Luego de emitir un informe sugiriendo al Ejecutivo buscar nuevas fuentes de financiamiento para la Pensión Garantizada Universal (PGU), incrementando con ello las dudas respecto a la sustentabilidad de la medida, el Consejo Fiscal Autónomo volvió a pronunciarse este miércoles.
El presidente del CFA, Jorge Desormeaux, expuso esta tarde ante la comisión de Hacienda del Senado -donde se está discutiendo el financiamiento de la PGU-, en donde destacó que el Gobierno haya incorporado nuevas medidas tributarias para financiar la medida y optado por descartar la utilización del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) para ese fin.
"Las fuentes de financiamiento original suman 0,35% del PIB y las nuevas indicaciones aportan un 0,32% del PIB, con lo cual en régimen, que es para 2050, suma un 0,67% del PIB", dijo Desormeaux.
Según comentó, y en base a la información entregada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el componente más importante de estas nuevas fuentes tributarias es la modernización de concesiones mineras, seguida de la exención tributaria a contratos de leasing, la sobretasa a bienes de lujo y el aumento a la sobretasa del impuesto territorial.
Dicho eso, valoró "el retiro del financiamiento derivado de la disminución de los aportes al FRP de 0,1% del PIB, lo que está en línea con la responsabilidad fiscal", junto con asegurar que "la incorporación de nuevas medidas tributarias avanza en la misma dirección incrementando los ingresos permanentes de 0,35% del PIB a 0,67% del PIB anual en régimen".
"De esta forma, el mayor gasto de la PGU que con las nuevas indicaciones alcanza en régimen al 0,98% del PIB, se financiaría con dos fuentes: primero, medidas tributarias que suman 0,67% del PIB y dos, provisiones en la ley de Presupuestos 2022 y el programa financiero hasta 2026 que requerirían 0,31 puntos porcentuales del PIB", añadió.
De todas formas, reiteró los reparos respecto a que el financiamiento asociado a las provisiones se haga en base a un análisis de sostenibilidad proyectado a cuatro años -hasta 2026-, cuando esto debiese hacerse proyectando al largo plazo, sobre todo "en un contexto de déficit estructural".
"El CFA reitera las consideraciones realizadas previamente. Es conveniente extender el periodo de proyección fiscal del gasto en pensiones desde 30 a 50 años. Este es un fenómeno que requiere una mirada mayor. También plantear escenarios alternativos de las proyecciones de largo plazo considerando diferentes supuestos de indexación de los beneficios y análisis de incertidumbre consideradas para la PGU en cada año", comentó Desormeaux.
Asimismo, planteó que "en el contexto de mayores obligaciones en materia previsional, es necesario contar con un estudio actualizado que permita evaluar la sustentabilidad del Fondo de Reserva de Pensiones para el cumplimiento de su función legal".
Por último, reiteró la necesidad de buscar "fórmulas legislativas para que la entrada en vigencia de las medidas que aumentan los beneficios en pensiones coincida temporalmente con la implementación de estos cambios tributarios", considerando que el proyecto que crea la PGU y el que establece su financiamiento se están tramitando de forma separada.
