El texto menciona que para lograr aquello se buscará crear un sistema previsional mixto, "basado en los principios de la seguridad social en el que contribuyen el Estado, las y los empleadores y los trabajadores y trabajadoras". Asimismo, plantea que otro de sus ejes es la mejora de la Pensión Garantizada Universal (PGU), para llevarla a $250 mil.
En el mensaje del Ejecutivo se menciona que el sistema actual, bajo una lógica "eminentemente individual, ha dejado en evidencia sus limitaciones estructurales para otorgar pensiones dignas". Con todo, sí se destaca, por ejemplo, la introducción del pilar solidario en 2008, durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, o la reciente creación de la PGU en 2022, bajo la administración de Sebastián Piñera.
Para enfrentar esta situación es que la reforma se fundamenta en la necesidad de aumentar las pensiones actuales y futuras, avanzar hacia un sistema mixto, reforzar la libertad de elección, mejorar la eficiencia del sistema, redefinir el rol del sector privado, y terminar con la exposición indeseada a riesgos individuales.
En el detalle del informe financiero, se revela que este nuevo sistema estará integrado por dos tres pilares: uno no contributivo, formado por la PGU y pensiones solidarias; uno contribuivo, con un componente de ahorro individual y otro de seguro social; y finalmente, un pilar voluntario. Todo lo anterior, proyectado hacia 2024, involucraría un mayor gasto fiscal de $755.040 millones; de $1.508.606 millones al 2025; de $2.294.595 millones al 2026; hasta totalizar los $5.329.476 millones al 2050.
Efectos macroeconómicos
El reporte regulatorio trae un análisis detallado de los efectos macroeconómicos que tendría la iniciativa, que en lo grueso modifica el sistema de AFPs, creando un nuevo administrador estatal que convivirá con nuevos gestores privados, y aumenta la cotización previsional obligatoria -con cargo al empleador- en 6% en un lapso de seis años.
El informe cuantifica cuánto afectaría dicho amento de cotización en variables como el empleo, el PIB per cpaíta, el stock de capital, el consumo, el ahorro.
Así, por ejemplo, se prevé que la reforma permitirá aumenta el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en el largo plazo. La cotización del 6% con cargo al empleador y destinada en su totalidad, en régimen, a un Fondo Integrado de Pensiones aumenta el ahorro en la economía y con ello la inversión y el stock de capital, contribuyendo positivamente al crecimiento económico, proyectándose un nivel de PIB per cápita de 1,1% adicional en el largo plazo.
También se estima que la reforma permitirá aumentar la profundidad del mercado de capitales chileno, de hecho, los cálculos apuntan a que el stock de activos de los fondos previsionales invertidos en el mercado doméstico irá aumentando paulatinamente desde el 27% del Producto Interno Bruto (PIB) actualmente a 33,3% del PIB en 2030 y cerca del 61% del PIB al 2050.
Se proyecta que la propuesta contribuirá a mejorar el empleo formal en el largo plazo. "Los beneficios entregados por el Seguro Social son condicionales a los aportes realizados por las personas cotizantes. Entonces, para aquellas personas de bajos ingresos, principalmente aquellas pertenecientes a los dos primeros quintiles, aumentan los incentivos a la formalidad, ya que los beneficios futuros que reciben en pensiones son mayores a los aportes realizados durante su vida activa", señala.
En consecuencia, plantea que "existe un beneficio neto adicional de participar en la formalidad, que se estima en un aumento de 2% en el largo plazo y, para el caso del primer quintil, de 10,7% en el largo plazo. El Seguro Social genera un incentivo mayor a trabajar en la formalidad que la capitalización individual. Al comparar los efectos de largo plazo de la reforma con una alternativa, en donde la totalidad de la cotización adicional se destina a las cuentas individuales, se observa un efecto positivo respecto del empleo formal en el primero caso, mientras en el segundo, una disminución".
