La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) decidió no revocar la
concesión de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal), hoy ligada a la canadiense
Algonquin Power & Utilities Corp, cuyo proceso se inició tras el extenso corte de agua ocurrido en la comuna de
Osorno, que se extendió por más de 10 días en julio de 2019. No obstante,
confirmó la histórica multa con la que sancionó a la empresa.
"Considerando que los actuales dueños de la concesión, la empresa canadiense Algonquin Power & Utilities Corp., ha logrado mantener un estándar de continuidad y regularidad que no hace pertinente ni oportuno que sea alterado, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a propuesta del fiscal instructor, ha decidido no proponer la caducidad de las concesiones de agua potable de Osorno y sí proceder con las sanciones a Essal S.A., empresa responsable por los hechos ocurridos", indicó el regulador
La Superintendencia, que encabeza Jorge Rivas, explicó que "el proceso de caducidad de una concesión tiene como objetivo garantizar a la población, y al ente regulador, la adecuada y segura prestación futura del servicio. Y la forma en que opera es interviniendo al actual concesionario y obligando a licitar la concesión para determinar la llegada de uno nuevo. Sin embargo, en este caso, habiendo los dueños de la empresa Essal S.A. vendido las concesiones de Osorno, y todas las restantes, a un nuevo dueño (la canadiense) en octubre 2020, no se considera necesario proceder en este sentido puesto que la nueva administración ha logrado cumplir con las exigencias y asegurar debidamente dichos servicios y derechos de los usuarios".
Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia indicó que seguirá con la estricta fiscalización de la planta Caipulli y de todo el sistema sanitario de Osorno, "para asegurar la calidad y continuidad del servicio".
Cabe consignar que le Superintendencia abrió un expediente de caducidad de la concesión en agosto de 2019 -en ese entonces de propiedad de Aguas Andinas- tras la interrupción del suministro que se generó debido a la contaminación con petróleo diésel de la planta de agua potable Caipulli, tras un derrame.
En paralelo, la empresa fue multada, en agosto del año pasado, por el mismo regulador con un histórico monto cercano a los $1.700 millones, debido a una serie de nueve faltas a raíz del episodio. Si bien la empresa interpuso un recurso de reposición, la SISS confirmó hoy que se rechazó completamente su apelación, por lo que se confirmó la sanción económica.
De todas formas, la empresa puede apelar a la multa ante los tribunales de justicia.