El debate de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en la comisión de Trabajo del Senado continuó este lunes, mientras, en paralelo, la Sala de la Cámara de Diputados vota el proyecto que contempla el financiamiento de la medida, punto que ha generado mayor controversia en torno a la iniciativa que impulsa el Ejecutivo.
En la mencionada comisión, expuso el presidente del Consejo Consultivo Previsional, Carlos Díaz, quien detalló los posibles efectos que podría tener la PGU en el mercado laboral y en el ahorro previsional.
En primer lugar, aseguró que, a juicio de la entidad, "el proyecto avanza en la dirección correcta", y destacó que "asume el bajo monto de las pensiones", simplifica el actual esquema de pensiones solidarias, genera mayores certezas en cuanto acceso y montos y "corrige el hecho de que quienes han acumulado mayor ahorro previsional obtienen un menor beneficio".
Dicho eso, comentó que la creación de la PGU para el 60% de las personas de menores ingresos que actualmente reciben el beneficio de Pensión Básica Solidaria (PBS), "es dable pensar que "una pensión mayor les haga disminuir su oferta de trabajo por tener garantizado un mayor nivel y con ello disminuir también su ahorro previsional autofinanciado".
Sin embargo, acotó que la gente que actualmente recibe PBS, con la PGU el monto les subirá solo un 5,1% (a $181 mil), "entonces, nos parece que, si bien existe este efecto, vemos que en este caso no es significativo". Incluso, aseguró que puede haber un efecto positivo.
"El impuesto implícito de la PGU es cero, ya que, si yo tengo una mejor pensión base, no se me va a reducir la PGU, voy a recibir $185 mil. Eso puede generar la decisión contraria, que algunas personas que estén en este grupo y que todavía estén en el sector informal, se incentiven a moverse al sector formal", afirmó Díaz.
En cuanto a los actuales beneficiados del Aporte Previsional Solidario (APS), comentó que el aumento del beneficio estatal, como todos los beneficios estatales por efecto ingreso, podría reducir las ofertas laborales y de cotizaciones previsionales, considerando que alcanza un determinado valor de pensión final, no es tan necesario trabajar y ahorrar más en el sistema previsional".
Así, continuó, "aquellos que pueden verse más afectados y tentados son aquellos que pueden trasladarse con mayor facilidad al sector informal, lo que les permitiría eludir el ahorro previsional y, con eso, menor trabajo en el mercado formal".
Sobre el grupo "con pensión base entre la PMAS, que es el límite actual de $520.366 y la pensión inferior, que es de $630 mil, esperamos que nuevamente funcione el efecto ingreso, que se espera que el beneficio pueda reducir la oferta de trabajo y las cotizaciones previsionales, dado que, nuevamente, para alcanzar un determinado valor de la pensión final ya no es necesario trabajar ni cotizar tanto".
Ahora, continuó, Díaz apuntó que "para aquellos trabajadores que han tenido un largo tiempo en trabajo formal y con cotización superior, es menor probable que modifiquen su comportamiento". También, "para aquellos afiliados que están en el umbral cercano al 60%, bajo el sistema actual", por lo que ya no tendrán razones para cotizar menos, evadir o eludir, para poder tener acceso a estos beneficios. Se verían incentivados a aumentar su participación en el mercado formal y sus cotizaciones previsionales".
"Después hay un grupo con pensión base entre la pensión inferior, $630 mil, y la pensión superior, $1 millón. Este grupo claramente pasaría a tener beneficios que bajo el sistema actual no tiene y eso significa que podría haber una reducción de la oferta de trabajo", cerró.
"Test de afluencia" para seleccionar beneficiarios
Por otra parte, y ante las dudas respecto a cuál será el mecanismo de focalización que se utilizará para determinar al grupo de 10% de personas que no recibirán el beneficio, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, señaló que "quiero insistir en la necesidad de distinguir en lo que es quién recibirá la pensión garantizada respecto de cuál es su monto".
"El senador Letelier dijo que 'dudo mucho que las personas que tengan una pensión de $630 mil estén dentro del 60%'. Bueno, lo que pasa es que el Registro Social de Hogares no es el instrumento de medición que se utiliza para otorgar o no esta pensión garantizada. Es un componente más al cual se le tendrá el ingreso per cápita y lo que hemos denominado este test de afluencia que al final mide riqueza", agregó.
Perfectamente puede haber el caso de una persona con una muy baja pensión base autofinanciada, pero con un alto patrimonio, de manera tal de que introducir esto va a determinar, primero, quiénes entran, y entra el 90% de la población, ¿determinado cómo? A través de este test de afluencia y de este nuevo ingreso per cápita que se va a meter".
Patricio Melero
El debate de lEn ese sentido, explicó que "perfectamente puede haber el caso de una persona con una muy baja pensión base autofinanciada, pero con un alto patrimonio, de manera tal de que introducir esto va a determinar, primero, quiénes entran, y entra el 90% de la población, ¿determinado cómo? A través de este test de afluencia y de este nuevo ingreso per cápita que se va a meter".
"Después, ¿cuál es el monto? Ahí sí que utilizamos el monto de la pensión. Por eso que decimos que todos los que están entre $0 y $630 mil, van a recibir la pensión garantizada de $185 mil. Creo que esto es importante, porque en los medios sigue apareciendo el 80 y 90% como punto de corte, y eso volver a insistir, esta es una pensión que beneficia al 90% de las personas que califiquen dentro del nuevo registro que el reglamento establece que se va a construir", finalizó el secretario de Estado.
