Una nueva investigación está llevando a cabo la Fiscalía Nacional Económica (FNE), esta vez, en el rubro de los casinos. Lo anterior derivó en un allanamiento por parte de personal policial a las casas de altos ejecutivos y directivos de los principales operadores del sector.
El hecho ocurrió la semana pasada y, los actores consultados por este medio suponen que estaría relacionado con la autorización que entregó la semana pasada la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) a cinco concesionarias de juego que obtuvieron la renovación de sus permisos.
Los participantes fueron Dreams, que se volvió a adjudicar cuatro licencias ubicadas en las comunas de San Francisco de Mostazal (Monticello), Temuco, Valdivia y Punta Arenas; Marina del Sor con tres en Calama, Talcahuano y Osorno; Enjoy con una en Los Ángeles; el grupo español Egasa que tiene una en Capiapó; y por último el Grupo Empresas Cardoen continuó con la operación de Colchagua, en Santa Cruz.
La FNE aún no se ha referido públicamente a la investigación -ni entregado mayores detalles al respecto-, la cual se da en medio de una megafusión en el sector, ya que Enjoy y Dreams acordaron juntar sus negocios, la cual se encuentra en proceso de análisis por parte de la FNE.
Al hacer una radiografía del rubro, se constata que este está regulado por la Ley N°19.995 del año 2005, que entre otras cosas, creó la SCJ, un organismo autónomo encargado de fiscalizar la industria de casinos de juego en el país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la normativa señalada, puede autorizarse el funcionamiento de hasta 24 casinos de juego a nivel nacional.
Cada región puede contar con un máximo de tres casinos de juego, con excepción de la Región Metropolitana donde no puede haber casinos. Con todo, del límite permitido no se considera la comuna de Arica, ya que la ley establece un régimen especial que permite la existencia de un número ilimitado de recintos de juego en dicho territorio. De esta forma, a la fecha, existen 26 casinos de juego en operación en el país.
En concreto, los casinos de juego son sociedades anónimas cerradas, gestionadas por una sociedad operadora, cuando respecta a los permisos otorgados bajo la Ley N°19.995, o por una concesionaria, en el caso de los casinos municipales.
Hasta 2020, la Superintendencia reportó que tres grupos concentraron el 73% de las licencias de juego, y en el desglose por participación de mercado se desprende que el 31% de los permisos de operación los obtuvo Enjoy; seguido por el 27% que se adjudicó Sun Dreams; un 15% para Marina del Sol y el 27% restante que fueron otorgados a otra firmas.
Según el reglamento, estos establecimientos ofrecen cinco categorías de juego, que son: máquinas de azar, cartas, ruleta, dados y bingo. Por su parte, los casinos municipales deben operar las categorías que les exige su contrato de concesión.
Es por ello que solo en uno de los casinos municipales se opera bingo, como en Viña del Mar, y en tres casos no hay mesas de dados -Arica, Pucón y Natales-.
Al 18 de marzo de 2020, la oferta de juego en el país alcanzaba a 23.621 posiciones, lo que se distribuye en 15.626 máquinas de azar, 1.463 posiciones de ruleta, 4.112 posiciones de cartas, 271 posiciones de dados y 2.149 posiciones de bingo.
Aporte tributario
En el primer trimestre de este año los casinos de juego registraron ingresos brutos por $132.556 millones, un 6,4% menos que lo recaudado en igual periodo de 2019, previo a la pandemia.
No obstante, los ingresos fueron un 12,2% mayores a los percibidos en 2020, año en el cual los casinos operaron con normalidad hasta el 18 de marzo y luego fueron cerrados por la irrupción del covid-19.
De todas formas, comparado con el año 2021, periodo en el cual su funcionamiento se vio limitado debido a las restricciones sanitarias, los ingresos del primer trimestre del año 2022 son aproximadamente 4 veces superiores.
En cuanto a las visitas, se registraron 1.482.736 personas que ingresaron a los 26 casinos en operación, lo que corresponde a un 54% de la afluencia de público previo a la pandemia. Además, en los primeros tres meses del año se evidenció un gasto promedio de $89.335 por visita, lo que implica un incremento real de casi 30% al contrastar con el primer trimestre de 2019.
"Enterada de la investigación, esta asociación prestará toda su colaboración a las autoridades, a fin de esclarecer cualquier duda respecto de sus acciones"
Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ)
Se debe tener en cuenta que desde el 21 de enero en la comuna de Coquimbo opera el casino Enjoy Coquimbo, el que desde esa fecha se incorporó a este régimen, contribuyendo con los impuestos acá señalados y con el pago de la oferta económica anual al municipio.
Los montos agregados a nivel de industria se dividen en $19.331 millones que corresponden al impuesto específico al juego destinados a los gobiernos regionales y municipalidades para el financiamiento de obras de desarrollo.
A los que se suman otros $18.392 millones asociados al pago de IVA por los ingresos del juego, y $4.960 millones correspondientes al impuesto por entrada a las salas de juego, que se destinan a los fondos generales de la nación.
Reacciones a investigación de la FNE
Desde la industria han reaccionado a la investigación que lleva adelante la FNE. A través de una escueta declaración, la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) señaló que los casinos asociados "respetan profundamente el marco legal chileno y realizan sus labores en estricto apego a la ley".
"Enterada de la investigación, esta asociación prestará toda su colaboración a las autoridades, a fin de esclarecer cualquier duda respecto de sus acciones", agregó.
Por su parte, Enjoy expuso en una declaración que tiene "absoluta convicción de haber actuado siempre conforme a la normativa aplicable, incluida aquella relativa a la libre competencia".
"Asimismo, Enjoy S.A. confía en que la investigación concluirá que la conducta de la sociedad y de sus ejecutivos principales se ha ajustado siempre a la ley y a los más altos estándares de ética empresarial".
Mientras que Dreams señaló que "rechazamos categóricamente cualquier vinculación de nuestra compañía con prácticas que atenten contra la Libre Competencia y manifestamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades correspondientes. En la misma línea, la compañía continuará participando con la FNE en el análisis de la propuesta de fusión con otro operador del mercado local iniciada el 3 de mayo de 2022".
En cuanto a la licitación presuntamente en cuestión, expuso que "nuestra visión es que el menor interés mostrado por diferentes actores del mercado puede deberse al daño económico ocasionado tras permanecer 15 meses sin abrir producto de la pandemia y, asimismo, a que el proceso no haya generado las condiciones necesarias para atraer a más competidores: este año, a diferencia de lo que ocurrió en procesos anteriores, no participó ninguna de las grandes cadenas internacionales, ni siquiera aquellas que ya operan en Latinoamérica".
En tanto, la SCJ afirmó que "cada institución debe cumplir con lo que le mandata la ley y a esta Superintendencia no le corresponde opinar respecto de las investigaciones que realiza un organismo independiente como la Fiscalía Nacional Económica, las que además, son de carácter reservadas y confidenciales".
