Tras el Plebiscito constitucional del 4 de septiembre, reflotó el debate sobre la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), conocido como TPP-11. Este acuerdo descansa desde hace varios años en el Senado, y en lo más reciente surgieron voces desde el Gobierno para señalar que durante los próximos meses se retomaría su discusión.
Es más, la ministra de Relaciones Exteriores,
Antonia Urrejola, adelantó este lunes que el plan es avanzar en la firma de este tratado, pero que Chile está negociando no hacer aplicable para el país el mecanismo de solución de controversias contenido en el texto.
"Lo que queremos es, en un tema donde hay posiciones contrapuestas, poder ver cómo podemos avanzar buscando consensos y haciéndonos cargo de las diferencias que hay. Para nadie es una sorpresa que la coalición haya sido muy crítica del TPP-11", dijo la canciller tras participar del comité político en La Moneda.
"Desde esa perspectiva, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales ha estado trabajando con los distintos países firmantes -del TPP-11- para ver la suscripción de side letters que nos permita cumplir con el programa de Gobierno, avanzar con el TPP-11 y hacernos cargos de algunas de las críticas", agregó.
Y es que según ha trascendido, nuestro país ya habría enviado con ese fin las denominadas side letters - una herramienta de intercambio de notas, bilateral, para poder alcanzar acuerdos o entendimientos sobre alguna norma del tratado en cuestión- a los diez países miembros: Australia, Canadá, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam, Brunei y Malasia.
En la misma línea, el ministro de Economía, Nicolás Grau, comentó, en entrevista con Radio Universo, "somos un Gobierno que creemos en el comercio internacional, que creemos en los tratados entre países para efectos de mejorar el acceso a mercado, creemos que siempre es muy importante que esos acuerdos sean positivos, que sean buenos para el país, y esta agenda la está llevando a cabo Relaciones Exteriores".
"Se va a activar a través de un diálogo con los distintos actores políticos, y la forma en que se va a anunciar ese diálogo se va a anunciar durante los próximos días", manifestó el secretario de Estado.
Sobre esto también reflexionó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien indicó a Radio Pauta que "hoy estamos en una situación donde la dos potencias disputan el ámbito comercial, y también se está sumando Europa. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo queremos enfrentar esta situación, si lo vamos a hacer solos o como parte de un bloque".
Una tramitación estacanda
Fue a inicios de marzo de 2018, cuando, en una ceremonia encabezada por la entonces Presidenta Michelle Bachelet, los cancilleres de Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, sellaron el acuerdo en Viña del Mar.
A cuatro años de aquello, ya son diez los países que lo han ratificado, pero, en el caso de Chile, el tema ha generado un acalorado debate producto de las diferentes visiones en torno al impacto que generaría para el país este tratado.
El proyecto aprobatorio ingresó a trámite legislativo a principios de noviembre de ese año, e inició su debate en la Sala de la Cámara en marzo de 2019, con la exposición de los informes de las cuatro comisiones que lo analizaron -dos de ellos favorables y dos negativos-, logrando ser despachado por la Corporación en abril. Sin embargo, su discusión se encuentra congelada desde ese entonces.
La votación del acuerdo concitó 77 votos favorables y 68 en contra, junto con dos abstenciones, margen que permitió su paso a segundo trámite en el Senado.
El TPP-11 permite a Chile ingresar a un comercio con casi 500 millones de personas, reduciendo drásticamente los aranceles entre los países miembros, fortaleciendo de paso la alianza Asia-Pacífico. El grupo representa el 13% del PIB mundial y el 15% del comercio internacional.
Por esas fechas, el oficialismo defendió el tratado, al considerarlo beneficioso para el desarrollo exportador de Chile, con tasas cero o rebajadas para miles de productos nacionales en países donde hoy están limitadas y por constituir un elemento que favorecía el crecimiento y la generación de empleo.
La iniciativa contó con el apoyo de todo Chile Vamos, además de algunos parlamentarios -en ese entonces, de la oposición-, como Jaime Tohá (PS), José Pérez (PR), Fernando Meza (PR), Pepe Auth (ind. pro PR), Daniel Verdessi (DC), Carlos Jarpa (PR), Matías Walker (DC) y Miguel Ángel Calisto (DC).
Mientras que las abstenciones provinieron de Iván Flores (DC) y Manuel Matta (DC).
Pero las posturas estaban bastante polarizadas. De hecho, la mayor parte de la oposición se manifestó en contra del acuerdo, estimándolo negativo para los intereses chilenos en materia laboral, medioambiental y agrícola, entre otros, con una fuerte crítica a la asociación con Brunei y sus leyes contrarias a los derechos humanos.
Entre los votos de rechazo destacó la bancada completa del PPD, esto pese a que fue el presidente de su partido en 2019, el ex canciller Heraldo Muñoz, quien impulsó el tratado durante el Gobierno de Bachelet. A ellos se sumaron gran parte de los socialistas y todo el Frente Amplio, bloque parte de la alianza que llevó a Gabriel Boric a la presidencia.
"Después no reclamen, colegas tomen conciencia de lo que vamos a hacer. Pido un poco de reflexión, porque los que estamos aquí nadie sabe las externalidades del tratado, no se han medido", dijo la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS) y enfatizó que "nunca más un gol de media cancha como quiere pasar este Gobierno".
"Los riesgos e incertidumbres superan con creces los beneficios, por eso votaré en contra", dijo el ex diputado de RD y ahora integrante del equipo de asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, manifestando su oposición respecto del pacto.
Mientras que el ex diputado de RN, Alejandro Santana, indicó que "día que pasa perdemos competencia frente a otros países. Creemos que hay oportunidades, se ha explicado en forma profunda que todos los mitos que atentan contra esta política de Estado no son ciertos".
