Polémica ha generado la difusión de un capítulo del informe del mercado del gas elaborado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en el cual se da a entender que la empresa Metrogas, vía integración vertical, podría haber provocado alzas de hasta 20% en los precios gas natural.
Críticas hacia la firma por supuestamente buscar "subterfugios" y aprovecharse de un vacío legal, han surgido desde diversos sectores, a la vez que que se ha resaltado la necesidad de que el Ejecutivo presente pronto un proyecto que se haga cargo de esta situación, considerando que en enero la entonces administración de Sebastián Piñera presentó una iniciativa en esa línea, pero que fue retirada una vez que Gabriel Boric asumió en el poder.
El Gobierno ya ha anunciado que espera presentar una iniciativa en ese tenor dentro de las próximas semanas, pero se ha instalado la duda de por qué la propuesta de Piñera fue descartada.
Según dijo ayer la ministra vocera, Camila Vallejo, la iniciativa del Gobierno anterior "no resolvía el tema, no tenía nada que ver con prevenir este tipo de situaciones o resolver este tipo de situaciones, porque no tenía que ver con la rentabilidad integrada que se produce en el mercado, particularmente del gas natural".
"Lo que pasó es que se retiró este proyecto porque mezclaba dos mercados que son totalmente distintos y que requieren regulaciones distintas, en segundo lugar, no se hacía cargo del problema y, en tercer lugar, teníamos que avanzar en una legislación que fuera legitimada, dialogada y que resolviera los problemas contingentes que tenemos en torno a los precios", añadió.
Sin embargo, el ex biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Joet, salió a responder a Vallejo por Twitter y aseguró que "está equivocada la ministra, nuestro proyecto, que el Gobierno retiró, sí aborda el problema de integración vertical".
De hecho, el proyecto de Piñera tenía un artículo que reemplaza el artículo duocédimo transitorio actual de la Ley N°20.999, lo que apuntaba precisamente a corregir la situación de Metrogas y el contrato con su empresa relacionada Agesa, lo que, según la FNE, es la deficiencia legislativa que habría permitido esta inflación en los valores del gas natural.
Esa era una de las partes que la iniciativa buscaba perfeccionar en cuanto al mercado del gas natural de red. A ello, se suma el establecimiento de un procedimiento detallado para la solicitud y otorgamiento de dicho acceso abierto, así como los casos en que procede garantizar aquello.
En esa línea, el proyecto apuntaba a garantizar el acceso abierto para gasoductos y terminales GNL, y extender el acceso abierto a redes de distribución para abastecer a grandes clientes, negociado entre partes, pero con resolución de controversias mediante un Panel de Expertos.
También, y tomando como base las consideraciones de la FNE, el Gobierno anterior propuso reestructurar el mercado de gas licuado envasado, planteando la desintegración completa del mercado mayorista respecto del mercado minoristas.
En ese sentido, buscaba prohibir a los mayoristas comercialización directa al cliente final, estableciendo que solo los minoristas podrían hacerlo. Así, el proyecto señalaba que las actuales empresas que participan en ambos mercados -Gasco, Abastible y Lipigas- deberían elegir en cuál de estos permanecer.
La iniciativa tampoco permitía los contratos de exclusividad entre mayoristas y minoristas, si las empresas relacionadas entre mayoristas y minoristas.
Asimismo, planteaba que los minoristas podrían distribuir cilindros de diversas marcas mayoristas (multimarca) o cilindros propios en caso de registrarse como minoristas de marca propia, y exigía a mayoristas dar acceso abierto a minoristas de marca propia a plantas de envasado de GLP.
