Con diversas indicaciones llegó este martes el Gobierno tanto para el proyecto que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU) -que se discute en la comisión de Trabajo del Senado-, como para la iniciativa que establece su financiamiento -cuyo debate se desarrolla en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta-.
Ambos proyectos se están discutiendo en paralelo y desde el Ejecutivo buscan que se apriete el acelerador legislativo con el fin de que la PGU se despache del Congreso en enero y el beneficio pueda comenzar a pagarse en febrero. Sentido de celeridad que es compartido por los parlamentarios de oposición, quienes han valorado los acuerdos logrados, pero también han manifestado reparos por ciertos planteamientos que no han sido acogidos.
En la comisión de Trabajo, la iniciativa que crea la PGU fue aprobada ayer en general y hoy inició su discusión en particular, tramitación que seguía avanzando esta tarde, pero que debió pausarse ya que los senadores de la instancia debían concurrir a la Sala para una sesión especial que tenía como objetivo discutir la prórroga del estado de excepción que rige en la Macrozonasur.
Con todo, miembros de la comisión de Trabajo pidieron en la Sala la unanimidad para poder seguir sesionando en paralelo respecto a la PGU, sin embargo, la senadora Yasna Provoste (DC), se negó, por lo que la presidenta de la mencionada comisión, Carolina Goic (DC) decidió citar para mañana a las 09.00 horas con el fin de continuar revisión en particular del proyecto.
"Vieron como solicité dos veces la autorización para sesionar paralelo a la Sala en la comisión de Trabajo para seguir tramitando el proyecto de PGU, lo mismo hizo el senador Sandoval. Lamentablemente una senadora se negó a aquello, eso nos impide sesionar en paralelo a la Sala. Quiero lamentar eso", dijo Goic.
De todas formas, sostuvo que "esto para mi no es un obstáculo para seguir trabajando y que se paguen los beneficios en febrero. Es eso lo que queremos para lo cual cité mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta antes de la Sala para que sigamos votando en particular como lo estábamos haciendo".
Por su parte, el ministro Segpres, Juan José Ossa, llamó a que "ojalá" no vuelva a ocurrir "algo como lo que acaba de ocurrir, que es que la senadora Provoste evitó que continuáremos sesionando. Hay millones de chilenos y chilenas que están esperando un pago en febrero".
Pensiones de reparación
Pero eso no fue lo único que enredó el debate durante la jornada. En la mañana, en la sesión en la comisión de Trabajo, el ministro del Trabajo Patricio Melero dio cuenta de las indicaciones que el Gobierno ingresó al proyecto, las cuales fueron valoradas por los senadores de oposición por incluir varios de los planteamientos que le realizaron al Ejecutivo, excepto por el hecho de no acoger la idea de no tomar en cuenta las pensiones de reparación que reciben víctimas de la dictadura para el cálculo de quienes reciben la PGU.
Una "exclusión" que el senador Juan Pablo Letelier (PS) calificó de "odiosa", al señalar que el Gobierno "quiere excluir a estas familias del derecho a la PGU. Nosotros estamos pidiendo que eso se rectifique si se quiere contar con los votos unánimes para sacar adelante este instrumento y poder pagarlo antes de febrero".
Más tarde, el mismo Letelier señaló en la instancia que espera que el Ejecutivo "abra su corazón para un acuerdo político" para sacar adelante la PGU, "o alargar (la discusión) hasta la próxima semana o marzo".
"Es obvio que tenemos un problema político, creo que el Ejecutivo lo entiende. El portazo que dio en la mañana para algunos de nosotros es un tema sustantivo. Espero que el ministro (Melero) y el Presidente lo entienda así. Acelerar el tratamiento no es cómodo para algunos de nosotros", añadió.
En tanto, el senador Carlos Montes (PS) también planteó críticas al respecto. "Creemos que no tiene fundamentos" dejar fuera a quienes reciben pensión de exonerados políticos, Rettig o Valech. "No es una pensión que se puede imputar a los $185 mil (que entrega la PGU), los $185 mil deberían ser adicionales a ese apoyo que se ha dado a familias que sufrieron violaciones de DD.HH.", aseguró.
Según datos expuestos por el ministro Melero, en caso de la Ley Rettig, son 1.699 las personas que reciben una pensión, por la Ley Valech son 24.925 y en el caso de los exonerados políticos son 67.217. Es decir, el universo de beneficiarios por pensiones de reparación en Chile son 93.929 personas.
Al respecto, el ministro aseguró que "no estamos excluyendo a nadie", indicando que "todas estas personas van a tener derecho a complementar el beneficio. A ellos se les va a subir la pensión ajustada al nuevo valor de la PGU", pero no se les entregarían los $185 mil completos.
A su vez, el ministro Ossa señaló que "naturalmente que la situación de esas personas es algo con lo que nosotros siempre empatizamos, pero la propuesta original fue no innovar respecto a los que en 2008 hizo la Presidenta Bachelet al respecto. Lo que se hizo fue complementar las pensiones Valech al tope máximo del Pilar Solidario".
"Ese es el camino que estamos siguiendo. No es que no se le suba la pensión, lo que ocurre es que se está pidiendo que se adicione y, en ese sentido, hemos buscado que las leyes especiales que rigen pensiones particularmente de reparación que tienen una naturaleza muy legítima, pero muy distinta a las pensiones propiamente tales, no fueran incluidas como algo especial en esta reforma. No es que no se están aumentando las pensiones", cerró.
