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En la primera mitad del 2022, el stock de causas de proyectos de inversión judicializadas es de 82, lo que significa más del doble de lo que había durante el primer semestre del 2020, cuando eran 38. "Esto quiere decir que los tribunales ambientales tienen el doble de carga de trabajo, lo que podría derivar en que
se aumenten los tiempos de espera, lo que es perjudicial para los reclamantes, para la inversión y para la percepción de acceso a la justicia en general", advirtió Javier Irarrázaval, director de Políticas Públicas de la CPC. Desde que se crearon los tribunales ambientales, se han judicializado 169 proyectos, por un monto equivalente a US$ 50.723 millones.
Las causas se concentran en ocho sectores económicos, liderados por el rubro minero con más del 50% de los montos de inversión judicializados.
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