La Comisión de Hacienda respaldó y despachó a la Sala, el proyecto que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios de agua potable y electricidad generados durante la pandemia, junto con establecer subsidios a clientes vulnerables.
El encargado de exponer el proyecto fue el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien explicó en la instancia que la ley que rige este tema venció el 31 de diciembre. Esto implica que los cortes de las empresas a las personas que no han pagado comenzarían a fines de enero.
El secretario de Estado agregó que este proyecto beneficiará a quienes tengan deudas generadas en pandemia desde el 18 marzo 2020 al 31 diciembre 2021. El beneficio incluye un subsidio de cargo fiscal para clientes vulnerables, que son usuarios residenciales del 80% del Registro Social de Hogares.
Es decir, el 75% de los deudores de agua y el 77% de deudores de electricidad, que no superen los límites de consumo mensual establecidos: 15 m3 de agua potable y 250KW/hora. "Ellos no pagarán nada, el costo lo asumirá el Estado", enfatizó el titular del MOP.
De acuerdo a la iniciativa, los clientes con cuentas mensuales impagas (en promedio 20 o 21) que superen los mencionados límites, se les prorrateará el monto total en 48 cuotas. Ello será sin la aplicación de intereses o reajustes.
Mientras que el tope de cobro en la cuenta mensual no debe exceder el 15% al consumo promedio. En caso de quedar un saldo luego de las 48 cuotas, la deuda se extinguirá.
Asimismo, la normativa amplía el plazo para postular hasta el 31 de marzo de 2022 (las personas deben solicitar el beneficio en las mismas compañías).
También la iniciativa establece procedimientos especiales para las familias que comparten un medidor y que superan el límite establecido, para que puedan acceder al prorrateo. En tal caso, la postulación se extiende hasta el 30 de junio de 2022.
En cuanto al informe financiero, el subsidio tiene un costo total de $83.571 millones a cuatro años. Se estima que los costos anuales serán de $7.478 millones, para el servicio sanitario; y de $13.414 millones, para electricidad.
Además, contempla $49 millones para la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), para la implementación del beneficio.
