Con los retiros del 10% se evidenció una realidad – que si bien se sabía – no se tomaba el peso de su dimensión: las miles de pensiones de alimentos impagas que afectan a mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes no cuentan con recursos para su manutención.
Para hacer frente a aquello, el Gobierno ingresó al Congreso en mayo el proyecto de responsabilidad parental y pago efectivo de deuda de alimentos, el cual este lunes culminó su tramitación, siendo
aprobado y despachado por la Cámara de Diputados tras votación unánime y, por no haber sido objeto de indicaciones, quedó listo para convertirse en ley.
La iniciativa busca establecer un mecanismo de pago permanente de la deuda de pensión de alimentos, y también, mejorar el acceso sobre la información financiera de los deudores, siendo el Estado el encargado de investigar las cuentas bancarias u otros instrumentos, velando por la justicia y dignidad.
¿Cómo funcionará?
Si existe al menos una mensualidad de pensión de alimentos adeudada, se podrá solicitar al tribunal que dictó la resolución en donde consta la deuda, que ordene el pago a través de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión y financieros, y en las cuentas de ahorro previsional voluntario.
En el caso de existan tres mensualidades de pensión de alimentos adeudadas, ya sea total o parcial, continua o discontinua, el tribunal ordenará el pago mediante los fondos que existan en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatoria del deudor, sí y solo sí, el alimentante no mantiene fondos en cuentas bancarias, cuentas de APV o instrumentos financieros o de inversión, o si éstos son insuficientes para el pago total de la deuda.
Adicionalmente, esta ley inhabita a las personas que tenga una inscripción vigente en el Registro de Deudores a ejercer cargos públicos a gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal
Debate en la Cámara Baja
Al inicio de la discusión en el hemiciclo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, afirmó que, "hemos logrado poner el bien común de la niñez y las mujeres madres adelante".
En ese sentido, la jefa de la cartera explicó que la situación es grave, ya que existen “más 900 millones de dólares de pagos adeudaos en solo la retención de pagos del 10%”, y esto es directamente perjudicial para las mujeres, ya que, “en Chile, el 90% de los deudores son hombres y 6 de cada 10 hogares los lidera una mujer sola”, declaró la ministra Orellana.
La diputada Carolina Tello (PC), presidenta de la comisión de Mujer y Equidad de Género, señaló que, "conocemos la realidad de muchas mujeres que tienen que sacar a delante sus hogares, trabajar, hacer labores de cuidado y además, realizar un largo y doloroso peregrinaje, en la búsqueda de hacer efectivo el pago de alimentos, con las escaseas y poco efectivas herramientas que el sistema ha dado hasta hoy. Este proyecto entrega avances sustantivos que se suma al registro social de deudores".
En esa misma línea, la diputada Ana María Bravo (PS), presidenta de la comisión de la Familia, indicó que, "la iniciativa busca reforzar los procedimientos y establecer medidas efectivas a mejorar la tasa de padres involucrados en la manutención de hijos, que no solo es un deber legal, sino que ético, de responsabilidad en la relación parental".
Asimismo, la diputada Carlina Marzán (PPD), aseguró que “la pandemia reveló un punto de critico de irresponsabilidad, descriterio y falta de humanidad. Un 84% de padres que tiene una deuda judicializada, no cumple. Lamentablemente, tenemos que legislar para que una cuota de conciencia y amor cale en el corazón de a quienes se les permite la bendición de ser padres”.
Por su parte, la diputada Erika Olivera (IND), expuso que “este proyecto busca hacer justicia por los niños, niñas y adolescentes, que por años han sido vulnerados por algo tan básico como ser alimentados y cuidados. Este proyecto no busca hacer conciencia en aquellas personas que jamás la han tenido, lo que busca este proyecto es que esas personas que no han cumplido en pagar, en el presente y el futuro, paguen lo que corresponde”.
Finalmente, la diputada Marlén Pérez (IND), agregó que "esto es lo que espera la gente que voto por nosotros, legislar en favor de las personas. Esta ley es una historia demanda de nuestras mujeres. Aquí estamos saldando una deuda con los niños. Esta nueva ley tiene que ser el piso mínimo para nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Registro nacional de deudores de alimentos
El proyecto recién aprobado por la Cámara, se suma a la Ley de registro nacional de deudores, que fue aprobada a fines del 2021. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género está trabajando en la implementación y espera que entre en vigencia en noviembre del 2022.
El objetivo es implementar un mecanismo de registro electrónico, del cual estará a cargo del Registro Civil, a aquellos padres o madres que deban pensión de alimentos por tres meses consecutivos y cinco discontinuos.
Esta ley establece protocolos que permiten la retención de fondos del deudor o sanciones, como, por ejemplo: En el caso de venta de inmuebles o vehículos motorizados, se podrán inscribir la transferencia, solo en la medida que se acredite que, con las ganancias de la venta, se pagarán los alimentos.
Asimismo, en la etapa de devolución de impuestos, la Tesorería General de la República podrá retener el dinero a los deudores. También, cuando alguno de los tres poderes del Estado realice contrataciones o ascensos, al deudor se le retendrá un porcentaje de su sueldo para cancelar la deuda.
Y en modo de sanción, los deudores de alimentos no podrán renovar sus licencias de conducir ni tampoco sus pasaportes.
