"Una consolidación fiscal realista, pero exigente" y revertir "efectivamente" las ayudas estatales para hacer frente a la pandemia, son parte de las ocho recomendaciones que entregó hoy el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para hacer frente al histórico desvió respecto a la meta de déficit estructural anotado en 2021.
Este martes, el CFA publicó un informe sobre desviaciones de las metas de Balance Estructural (BE), regla que permite determinar el nivel de gasto público para cada año.
Así, la entidad analizó -en el marco de su función legal- el cumplimiento de las metas fiscales y los factores que explican sus recientes desviaciones. Además, hizo recomendaciones para asegurar una convergencia fiscal compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En 2021, el déficit estructural se ubicó en 11,4% del PIB, según lo registrado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre, superando la meta planteada por el Gobierno para 2021 de un déficit estructural de 4,7% del PIB .
Estas cifras deberán ser actualizadas por la Dipres con las nuevas Cuentas Nacionales publicadas por el Banco Central el 18 de marzo de 2022. Sin embargo, de acuerdo con el CFA, "esta actualización presenta diferencias acotadas, por lo que el análisis y recomendaciones de este informe no cambiarán mayormente".
"El déficit estructural alcanzado en 2021 (11,4% del PIB) representa el desvío más elevado respecto a la meta desde que existe la regla de Balance Estructural (instaurada en 2001), así como el mayor déficit estructural como porcentaje del PIB", aseguró el Consejo en su informe.
La meta para 2021 fue modificada en dos ocasiones. Ante la crisis social de fines de 2019 el Gobierno implementó un plan de protección del empleo y recuperación económica, que implicó un primer ajuste de las metas. En este contexto, la autoridad invocó una cláusula de escape de facto, que implicó que para 2021 la meta pasara de un déficit estructural de 1,2% del PIB a 2,5% del PIB.
Luego, según planteó el CFA, ante el impacto del covid-19 en la actividad económica, en el empleo y en los ingresos de la población, surgió la necesidad de destinar recursos extraordinarios para hacer frente a la emergencia.
Ante ello, el 14 de junio de 2020 el Poder Ejecutivo y el Congreso suscribieron un "Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo", el que definió un espacio de gasto adicional por US$12.000 millones, en un plazo de 24 meses, para enfrentar la pandemia.
Esto implicó una nueva recalibración -mediante decreto- de las metas estructurales en septiembre de 2020, con lo que la meta para 2021 pasó de un déficit estructural de 2,5% del PIB a 4,7% del PIB. Finalmente, al cierre del ejercicio 2021, la meta así recalibrada no fue cumplida, verificándose un déficit estructural de 11,4% del PIB, explicado principalmente por medidas de gastos adicionales para hacer frente a la pandemia y sus efectos.
Recomendaciones
En este escenario, la entidad presidida por Jorge Desormeaux, entregó una serie de recomendaciones para enfrentar el robusto desvío de la meta y continuar con la senda de convergencia que permita asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En primer lugar, deslizó que las metas de balance estructural para el periodo 2022-2026, que deberán ser establecidas mediante decreto dentro de los primeros 90 días de comenzada la nueva administración, "debiesen implicar una convergencia fiscal realista, pero exigente, de forma tal de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas".
Además, llamó a "revertir efectivamente las medidas fiscales adoptadas para enfrentar la pandemia, dada su naturaleza transitoria, proceso iniciado en la Ley de Presupuestos aprobada para 2022".
También expuso la necesidad de "monitorear los pasivos contingentes que puedan gatillarse tras la crisis de la pandemia", junto con "analizar los niveles de los fondos soberanos, en particular del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), de forma tal de establecer un nivel mínimo de estos recursos para asegurar el acceso a liquidez en caso de nuevas emergencias".
Al mismo, tiempo, planteó "establecer una planificación para abordar los desafíos metodológicos que se han diagnosticado en la regla de Balance Estructural". Eso, sumado a "complementar la regla de Balance Estructural con un ancla fiscal definida como un nivel prudente de deuda neta. Para ello, es necesario que se realicen estimaciones sobre el nivel de deuda pública prudente y sostenible para un país emergente como Chile".
Asimismo, el CFA sugirió "fortalecer la regla fiscal para contar a futuro con cláusulas de escape explícitas y debidamente normadas, para enfrentar eventos exógenos al accionar del Gobierno, de gran magnitud y transitorios, junto con reglas de convergencia posterior que establezcan la ruta de ajuste después de desviaciones de las metas de Balance Estructural".
Por último, recomendó "establecer explícitamente que las metas de Balance Estructural deben ser cumplidas ex-post, de forma tal que si se identifica un potencial desvío del Balance Estructural respecto de las metas, o si este se materializa, deba ser corregido".
