Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura.
El Mercurio
Hace casi un mes que el Ministerio de Agricultura instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para suspender la tramitación de todas las solicitudes de subdivisión de predios rústicos en que se sospeche que el suelo no será destinado a uso agrícola.
Lo anterior, según Minagri, se dispuso luego de que se constatara la proliferación de proyectos de loteos (parcelaciones) en áreas rurales que estarían vulnerando la normativa vigente, simulando que continúan el destino agrícola del predio cuando en realidad cambian a destino habitacional.
Asimismo, el Ejecutivo señaló en ese entonces que la determinación responde al deterioro de los sistemas agroproductivos y del equilibrio ecológico donde se desarrollan, amenazando la sustentabilidad local, como por ejemplo, a propósito de la sobre demanda de sistemas de Agua Potable Rural (APR), del aumento de concentración de residuos domiciliarios que demandan nuevos servicios de recolección y de la presión para desarrollar nueva infraestructura enérgica y vial, entre otros aspectos.
Según datos del SAG, las solicitudes de subdivisión de predios agrícolas ha aumentado exponencialmente en los últimos años, pasando de un promedio de 10 mil requerimientos en 2019 a 19 mil en 2021, un alza de 90%, mientras que para este año, la entidad proyecta un peak de 20 mil solicitudes.
En respuesta, actores de la industria inmobiliaria se lanzaron en contra de las autoridades acusando ilegalidad en este medida. De hecho, a principios de agosto un grupo de empresas constituyó a la Asociación Gremial de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA), organización que ahora presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, el subsecretario de la cartera, José Guajardo, y los directores nacionales del SAG, Andrea Collao y Rodrigo Astete.
Esta materia fue abordada por,Tomás Prado, presidente de la Asociación Gremial Chile Rural, entidad creada a principios de junio que agrupa a unas 50 empresas del sector inmobiliario y proyectos de loteos y parcelas, quien afirmó a Emol fines de julio que "el impacto es gigantesco, por que de un día para otro cambiaron las reglas de forma arbitraria e ilegal, no hay rubro que resista bien un impacto así".
Además, Prado aclaró que "el sólo hecho de subdividir no puede estimarse como un acto que conlleve el cambio de destino del predio. Antes de subdividirse el predio es de uso agrícola, ganadero y forestal. Después de expedido el certificado del SAG, sigue siendo así".
Otro portavoz fue
Mario Anfruns Bustos, gerente general de Anfruns Propiedades, quien por la misma fecha manifestó en una carta dirigida El Mercurio que "la modificación y la prohibición para continuar con este sistema atentan contra los principios básicos del respeto a la normativa vigente y es por eso que urge una nueva ley que se adapte a la realidad que hoy vivimos de migración desde la ciudad al campo por una calidad de vida mejor".
"El Ministerio de Agricultura cuenta con toda la información para regular, en base a instrumentos de planificación, las áreas rurales sin entorpecer el avance de los proyectos inmobiliarios. Incluso, la clasificación de suelo existente hoy y el elvantamiento de áreas protegidas, entre otros antecedentes, pueden delimitar de forma objetiva los distintos usos de suelo sin tener que prohibir las subdivisiones", y remarcó "veo poca voluntad del Gobierno para sentarse a conversar y planificar el 98% de la superficie del país".
Anfruns también advirtió que "de no hacerlo, traerá consecuencias impredecibles en cuanto al valor de los terrenos e incluso aumentando artificialmente el precio de los proyectos de subdivisión aprobados antes de la prohibición".
En entrevista con este medio, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió al tema, y aseveró: "lo que hemos hecho son instructivos para cumplir leyes nacionales que nos obligan para que el Ministerio de Vivienda nos diga que esto es una subdivisión agrícola, que estos mega loteos de más de 70 lotes, es una subdivisión agrícola o un proyecto inmobiliario".
"Nosotros creemos que es legal, que es una obligación de coordinación, que hay leyes que están sobre la acción del Ministerio, las leyes de desarrollo urbano, las leyes de bosque nativo, y que estamos tranquilos esperando lo que determinen la justicia"
Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura
Tras ello, el secretario de Estado destacó que existe "un fallo de esta semana que la Contraloría de Los Lagos ante el reclamo de un particular contra este instructivo que nos dio la razón, pero están en su legítimo derecho que las mega inmobiliarias que han tenido un buen negocio con las parcelaciones a gran escala, hagan saber sus reclamos,
y nosotros vamos a responder y esperaremos lo que diga la justicia".
En paralelo, la autoridad comentó que "sigue avanzando el comité técnico de varios ministerios, encabezados por Vivienda, que permita una legislación permanente y clara al respecto, que no niegue la posibilidad de que exista esta idea de condominos en terrenos rústicos de mala calidad, y por tanto, que no afectan la soberanía alimentaria del país".
"Nosotros creemos que es legal, que es una obligación de coordinación, que hay leyes que están sobre la acción del Ministerio, las leyes de desarrollo urbano, las leyes de bosque nativo, y que estamos tranquilos esperando lo que determinen la justicia", concluyó Valenzuela.
