Con sorpresa y desconcierto amaneció la provincia de Lima, en Perú el martes en las primeras horas de un sorpresivo toque de queda anunciado poco antes de la medianoche por el Gobierno del Presidente Pedro Castillo, una medida criticada desde diversos frentes pero que la autoridad consideró necesaria para enfrentar la intensas manifestaciones que se viven en el país.
En un principio, la medida se extendería por todo el día de ayer, sin embargo, y ante las duras críticas, Castillo decidió levantar el toque de queda cuando llevaba cerca de 15 horas de vigencia. De todas formas, la medida implicó dejar encerrados en sus casas a los 10 millones de habitantes de Lima y el Callao, como un intento de apaciguar los diversos hechos de violencia, incluidos la quema de casetas de peaje en rutas, saqueos a algunos comercios y choques entre manifestantes y la policía, que se han producido en los últimos días en distintas zonas de Perú.
Protestas gatilladas por la fuerte inflación que golpea al vecino país -al igual que a buena parte del mundo, incluido Chile-, lo que ha generado el malestar de la población principalmente por la escalada de precios de los combustibles y alimentos, presionados, además, por las intensas huelgas de camioneros y agricultores.
En marzo de 2022, la inflación anual en Perú alcanzó su ritmo más rápido en 24 años, sorprendiendo a los economistas y planteando un complejo desafío para Castillo. Los precios al consumidor en ese país acumularon un avance anual de 6,82% en el pasado mes, el nivel más alto desde agosto de 1998, señaló el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI).
En términos mensuales, los precios subieron un potente 1,48% frente a febrero, por por encima del pronóstico que esperaban un alza algo superior a 0,9%.
Los mayores precios de los productos básicos causados por la invasión rusa a Ucrania se encuentran entre los principales motores de la inflación en el país andino, con un aumento de los costos de transporte de 1,89% en marzo frente al mes anterior.
Esto está generando un problema político ya que gremios de camioneros comenzaron el lunes una huelga nacional para protestar contra el aumento de los costos del combustible, y los principales centros de distribución de alimentos en la capital han dicho que están quedando sin existencias, lo que ha hecho que los precios al consumidor se eleven aún más en los últimos días.
Todas las canastas de productos y servicios que monitorea el INEI aumentaron de precio el mes pasado: los alimentos se encarecieron un 3,42% y los costos de la educación aumentaron 2,84%, justo al inicio del nuevo año escolar.
Los precios están subiendo mucho más rápido que el objetivo del Banco Central de 2%, más o menos 1 punto porcentual. El mes pasado, la entidad monetaria elevó su pronóstico de inflación para 2022 de 2,9% a 3,6%, pero su presidente, Julio Velarde, ya no está seguro de que vaya a regresar al rango objetivo en el primer semestre de 2023, como se estimaba anteriormente.
Todo esto, en un contexto en el que la pandemia de covid-19 golpeó duramente los ingresos de las familias y más de 7 millones de peruanos llegaron a quedar sin trabajo, y si bien el PIB peruano marcó un sorprendente crecimiento de 13,2% en 2021 -tras desplomarse 11% en 2020-, luego de dos años del arribo del covid-19 al país no se puede decir que su economía se encuentra completamente recuperada.
Además, aunque ya resta un número relativamente reducido de los 2,5 millones de empleos destruidos por la pandemia por recuperar -alrededor de 200 mil-, la cantidad de trabajadores informales en Perú aumentó drásticamente -8 de cada 10 trabajadores son informales-, considerando que ya estaba en niveles altos antes de la era covid. Una situación compleja, dado que la mayoría de los trabajadores informales en ese país gana por debajo del sueldo mínimo.
Asimismo, la pandemia también trajo mayor pobreza. Según el INEI, la tercera parte del país, es decir, unos 10 millones de peruanos viven en situación de vulnerabilidad, cifra que no se reducido con el pasar de los meses pese a la entrega de bonos o dinero en efectivo por parte del Gobierno. En cuanto a la pobreza monetaria, esta pasó de alrededor de 20% a un 30%.
Positivas cifras macroeconómicas
Con todo, la economía de Perú en su conjunto se ha comportado mejor de lo que esperaban los analistas tras el arribo de Castillo al poder, con buenos datos de crecimiento del PIB e inversión privada en 2021, lejos de las protecciones de mitad del año pasado, siguiendo con el raro fenómeno peruano de permanente inestabilidad política, pero con una economía que crece, siendo del puñado de países que puede presumir haber recuperado su nivel de PIB previo a la pandemia.
De todas formas, los últimos meses acumulan motivos para la preocupación. Su PIB suma ocho meses consecutivos de desaceleración y las previsiones de crecimiento del Banco Central para 2022 apuntan a una expansión de 3,4%, aunque otras entidades manejan protecciones más modestas.
Uno de los temores de la llegada de Castillo al poder era lo que podría ocurrir con la inversión extranjera. Según estimaciones del Banco Central de Perú esta creció 18,3% en 2021, con un aumento significativo concentrado en el cuarto trimestre del año, cuando Castillo ya tenía la banda presidencial. Un gran aumento, sin duda, pero las perspectivas para 2022 son menos alentadoras y se estima que al final del año se habrá reducido un 17,1%.
El repliegue inversor de 2022 bien podría estar influido por un panorama internacional más incierto, sobre todo por la evolución de la inflación, que ha alcanzado en todo el mundo desarrollado niveles no vistos en décadas.
El país, en todo caso, cuenta con sanas cuentas públicas. Su bajo déficit fiscal de 3,3% destaca en el contexto latinoamericano, pese a que la pandemia obligó a movilizar fondos para aplicar medidas de estímulo y apoyo a la economía. De hecho, Perú lidera por delante de Chile y Colombia el ranking de estabilidad económica de Bloomberg, que mide distintos factores políticos, económicos y sociales.
Salario
Pero lejos de las cifras macroeconómicas que manejan los expertos, está lo que la gente percibe en su día a día. Por más que la renta per cápita se muestre en una pronunciada curva ascendente desde mediados de la década de 1990, Perú parece tener un gran camino por recorrer en la mejora de sus servicios públicos y en la búsqueda de una mayor cohesión social, aspectos señalados por muchos analistas como una de las causas del inesperado triunfo electoral de Castillo.
De acuerdo con el INEI, el ingreso promedio de los trabajadores en el área urbana de 1.447,7 soles (unos US$390, unos 308 mil pesos chilenos), 9,3% que el nivel prepandemia.
Así, en un país en el que la informalidad y los bajos ingresos marcan el día a día de muchas personas, esto ha agravado bastante las dificultades en un contexto de inflación como la actual.
Para combatir esto, el Gobierno de Castillo anunció el lunes el aumento de un 10% del salario mínimo, pasando de 930 soles a 1.025 soles (casi US$280, unos 221 mil pesos chilenos), la primera alza aprobada en cuatro años, junto con una serie de medidas fiscales como la suspensión del impuesto al consumo de los principales combustibles y un proyecto para eximir del Impuesto General de Ventas (IGV) a los principales productos de la canasta básica.
