Son 45 las empresas forestales que se han unido a la demanda contra el Estado de la Asociación de Contratistas Forestales por falta de servicios, con el fin de ser indemnizados por los constantes y crecientes ataques incendiarios y robos de mandera de los que han sido víctimas desde 2017.
Sobre eso,
Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), manifestó en
EmolTV su total apoyo, ya que "son ellos los que sufren más, por lo que les deseamos el mejor de los éxitos en el proceso".
En esa línea, al ser consultado si es que Corma se sumaría a una demanda de ese estilo, afirmó que "no descartamos ningún camino".
"Nadie hoy día discute que ha habido falta de estado de derecho, el Estado tiene que hacerse parte de resarcir a las víctimas", agregó.
Asimismo, informó que la Asociaron de Contratistas Forestales, "en estos últimos años, denunciaron que han tenido pérdidas por daños de más de US$200 millones y eso significa una capacidad muy mermada de poder mantenerse en la actividad, en el poder invertir y seguir participando", por lo que respaldó la decisión tomada por las 45 empresas denunciantes.
El representante de la Corporación Maderera se refirió a la difícil que situación que atraviesa el sector forestal. Específicamente, abordó lo que significa el robo de madera para la industria y la sociedad, dado que dicho acto delictivo, según Ugarte atenta con otra la "seguridad publica, impulsa el financiamiento hacia bandas armadas y dificulta la restauración del Estado de Derecho".
En esa línea, afirmó que "lamentablemente", de los "dos mil casos que han sido puestos a disposición del Ministerio Público durante los últimos cuatro años, en solo el 1% el Ejecutivo se ha hecho parte de la denuncia".
Entendiendo la magnitud del delito, el presidente de Corma instó a que el Gobierno se haga parte de las denuncias y querellas, para así, "tener mayor éxito" en el proceso judicial, ya que según los datos que el maneja, de las dos mil causas referidas anteriormente, solo 50 llegaron a buen puerto y se sancionó a los responsables".
Asimismo, dio a conocer la magnitud de los costos monetarios por los daños provocados por antisociales, "en los últimos tres años han quebrado 20 empresas donde 1.600 trabajadores han perdido sus empleos. Respecto a los costos monetarios, hace 4 años las pérdidas por daños fueron de US$20 millones, el años pasado fue de US$92 millones y lo que llevamos este años son US$ 50 millones, y estas cifras son insostenibles", y llamó a que el foco se ponga en los delitos en flagrancia, ya que "hoy se contempla pasivamente cuando están robando, cuando están haciendo usurpación de predios, cuando están atacando centros poblados o vecinos, y no se puede hacer nada".
