Tensión se generó ayer al interior de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, instancia que revisó en particular el proyecto para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Esto, luego de que se aprobara una
indicación presentada por la oposición que apunta a crear un impuesto anual al patrimonio de personas naturales cuyan rentas superen los US$5 millones -también conocido como impuesto a los "súper ricos"-, a partir del proyecto que avanza en paralelo en el Congreso, presentado por el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Pero al tratarse de materia tributaria, y de exclusiva iniciativa del Ejecutivo, el Gobierno hizo reserva de constitucionalidad, advirtiendo que si la enmienda continúa terminará en el Tribunal Constitucional (TC).
Sobre este punto se refirió el ministro de Hacienda,
Rodrigo Cerda, quien le bajó el perfil a la alerta del Ejecutivo. "Todo se destraba conversando", señaló a
Radio Universo, agregando que "el lunes estaremos en la Sala de la Cámara de Diputados, después pasaremos al Senado, y vamos a seguir conversando. Lo importante es que estos proyectos avancen y puedan ser despachados durante enero, porque una vez que se despache vamos a poder empezar ya con los pagos en febrero de esta nueva pensión garantizada".
El jefe la billetera fiscal manifestó que recurrir al TC "suena dramático, por eso le digo que no hay que dramatizar, porque efectivamente lo que tenemos que hacer entender de que esto es parte de los procesos de conversación que ocurren en el Congreso. Ahora ¿por qué nosotros decimos que hay que tener claro cuando ocurren estas cosas? porque por algo existe la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en estos temas".
"Estamos tratando de buscar recaudación, y lo que se hizo ayer es que se eliminó un impuesto que recaudaba bastante, se incorporó este otro, y nosotros tenemos dudas de cuánto recauda este otro. O sea no sabemos si va a recaudar lo suficiente, por lo tanto, por eso es que decimos 'mire si no recauda, vamos a tener que ir al Tribunal' ", acotó.
En ese sentido, Cerda también resaltó que "hoy día nosotros tenemos un ordenamiento jurídico y es parte de las herramientas de este ordenamiento jurídico, pero esa es una de las herramientas", tales como "seguir dialogando y conversando, y llegar a acuerdos".
Junto con ello, se refirió a la intencion de iniciar los pagos de la PGU en febrero, afirmando "cuando ya empiezan a ocurrir estas cosas, que aparecen temas inconstitucionales, eso finalmente lo que hace es que ralentiza, hace más lento el proceso. Esa es nuestra preocupación, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, vamos a seguir dialogando con todos los que sean necesarios para llegar a acuerdos y salir rápido de esto".
Lo que sí, dado que esta nueva pensión está dirigida a los mayores de 65 años -jubilados o no- cuya que estén dentro del 90% de mayor vulnerabilidad, excluyendo solo al 10% de mayores ingresos, el ministro de Hacienda indicó que el mecanismo para hacer esta clasificación continúa en evaluación.
"A la luz de los hechos, creo que es una buena decisión haber separado los proyectos, y haber tenido el de pensión garantizada, y el de exenciones por el otro, creo que eso sí nos va a permitir tener tal ves un poco más de discusión de exenciones, para llegar a acuerdos, pero poder despachar lo antes posible la pensión garantizada".
Rodrigo Cerda
"Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es buscar el instrumento adecuado para determinar cuál es ese 10% que va a queda afuera. Efectivamente, una posibilidad puede ser el patrimonio, otra posibilidad puede ser mirar los ingresos directamente, es parte de las conversaciones que estamos teniendo. Pero, en principio, esto está pensado para que todas las personas que tengan una pensión autofinanciada menor a $1 millón estén adentro", subrayó el secretario de Estado.
Lo que sí, se refirió a la idea que han planteado legisladores de fusionar ambos proyectos -el de la PGU y el que contempla exenciones para financiarla-, lo que no cuenta con el respaldo del Ejecutivo. "Más allá del tema del impuesto al patrimonio, que a nosotros no es un impuesto que en principio nos guste, porque también creemos que recauda muy poco. Pero más allá de ese tema, lo que nos preocupa es que se empiece a ralentizar la discusión de las exenciones y que posteriormente nos pidan que se fusionen los proyectos, porque si eso es así, bueno, efectivamente, la pensión garantizada no va a poder ser pagada en el mes de febrero", argumentó Cerda.
"A la luz de los hechos, creo que es una buena decisión haber separado los proyectos, y haber tenido el de pensión garantizada, y el de exenciones por el otro, creo que eso sí nos va a permitir tener tal ves un poco más de discusión de exenciones, para llegar a acuerdos, pero poder despachar lo antes posible la pensión garantizada", concluyó.
Por su parte, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, comentó a Radio Agricultura, "esto es parte de un debate en que la oposición sigue creyendo que la forma con que el Gobierno ha planteado el financiamiento de la Pensión Garantizada no es el adecuado o es insuficiente. Y el Gobierno ha sido muy claro en señalar que la pensión está debidamente financiada, parte importante ya está en el Presupuesto 2022 y con un conjunto de exenciones, que ayer todas las que plantearon fueron aprobadas, salvo una que es el pago del IVA en las prestaciones de profesionales".
Asimismo criticó que los diputados hayan introducido "una de aumento de impuesto en lo que se denomina a los más ricos, sabiendo perfectamente que el Parlamento no tiene atribuciones para imponer tributos nuevos en el país. Esa es de las facultades más claras, más nítidas porque son de exclusiva competencia del Presidente de la República".
Y agregó "nos llama la atención que parlamentarios y partidos políticos que van a asumir el gobierno a partir del 11 de marzo, no estén respetando la Constitución, estén haciendo caso omiso de las limitaciones que impone al Parlamento. Es un mal precedente de una práctica que nosotros creíamos que se había dejado atrás, que es la de utilizar la mayoría para imponer cambios legislativos que no tienen facultades para hacerlo. Es un retroceso más que del punto de vista de la PGU, es un retroceso respecto de nuestra institucionalidad".
