Un álgido debate se llevó a cabo en la comisión de Constitución del Senado, donde se invitó al ministro de Economía, Nicolás Grau y al subsecretario de Pesca Julio Salas, para discutir sobre el proyecto que declara la nulidad de la Ley de Pesca.
Este proyecto ya fue aprobado por la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura y por la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, antes de ser conocida por el Senado.
Respecto al contenido, en su único artículo señala: "declárase insanablemente nula la ley N° 20.657". Y luego, indica que entrará en vigencia el día que se publique en el Diario Oficial una nueva ley sobre Pesca y Acuicultura, sin embargo "este plazo no podrá ser superior a dos años desde la publicación".
En esta oportunidad, el ministro Grau adelantó que en abril y mayo del próximo año, el Ejecutivo ingresará un nuevo proyecto de Ley de Pesca, luego de terminar una ronda de diálogos con los sectores de la pesca artesanal, la industria, los sindicatos, y el mundo de la academia.
La presentación del secretario de Estado fue interrumpida por los senadores miembros de la comisión de Constitución, quienes de forma transversal, solicitaron referirse al tema en tabla: el proyecto de nulidad de la Ley de pesca.
Los parlamentarios, desde de la UDI al PS, criticaron el proyecto y pidieron precisión y claridad al Ejecutivo respecto a la posición jurídica. Asimismo, pusieron sobre la mesa avanzar en la derogación del proyecto y no en la nulidad, por los efectos negativos que esto podría traer.
La senadora Luz Eliana Ebensperger (UDI), partió de la base que ella no aprobará el proyecto presentado, y explicó que "jurídicamente no existe la nulidad de una ley, y es extremadamente peligroso. Se puede suspender, prorrogar, derogar. Pero la nulidad y la derogación son distintas, la nulidad priva de los efectos a todos los actos celebrados bajo su imperio desde su implementación. Una eventual nulidad podría producir efectos en los que intervinieron, y va a afectar a personas que no intervinieron directamente. La derogación no tiene efectos retroactivos".
Por su parte, el senador Alfonso De Urresti (PS), afirmó que el proyecto de nulidad "es un atentado a la inteligencia. Me parece que está bien que la quieran derogar, pero hay que cumplir las leyes".
"Estoy por derogarla porque tiene orígenes oscuros. ¿Qué es lo que es la nulidad? ¿Y por qué se dan dos años para la entrada en vigencia? Le pido precisión y claridad", interpeló De Urresti al ministro de Economía.
El senador Pedro Araya (DC), afirmó que el proyecto presentado "no tiene efectos prácticos legales. No existe la nulidad en la legislación chilena. Lo que corresponde en este caso es la derogación”.
Finalmete, el senador Rodrigo Galilea (RN), dijo "este proyecto no es del Gobierno, es una moción parlamentaria. No sé por qué se sienten obligados a darle urgencia o soporte a algo que es profundamente discutido y que hay bastantes posibilidades de que esto no logre avanzar".
"Yo no me embarcaría en un bote que no es mío, es mucho más lógico avanzar en qué se puede mejorar", agregó Galilea.
Ante las críticas, Grau afirmó que "esto no es un hecho irrelevante o una simple cuestión cosmética”" ya que "si tiene efectos, el efecto práctico es que hay mucho debate y tensión. La gran tensión tiene que ver con la legitimidad de esta ley, si uno despeja este tema, la discusión se puede centrar en los sustantivo".
Respecto al cuestionamiento de los dos años de entrada en vigencia, explicó que "nosotros no creemos que durante estos dos años se vaya generar un vacío legal durante ese período".
No obstante, la respuesta no corformó a los parlamentarios. Por lo que la comisión le pedirá un informe por escrito al Gobierno respecto a su postura jurídica respecto al proyecto de nulidad y sus efectos.
Subsecretario de Pesca
El subsecretario de Pesca, Julio Salas, defendió el proyecto y afirmó que "la derogación está planteada cuando ya no satisface el interés general o el sentir de la ciudadanía, pero la derogación no fue pensada para las infracciones al procedimiento como fue esta. Es por eso que surge la nulidad".
"En el caso de optar por la derogación, quienes generaron el delito de sobornos vería protegidos ante la derogación. Los mismo que fueron castigados por el delito de soborno, se verían beneficiados"
Argumento que levantó las alarmas al presidente de la comisión, Matías Walker (DC), quien al término de la sesión indicó que "quedo muy preocupado con su intervención, porque si el Gobierno opta por la derogación, que a nuestro juicio como comisión es la manera más limpia de avanzar, se genera la opción de tener que indemnizar a las personas que tenían un derecho patrimonial sobre las licencias, es decir que ya no podríamos seguir ese camino, porque si fuera abogado de esas empresas tomaría esta sesión y pediría la indemnización".
