La
Contraloría General de la República entregó su pronunciamiento respecto de la pertinencia y condiciones de pago del
Fondo Nacional de Salud (Fonasa) a la Clínica Las Condes -cuyo controlador es el Grupo Auguri, ligado a Cecilia Karlezi- por las prestaciones entregadas a beneficiarios que fueron derivados a dicho centro asistencial por la Unidad de Gestión Centralizada de Camas del Ministerio de Salud (UGCC), o que de forma voluntaria concurrieron a realizar consultas por covid-19.
Esto, en el marco del conflicto que enfrenta al servicio público y a la entidad privada por el pago de los costos en los que incurrió esta última durante la crisis sanitaria.
En el dictamen emitido por la entidad que dirige Jorge Bermúdez y que fue solicitado por Fonasa,
dicho servicio público señala que aunque no exista un contrato de prestación, "al existir la aceptación de los términos de referencia" y "la entrega de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato por parte de la clínica, se encontrarían fijadas las condiciones de la contratación y el precio de los servicios".
La Contraloría precisa que debió existir un contrato antes de las prestaciones señaladas, así como también que "en la medida que los servicios hayan sido efectivamente ejecutados y requeridos por la institución, aun cuando no existiera un contrato vigente, corresponde que se determinen y se paguen a fin de evitar un enriquecimiento sin causa en favor de la administración".
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El Mercurio.