La solicitud de liquidación voluntaria en tribunales por parte de la empresa constructora Claro Vicuña y Valenzuela, cuya deuda asciende a más de $44 mil millones, sigue generando preocupación en la industria, el Parlamento y el Gobierno, especialmente por el riesgo que supone para la continuidad de iniciativas de infraestructura pública.
Sobre todo, considerando que no es la única que enfrenta un escenario complejo. A la fecha varias otras firmas han pedido la quiebra o reorganización, producto de la delicada situación financiera que viven gracias un contundente cóctel, que incluye las alzas del dólar, de los combustibles y fletes, que encarecen los materiales, unido a una relativa escasez de mano de obra -que presiona los sueldos- la menor demanda de viviendas por la inflación, trabas crediticias, entre otros.
De hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al tema este martes, asegurando que "la situación de la construcción es compleja, se arrastra desde la época de la pandemia por el hecho de que muchas obras se suspendieron, y el Gobierno está generando los mecanismos suficientes para que el Estado no esté contribuyendo a las necesidades de las empresas".
"Vamos a tener novedades importantes esta semana, estamos generando nuevos incentivos y apoyos a las familias para los créditos, facilitar los programas de vivienda y tendremos anuncios durante los próximos días. Nos preocupa que la construcción pueda seguir adelante", añadió, agregando que "sobre empresas en particular, no están bajo nuestro control ni nuestra responsabilidad".
En ese sentido, una de las demandas más urgentes que ha planteado el sector de la construcción es el reajuste retroactivo para los contratos de obras de infraestructura pública que están en marcha y se vieron golpeados por la fuertes alzas de los costos de materiales, medida que, según explicó este lunes el Ministro de Obras Públicas (MOP), Juan Carlos García, se encuentra ya en revisión en la Contraloría General de la República.
De hecho, Sereli Pardo, subdirectora de Presupuestos de la Dipres, afirmó que esperan que esta semana el ente contralor tome razón de dicha iniciativa.
Según consignó El Mercurio, el reajuste retroactivo reconocerá un incremento que no podrá superar el 20% del presupuesto ofertado originalmente -excluyendo la utilidad- por las compañías que quieran acogerse a la medida que tendrá carácter voluntario.
El titular del MOP indicó ante la comisión de Economía de la Cámara, instancia que realizó una sesión exclusivamente para abordar la crisis del sector de la construcción, que esto regirá desde el 1 de septiembre de 2021, pues desde esa fecha se desacopló el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -que es reconocido en los contratos del MOP- con el alza de los materiales.
La iniciativa involucrará unos $350 mil millones.
Asimismo, el titular del MOP expuso que "como en septiembre de 2021 se desacopla el IPC del alza de los materiales, ese es el momento donde hay que hacer este reajuste retroactivo adicional. Esto para todos los contratos que hoy día están vigentes y que no son parte de una recepción, a partir de lo que apruebe la Contraloría por supuesto".
Para dar este paso, la cartera tuvo que crear primero un reajuste polinómico para contratos nuevos a contar de septiembre de 2022, proyecto que el MOP anunció en julio pasado. Esta herramienta permite obtener el índice polinómico, que es una corrección monetaria que se utiliza en el sector de la construcción de obras, para reflejar la variación efectiva que experimentan los costos de la construcción.
Está conformado por los valores de los ítems publicados, ponderados por coeficientes que dependen de la composición de insumos para cada contrato.
El ministro García señaló además que la principal dificultad que enfrenta su ministerio está en los 96 contratos de obras que han sido abandonados, cifra que representa un 5,8% del total de los contratos. Además, mencionó que hay otros 95 calificados como "en riesgo", que involucran a 87 empresas del rubro.
