Mucho ha dado que hablar la reforma previsional del Gobierno, proyecto que promete un complejo debate, cuyo objetivo principal es impulsar medidas que se hagan cargo de las bajas pensiones actuales y futuras.
Para eso, en el nuevo sistema ya no existirán las AFPs, y
los afiliados tendrán la posibilidad de elegir entre gestores de inversiones privados o un gestor de inversiones público -que se llamará Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA)- ambos regulados por la Superintendencia de Pensiones.
La misión de este nuevo gestor de inversiones público será entonces velar por la maximización de la rentabilidad de largo plazo del fondo común del 6% adicional y del 10,5%, sujeta a niveles adecuados de riesgo -pese a que en el 10% de cotización las personas podrán optar por llevarlo a un Inversor Privado de Pensiones (IPP), deberán hacer el trámite, ya que por default irá al IPPA-.
¿Qué implica esto? En otras palabras, el Estado tendría un rol mucho más activo en el mercado de capitales, de suma relevancia por la contribución que hace, a través del proceso de ahorro e inversión, al desarrollo de los países, particularmente en la generación de empleo y la estabilidad económica de los mismos.
De hecho, en las últimas intervenciones públicas que ha hecho Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, uno de los mensajes que ha repetido es la importancia de recuperar el mercado de capitales tras el deterioro causado por los retiros del 10%.
"En la medida que exista ahorro, y aumento de ahorro (...), eso va a favorecer la intermediación, la profundización del mercado de capitales, y en la medida que eso se materialice, vamos a tener efectos positivos sobre crecimiento de largo plazo", dijo Costa la semana pasada, tras la presentación del Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del segundo semestre de 2022.
Pero la idea de que el Estado tenga mayor poder en el mercado de capitales ha despertado ciertos cuestionamientos, ya que ello implica, por ejemplo, que en el mercado de renta fija el Estado ya no solo será el principal emisor de deuda, sino también el principal inversor, lo que implica financiamiento directo al Fisco.
También podría decidir si se financia o no un proyecto de infraestructura privado, y al mismo tiempo, el IPPA podría nombrar directores en las empresas privadas en las que participe.
Mayor poder de mercado
Al ser consultado por el tema, Pablo Castañeda, académico de la Escuela de Negocios UAI, mencionó ciertos riesgos en este escenario, como un "uso de poder de mercado y de toma de decisiones de inversión que se alejen del mejor interés de los futuros pensionados, algo similar a lo que ocurre con las AFP".
Asimismo, sostuvo que "la asignación por omisión de los fondos de los cotizantes que no manifiesten su preferencia por un IPP en favor del IPPA rompen el natural balance de fuerzas. Al respecto, resulta preferible una regla de asignación neutra, que no favorezca a ninguno de los gestores de activos en forma predefinida".
Por su parte, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Humberto Borges, señaló que una mayor exposición en el mercado de capitales implica que "el Estado puede decidir invertir en algunos negocios y no en otros, ya que puede saber de antemano la realización de alguna norma que subvencione una industria u otra. Además, el Estado es juez y parte".
"Lo podríamos definir como que no existiría libre competencia en los mercados de capitales. Además, lo más importante: el rol del Estado no es de ser empresario. Este último tema es gravitante, ya que actualmente el Estado cuenta con empresas (Codelco) e indirectamente puede apostar por sus propias empresas, convirtiéndose en un inversor desleal", acotó.
Actualmente, el Estado se relaciona con las AFPs a través de los bonos soberanos que las administradoras aquieren, principalmente para los fondos C,D y E, ya que estos son más seguros y están en renta fija. "Esto sería otro problema, ya que el Estado puede realizar autopréstamos comprando bonos soberanos", apuntó Borges.
"Lo podríamos definir como que no existiría libre competencia en los mercados de capitales. Además, lo más importante, el rol del Estado no es de ser empresario. Este último tema es gravitante, ya que actualmente el Estado cuenta con empresas (Codelco) e indirectamente puede apostar por sus propias empresas, convirtiéndose en un inversor desleal"
Humberto Borges, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado
En tanto,
Leonardo Hernández, director alterno de Clapes UC y profesor de la Escuela de Administración UC, recalcó que "es altamente probable que el inversor público, IPPA, termine administrando una parte importante de los recursos previsionales, con lo que tendrá mucho
'poder de mercado'".
"El Estado tendrá entonces poder de mercado para afectar los precios de los instrumentos financieros, al ser un inversionista importante (o 'grande'), además de ser el regulador del mercado y de la industria de pensiones, lo que le da acceso a información de la industria que los privados no tienen", deslizó Hernández.
Y resaltó que "tendrá un conflicto de intereses al ser el principal emisor de instrumentos de renta fija que compran los fondos de pensiones", añadiendo que "esto puede llevar a que, por presiones políticas, se termine financiando y no con cargo al Presupuesto, sino con fondos previsionales, proyectos públicos 'socialmente rentables' que a la larga no son más que elefantes blancos".
A este respecto, Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, afirmó que "tiene que haber algún mecanismo de control, y aquí me parece que es importante que haya una separación entre la Superintendencia de Pensiones y el IPPA, ya que, en ambos, los máximos nombramientos pasan por el presidente de la república. Dado el riesgo para la estabilidad financiera de una entidad de este tamaño, y su peso en el mercado de capitales, algún rol pudiese cumplir el Banco Central".
