Un nuevo actor entró al acalorado debate en torno al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU): El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), entidad que esta tarde envió al Congreso un informe analizando las fuentes para sustentar la iniciativa, junto con los efectos de sostenibilidad fiscal de la propuesta del Ejecutivo.
Esto, tras una solicitud de parlamentarios de oposición de las comisiones de Hacienda tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
En el documento, la CFA revisó las tres fuentes de financiamiento planteadas por el Gobierno: reducción y eliminación de exenciones tributarias, provisión para mayores gastos previsionales incluida en la Ley de Presupuestos 2022 y programación financiera 2023 y la reducción del aporte obligatorio que anualmente debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) en 0,1% del PIB.
Según la entidad presidida por Jorge Desormeaux, "si bien el Ministerio de Hacienda indica que en régimen el mayor gasto fiscal con las indicaciones se ubicaría en aproximadamente 0,95% del PIB, las cifras hacia 2050 no muestran una estabilización completa del mayor gasto, ya que para dicho año este aún se encuentra en ascenso".
En base a esa observación, un primer elemento que analiza el Consejo se refiere al período de la proyección fiscal. "Si bien el CFA valora que la Dipres realice proyecciones a cerca de 30 años (2050), tratándose de materias previsionales se sugiere, en línea con recomendaciones internacionales, que dicho ejercicio considere un horizonte aún mayor (por ejemplo, de al menos 50 años), de forma tal de apreciar en plenitud el efecto de la transición demográfica en el sistema".
Luego, la entidad señaló que analizó las proyecciones a largo plazo y los supuestos de indexación utilizados, "así como la importancia de contar con escenarios alternativos que consideren la incertidumbre y en que las prestaciones crezcan, por ejemplo, a la par de los salarios reales". Y un tercer elemento de análisis, agregó, fue si la medida "cumple o no el principio de financiar gastos permanentes con ingresos permanentes, clave para la sostenibilidad fiscal".
En definitiva, considerando todos los aspectos analizados, el CFA concluyó que “lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU".
Para llegar a esa conclusión, el organismo observó en que las fuentes de financiamiento de la PGU tienen distintas implicancias sobre la situación fiscal. Así, plantea ciertas precauciones y sugiere revisar y reemplazar algunas fuentes de financiamiento con el objetivo de asegurar que esta política pública pueda implementarse adecuada y sosteniblemente.
En el caso de la reducción y eliminación de las exenciones tributarias, el Consejo observó que corresponde a nuevos ingresos permanentes, por lo que su efecto para financiar el gasto de la PGU no tiene impacto sobre el balance estructural ni en la deuda bruta o neta del gobierno.
El CFA sugiere buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU".
CFA
Sin embargo, advirtió sobre la fecha de entrada en vigencia de esos cambios a las exenciones, ya que los ingresos que provendrían de esa fuente dependen de la aprobación de un proyecto separado del que crea la PGU.
"Por esto, el CFA sugiere buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU".
En cuanto a la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera (2023-2026), el CFA planteó en el informe que su uso para la PGU no significaría conceptualmente un deterioro para el balance estructural, al menos respecto de lo ya proyectado hasta 2026, "por lo que, en un principio, no afectaría la deuda bruta ni neta del gobierno".
Aunque el Consejo identificó en su informe "una serie de precauciones y limitaciones respecto de esta fuente de financiamiento y plantea que un análisis de sostenibilidad de largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural. De esta forma, se identifican desafíos y riesgos para la consolidación fiscal si se considera esta provisión como financiamiento permanente".
Finalmente, sobre la disminución del aporte mínimo obligatorio que debe realizarse anualmente al FRP, que pasaría de 0,2% a 0,1% del PIB, el CFA dijo que "implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros, para destinarla a gasto corriente en pensiones".
Así, señaló el Consejo, "en cuanto a los efectos en las variables fiscales del gasto en PGU financiado con el menor aporte al FRP, ello implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del PIB, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados".
A la vez, indicó que la deuda neta aumentaría, debido a que el cambio implica un menor ahorro destinado al FRP, al reducir su aporte mínimo anual a la mitad. En base a este análisis, el Consejo sugirió su reemplazo por otra fuente de financiamiento con características de permanente
