En el marco de las acciones de diversos municipios para convertirse en distribuidores minoristas de gas, y así reducir los altos costos del mercado, la Contraloría General de la República recordó este lunes que estas entidades no cuentan con las facultades para comercializar el producto bajo la actual normativa.
Sin embargo, esto está lejos de ponerle freno a las gestiones de los jefes comunales. De hecho, el alcalde de Chiguayante,
José Antonio Rivas, quien además preside la Asociación Nacional de Municipalides por el "gas a precio justo" - que involucra a más de 150 ediles a lo largo del país - sostuvo que recibió "de muy buena manera el dictamen del Contralor", y que se mantiene "muy optimista".
"En primer lugar, responde de una manera simple a una pregunta simple. Yo insisto, no está en Contraloría para preguntarles cosas tan básicas como si podemos o no podemos vender los municipios", comentó en conversación con
Radio Universo.
Junto con ello, Rivas expresó que "los ciudadanos están primero que la ley, y que la ley debiera estar al servicio de los ciudadanos, así que en primer lugar, ante una pregunta simple, una respuesta simple y así la entendemos respecto de lo que dijo el Contralor. En segundo lugar, él señala de que sí hay una crisis social en función de que ha subido el precio del gas, y por lo tanto, nosotros nos hemos sensibilizado respecto de aquello y andamos buscando cómo resolver el mal momento que están pasando los vecinos a propósito justamente de esta medida inhumana, de este oligopolio".
Agregó que "lo principal en el camino correcto" es formar una asociación que "permita realizar actividades actividades sociales "que no desnaturalice nuestra función, nuestra misión".
Por lo mismo, citó ciertos artículos de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para plantear que
"nosotros vamos a continuar formando esta asociación, y de hecho, mañana vamos a tener una reunión los alcaldes en Valparaíso con este propósito (...), y a continuación, también le vamos a pedir a la Cámara y al Senado que legislen una ley corta para que nosotros tengamos facultades que nos permitan actuar en el ámbito del mercado sin pretender lucro, y eso, efectivamente, daría entonces luz verde a que los municipios podamos actuar con toda tranquilidad".
"Le aseguro que si nosotros consultamos bien a Contraloría, Contraloría no nos pondría objeción respecto de alguna actividad similar a la actividad comercial, que sí nos permita distribuir a precio justo balones de gas", zanjó.
Una postura similar fue la que expresó Jorge Sharp, máxima autoridad comunal de Valparaíso, quien forma parte de la directiva de la agrupación de municipios por el "gas a precio justo. "La decisión de la Contraloría no afecta en lo más mínimo los planes para poder distribuir gas a precio justo en nuestras comunas, era una decisión esperable, efectivamente los municipios se encuentran impedidos por ley de realizar este tipo de actividades económicas", indicó.
Asimismo, Sharp resaltó que "cuando los municipios forman asociaciones de municipios sí tienen mayores facultades para poder desarrollar este tipo de actividades. El camino que hemos tomado es precisamente el de la formación de una asociación de municipios que nos permita desarrollar esta importante actividad para los vecinos y las vecinas de nuestras comunas. Por tanto, la iniciativa del gas popular sigue plenamente vigente y de acuerdo a la ley y los dictámenes de Contraloría".
"Nosotros vamos a continuar formando esta asociación, y de hecho, mañana vamos a tener una reunión los alcaldes en Valparaíso con este propósito (...), y a continuación, también le vamos a pedir a la Cámara y al Senado que legislen una ley corta para que nosotros tengamos facultades que nos permitan actuar en el ámbito del mercado sin pretender lucro, y eso, efectivamente, daría entonces luz verde a que los municipios podamos actuar con toda tranquilidad"
Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante
Por su parte,
René de la Vega, alcalde de Conchalí, - una de las comunas que participó de la consulta a Contraloría - lamentó la postura del ente fiscalizador, y remarcó que "los municipios nunca hemos buscado vender gas, no buscamos puntualmente generar un negocio, no buscamos puntualmente que se genere una utilidad de esto. Todo lo contrario, buscamos puntualmente que un servicio esencial y básico puntualmente para nuestros vecinos y vecinas llegue a cada casa a un precio justo, un precio que lamentablemente ha tenido un alza significativa y que, lamentablemente, ni el gobierno ni ninguna autoridad se ha hecho cargo".
Desde La Florida, su edil, Rodolfo Carter - otro integrante del directorio de la asociación - explicó el que dictamen "debe tomarse con calma, y entenderse bien, el Contralor ha dicho que las municipalidades no pueden comprar y vender gas como una actividad comercial, porque la Constitución le prohíbe a las municipalidades ejercer actividades comerciales ajenas a sus funciones".
"Pero lo que estamos tratando de hacer más de 150 alcaldes no es dedicarnos a la compra y venta de gas, lo que nos interesa es distribuir el gas a precio de costo, a precio justo, no tener utilidades, que es la diferencia con la empresa privada. La empresa privada va a buscar siempre tener utilidades, las municipalidades no, por tanto, no estaríamos en el caso que plantea la Contraloría. Nosotros simplemente queremos con la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) distribuir a precio de costo y así bajar los precios que hoy día son tan altos".
