La desaceleración de la economía chilena tras el histórico dinamismo de 2021 ya es un hecho. Así lo confirmó el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de febrero de este año -6,8%-, dando cuenta de que la contracción prevista por diversos analistas ha sido más rápida de lo que estimaba el mercado.
Y a futuro, es altamente probable que esta se acentúe con el correr de los meses.
Así lo constató el Banco Central, luego de que en su Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo la entidad mostrara una visión más pesimista en cuanto a la expansión del PIB en 2022, proyectando un crecimiento de entre
1%y 2%, aún más bajo que el ya modesto pronóstico expuesto de diciembre –entre 1,5% y 2,5%- .
Para 2023, la entidad no descarta que la actividad incluso caiga en un rango de entre -0,25% y 0,75%.
Por cierto que estos datos ponen presión sobre la recuperación económica tras el golpe asestado por la pandemia, pero a su vez, complejizan el escenario sobre el cual se discutirán las contundentes reformas que el nuevo Gobierno busca implementar, como la tributaria o la de pensiones, además de la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas y alza del salario mínimo a $400 mil este año y a $500 mil hacia el final de la administración.
A ello se suman otras presiones que han emanado desde el munto político, incluso desde su propio sector, como un quinto proyecto de retiro de fondos de pensiones o los emplazamientos al Gobierno para fije o amortigue los aumentos de precios de algunos productos esenciales, como el pan. Iniciativas que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha manifestado reiteradamente que no apoyará.
En ese sentido, expertos plantean que el modo en que Marcel gestione estos debates se vuelve especialmente relevante.
"El ministro tiene un tremendo desafío, por un lado, debe resguardar y generar recursos para financiar las reformas establecidas en el programa de Gobierno, pero por otro debe mantener los equilibrios fiscales y leer muy bien las variables del escenario actual, ponderarlas y readecuar los paquetes de medidas a la contingencia. En un escenario complejo es crucial la mesura y la prudencia de la política fiscal", comentó Humberto Salas, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma.
En este marco también entra otro factor relevante: la alta inflación. Cabe recordar que, con el objeto de que las presiones sobre los precios vayan paulatinamente convergiendo hacia el rango meta, el Banco Central decidió repetir una histórica alza de 150 puntos base para fijar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 7% -su mayor nivel desde febrero de 2009 (7,25%)-. Y si bien el incremento fue menor a lo anticipado por analistas, no deja de ser una tasa contractiva.
Frente a esto,
Carlos Smith, docente investigador del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que
"las reformas debieran avanzar con realismo, creo que esa es la palabra, en términos de tener una buena proyección de lo que va a pasar con el consumo, con la inversión, pero también cuidando los efectos que podría tener un mayor gasto público en la inflación, porque finalmente todo lo que podamos ganar por un lado, lo podemos perder por otro".
"En ese sentido, el ministro de Hacienda debe tenerlo muy claro y hay que ver qué pasa con las presiones políticas que pudiera recibir", agregó.
En la misma línea, Salas dijo que "la política monetaria más restrictiva cuyo fin es controlar la inflación, dificulta el financiamiento principalmente de proyectos de inversión, así como también impacta negativamente en el consumo y la demanda agregada. Lo anterior ralentiza la actividad económica, y por añadidura, el potencial financiamiento de las reformas, pues gran parte de ellas se financian con impuestos que se derivan del dinamismo que pueda tener el aparataje productivo de la economía y el gasto de las familias".
Y subrayó que se "requiere una priorización y gradualidad de las reformas en discusión, toda vez que estas influyen en las expectativas de los agentes económicos".
Con todo, el economista y socio de Gemines Consultores,
Tomás Izquierdo, mencionó a
EmolTV que "lamentablemente, en la campaña del Presidente Boric se generaron una cantidad enorme de expectativas frente al Gobierno, que prometió muchas cosas: reducir a 40 horas, aumentar el salario mínimo, perdonar el CAE, se habló hasta de transporte gratuito, mejoras en las pensiones, y una sumatoria de expectativas enorme, frente a una realidad de puras restricciones".
Tras ello, resaltó que "eso es un desafío de liderazgo político enorme. Yo tengo la impresión de que mientras esté el ministro Marcel en el cargo, y ojalá estuviera todo el Gobierno, tenemos una cierta garantía de que él va a hacer ajustes como el que quiere presentar probablemente en una semana más".
Plan fiscal
Con estas cifras sobre la mesa, aumenta la expectación por las primeras definiciones fiscales que entregue la administración del Presidente Boric, considerando que la ley otorga un plazo de 90 días para que se dé a conocer la trayectoria de la política fiscal durante los cuatro años de gobierno. Sobre esto, Francisco Simian, economista jefe de Altafid, plantea que "será relevante conocer la meta de recaudación, la que podría ajustarse para dar más gradualidad al proceso".
"Si en el primer año de gobierno la situación económica se desordena aún más de lo que ya se desordenó en los últimos dos años, producto de todo lo que hubo que hacer para responder a la pandemia, los mercados nos van a castigar mucho, y cuando los mercados nos castigan, la inversión se resiente más"
Tomás Izquierdo, socio de Gemines Consultores
Lo que sí, en cuanto a la reforma tributaria, por ejemplo, Simian prevé como "poco probable que se posponga la reforma tributaria; lo que sí podría cambiar es su contenido, el que aún no ha sido explicitado en detalle" y advirtió que durante su exposición ante el Congreso el 22 de marzo pasado, el Ministro Marcel "dijo que el énfasis estará en los impuestos a las personas, tanto a la renta como al patrimonio. En un escenario de contracción, la recaudación del impuesto a la renta de las personas físicas debería caer".
Así las cosas, Izquierdo aseguró que "ese plan fiscal no puede mostrar otra cosa que una consolidación en materia fiscal, es decir, avanzar en tratar de ir enfriando lo que era un ritmo de gasto público que no era sostenible, y llevaba a déficits tanto corrientes como estructurales mucho más allá de lo que teníamos pensado".
Y remarcó que "si en el primer año de gobierno la situación económica se desordena aún más de lo que ya se desordenó en los últimos dos años, producto de todo lo que hubo que hacer para responder a la pandemia, los mercados nos van a castigar mucho, y cuando los mercados nos castigan, la inversión se resiente más".
"Sin recursos cualquier gobierno fracasa, y cuando ese Gobierno además fue electo con una cantidad de expectativas enormes que él mismo despertó en su candidatura, bueno, evidentemente el fracaso puede ser estrepitoso", concluyó.
