Si bien las autoridades del país ya tenían conocimiento de la situación hace ya varios meses, para la opinión pública el tema había pasado prácticamente desapercibido.
Cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó su informe final sobre el mercado del gas en Chile en diciembre pasado, recomendó llevar a cabo una serie de reformas para aumentar la competitividad en la industria y la atención se concentró principalmente en el mercado de gas licuado, especialmente en la sugerencia de prohibir que las empresas Gasco, Lipigas y Abastible participen en la distribución de este.
Sin embargo, la FNE también puso sobre la mesa una serie de alertas por el mercado de gas natural, las que no muchos se detuvieron a mirar. Esto, hasta que ayer un reportaje de Chilevisión le dio un impulso, exponiendo los detalles de la investigación de la fiscalía.
Según el informe, en 2016, poco antes de que entrara en vigencia una ley que fortaleció la regulación del mercado del gas natural, con la que se definieron sanciones para las empresas del sector que superaran el máximo de utilidades permitido en la legislación, la compañía Metrogas creó una empresa llamada Agesa, no regulada, y cuyas operaciones habrían inflado los precios del mencionado combustible.
Hasta 2016, Metrogas compraba a la firma GNL Chile gas natural que luego vendía a hogares e industrias. Sin embargo, y ad portas de que la nueva ley fuera realidad, ocurrieron movimientos: Metrogas creó Agesa y dividió sus operaciones. Así, Metrogas mantuvo el negocio de distribución, mientras que Agesa se quedó con todos los contratos de abastecimiento, incluyendo GNL Chile.
Lo anterior, permitió a Metrogas recontratar el suministro que antes tenía asegurado de GNL Chile, pero a un precio mayor, permitiendo así elevar de manera importante sus costos y produciendo “un desvío de rentabilidad desde una empresa con rentabilidad regulada hacia una empresa relacionada o integrada que no está sujeta a dicha restricción", apuntó la FNE.
Con esto, según la FNE, los ingresos adicionales obtenidos por Metrogas-Agesa gracias a este esquema rondan entre los $61 mil y $68 mil millones al año. O sea, en cinco años, entre $305 y $340 mil millones. U entre US$350 millones y US$394 millones al cambio de hoy. El informe, además, calcula que el sobreprecio debido a este esquema es de entre 12,7% y 20,2% para hogares, entre 5,6% y 12,1% para el comercio y entre 11,2% y 17% para las industrias. El contrato entre Metroga y Agesa está vigente hasta 2030.
Diversas voces han salido a criticar el mecanismo utilizado por Metrogas, apuntando a la empresa por supuestamente buscar "subterfugios" y aprovecharse de un vacío legal. Por ello, desde el mundo parlamentario han alzado la voz urgiendo al Gobierno que presente pronto un proyecto de ley que pueda hacerse cargo del problema, considerando que en enero la entonces administración de Sebastián Piñera presentó una iniciativa en esa línea, pero que fue retirada una vez que Gabriel Boric asumió en el poder.
"Logramos que el Presidente Piñera presente un proyecto donde se abordaban todos estos problemas, tanto de gas natural como de gas licuado", señaló a Cooperativa el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), quien presidió en su momento la comisión parlamentaria encargada de investigar el mercado del gas. Sin embargo, indicó que "ahora, cuando estábamos pidiendo la urgencia, el Gobierno del Presidente Boric retira el proyecto desde el Congreso, insistiendo en que va a presentar un nuevo proyecto".
Para Calisto el tema es urgente, ya que "hay que terminar con esta colusión a nuestro juicio por parte de las empresas". En esa línea, afirmó que la nueva iniciativa que presente el Ejecutivo debe "abrir el mercado del gas" y que "las empresas que entregan gas directamente a los usuarios no sean las mismas que importan el gas. Esas mismas empresas controlan todo el mercado".
"Lo mismo en el caso del gas licuado: controlan toda la cadena de mercado, por lo tanto, lo que hay que hacer es terminar con este monopolio de estas grandes empresas que controlan el mercado a su pinta", añadió.
"Hay un vacío legal y ante ese vacío llamaría al presidente Boric a presentar un proyecto de ley para evitar estos subterfugios".
Andrés Celis
"En segundo lugar, el Estado tiene que poner tope, que no se cobre más de un margen porque es un elemento de primera necesidad. Esos son los dos elementos que tiene que tener la propuesta del Presidente Boric", aunque recalcó que “la propuesta que hizo el Presidente Piñera no era mala propuesta".
Por su parte, el diputado Andrés Celis, expuso que "claramente esta ley que fue promulgada y entró en vigencia en 2016, tiene un gran vacío", y resaltó la necesidad de que "se puedan evitar estas empresas espejo que se constituyen fuera del país y así eludir la ley, que hubiese un tope en rentabilidad para que el consumidor pagara menos, lo cual en la práctica no ocurre".
"Aquello es a lo menos eludir la ley, tengo dudas incluso de que esto podría ser constitutivo de algún delito", dijo, insistiendo en que "hay un vacío legal y ante ese vacío llamaría al presidente Boric a presentar un proyecto de ley para evitar estos subterfugios".
A su vez, el diputado Cristian Tapia (Independiente), comentó que el cuestionado mecanismo utilizado por Metrogas "es una irresponsabilidad y derechamente hay una sinvergüenzura de la empresa".
"La verdad es que cuando se legisló y sale este proyecto nadie pensó que podíamos tener una empresa de estas características, pero una vez más nos damos cuenta que en este país hay empresas y empresarios que solamente les importante llenar sus cuentas corrientes y ahí la gente queda sumamente desprotegida. Yo espero que la ley vaya sumamente fuerte en este aspecto y esta empresa pueda ser castigada como corresponde. No hay que dejar impune esta acción", manifestó.
Gobierno trabaja en proyecto
Desde el Gobierno, la ministra vocera, Camila Vallejo, señaló que lo de Metrogas "es algo que no podemos dejar pasar, es grave porque afecta y vulnera la fe pública, hay cuestiones que involucran obviamente a miles de familias en este sistema que se ha producido de abusos y ganancias, que además va en contra del espíritu de la ley".
Dicho eso, aseguró que desde el Ministerio de Energía se está trabajando en un proyecto que modifique las regulaciones de los mercados de gas licuado y gas natural, recogiendo, además, las observaciones realizadas por la FNE.
"Esto (el proyecto) debería ingresar ahora en el mes de julio o agosto, para poder avanzar en una legislación más robusta que se haga cargo no solamente del problema de los precios y las regulaciones necesarias en el mercado, sino que también en el ámbito de las sanciones".
También habló la decisión de descartar el proyecto del Gobierno anterior, señalando que "no resolvía este tema, no tenía nada que ver con prevenir este tipo de situaciones o resolver este tipo de situaciones, porque no tenía que ver con la rentabilidad integrada que se produce en el mercado, particularmente del gas natural, sino que decía relación con las posibilidades de acceder a los ductos y la ampliación del mercado, pero no la regulación en este tema".
"Lo que pasó es que se retiró este proyecto porque mezclaba dos mercados que son totalmente distintos y que requieren regulaciones distintas, en segundo lugar, no se hacía cargo de este problema y, en tercer lugar, teníamos que avanzar en una legislación que fuera legitimada, dialogada y que resolviera los problemas contingentes que tenemos en torno a los precios", añadió.
