal como está, se retiraría del sistema un máximo de $13.396.401 millones (US$17.773 millones), correspondientes al 11,9% de los fondos administrados por las AFPs y al 6,5% del PIB nacional.
En tanto, en caso de que los parlamentarios opten por el proyecto del Ejecutivo, este significaría un retiro máximo de $11.080.471 millones (US$14.549 millones), es decir, una disminución de 17,3% respecto a la reforma, que equivale al 8,5% de los fondos acumulados en el sistema y un 5,6% del producto.
Costo fiscal y tributario
En cuanto al costo fiscal que tendrían ambas medidas, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, expuso ayer que, respecto al proyecto del Gobierno, el costo máximo sería de US$2.154 millones a valor presente, lo que podría ser menos dependiendo el porcentaje de los dineros retirados que sean reintegrados. "Ese es el techo", dijo.
En cambio, agregó, "si uno toma el proyecto de reforma constitucional, el costo fiscal es similar, pero en ese caso el monto es más cierto porque ahí no hay reintegro. Los US$2.154 millones es un techo, en cambio en el caso de la reforma constitucional, es un valor esperado. Esa es una gran diferencia", sostuvo.
Dicho costo fiscal se explica por el hecho de que los montos retirados disminuyen el saldo disponible de los afiliados, y para aquellos que están en el 60% más vulnerable y acceden, por ende, al Pilar Solidario, el subsidio estatal será mayor, lo que tiene "un costo fiscal en el tiempo", explicó Briones.
Otro aspecto para considerar es el costo tributario que tendría la medida de Jiles, ya que crea exenciones tributarias para el dinero que retiren los afiliados, no así el del Gobierno, en el que se aplica el impuesto a la renta que corresponda. "Y este efecto tributario de la reforma constitucional nosotros la cuantificamos en torno a los US$1.000 millones, por la no recaudación de impuesto a la renta", aseguró
