Agua, minería y modelo económico, fueron parte de las materias abordadas ayer por el pleno de la Convención Constitucional, que en una polémica sesión rechazó el segundo informe de la comisión de Medio Ambiente al no lograr los 103 votos necesarios para ser aprobado en general.
Fue un intenso debate, que se extendió por más de cuatro horas y cuyo resultado fue 98 votos a favor, 46 en contra y 8 abstenciones. Faltaron cinco votos a visar en general el informe. "¡Traidores! ¡Traidores!", se escuchaba tras la votación, generando un tenso momento por el malestar de algunos convencionales de la Coordinadora Plurinacional, quienes fueron a increpar a quienes votaron en contra o se abstuvieron.
Con este resultado, el documento deberá volver a la comisión de Medio Ambiente para que en un plazo de 15 días se hagan las modificaciones pertinentes al cuestionado informe que contenía normas que iban desde la regulación del agua hasta la explotación de minerales.
Sobre el agua, la comisión proponía que el Estado tiene el deber de protegerlas y también su ciclo hidrológico, añadiendo que el Estado podría autorizar el uso de las aguas, pero este permito "será inapropiable, incomerciable, intransferible, temporal y obliga al titular al uso que justifica su otorgamiento".
También indicaba que "el Estado debe asegurar un sistema de gobernanza de las aguas, de carácter ecológico, democrático y participativo, siendo la cuenca hidrográfica la unidad mínima de gestión y mediante el manejo integrado de estas", y que "la Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas los derechos sobre las aguas existentes en sus tierras y territorios, las cuales serán administradas directamente por ellos, de conformidad con su derecho propio y al derecho a la libre determinación".
Minería
En tanto, los artículos sobre minería estaban entre los que causaban mayor interés, considerando que se habían aprobado en general propuestas que nacionalizaban a las empresas mineras.
"El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional, sin perjuicio de la propiedad sobre los terrenos en que estuvieren situados", señaba el informe.
Además, especificaba que "la exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable y de interés intergeneracional".
La comisión de Medio Ambiente, asimismo, propuso que "toda actividad minera debe restaurar la naturaleza en relación a los daños y pasivos ambientales, de acuerdo a los principios consagrados en esta Constitución y la ley. Esta responsabilidad alcanza todas las etapas de la actividad, incluyendo su cierre y paralización".
A la vez, establecía que "corresponderá al Estado guiar la política nacional de toda actividad minera y su encadenamiento productivo, introduciendo criterios democráticos, sociales y ecológicos a la toma de decisiones, y promoverá la diversificación productiva de esta actividad y la generación de valor agregado, a través de la innovación y los conocimientos".
Ello, sumado a que "no serán objeto de autorizaciones administrativas las sustancias como el litio, los minerales no metálicos, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos, aquellas sustancias situadas en áreas que la Constitución y la ley consideren de interés nacional, y las demás sustancias que determine la ley. Estas sustancias serán explotadas por las empresas del Estado".
Desde la industria reaccionaron a la votación. el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, comentó que "interpretamos la votación como una señal en el sentido de que, además de elevar los estándares medioambientales, es necesario que existan normas que entreguen certeza y estabilidad para el desarrollo de la actividad minera".
"Reiteramos nuestra disposición a colabora en la búsqueda de alternativas que no perjudiquen la inversión minera, y en consecuencia, el desarrollo del país", agregó.
Sistema económico
Otro tema que estaba cubierto en el informe eran el relacionado al sistema económico. "El Estado participa en la economía del país para cumplir con los objetivos sociales y ecológicos establecidos en esta Constitución y alcanzar el buen vivir. Para ello regula, fiscaliza, planifica, conduce, fomenta y desarrolla actividades económicas", exponía.
A su vez, otro artículo indicaba que "el Estado promoverá, entre otros, el pluralismo en la economía, la diversificación productiva y la innovación, así como fomentará la economía social y solidaria, los mercados locales y los circuitos cortos".
También aludía a que "el Estado en materia económica promoverá la justicia social e intergeneracional, la solidaridad, la igualdad sustantiva, el respeto a la naturaleza y el medio ambiente, el trabajo decente y la democracia económica",
Por último, respecto a las relaciones comerciales del país con la comunidad internacional, proponía que estas "responderán a los intereses de los pueblos de Chile, los derechos de la naturaleza, y la crisis ecológica global, estableciendo como prioridad el fortalecimiento de los mercados locales y territoriales del Estado Plurinacional, en segundo lugar, el intercambio con los países vecinos y de la región latinoamericana, y en tercer lugar con el resto del mundo".
