Luego de una pausa para debatir el proyecto de Ley de Presupuestos 2023, este lunes se reanudó la discusión en particular de la reforma tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Fue a principios de noviembre que la instancia terminó de revisar las normativas para combatir la elusión y evasión, y la única que había quedado pendiente -pues generaba mayores roces entre el oficialismo y la oposición-, era la figura del
denunciante anónimo.
En el proyecto de ley se señalaba que el denunciante anónimo podrá operar en dos situaciones: primero, se menciona que un tercero que denuncie un delito podrá obtener el 10% del monto de las multas aplicadas por el tribunal, pero si la denuncia fue maliciosamente falsa, este será sancionado con una multa de 100 UTA.
Mientras que el segundo caso apunta a que una parte involucrada en un delito tributario podrá autodenunciarse, recibiendo como beneficios evitar sanciones penales o rebajarlas en hasta dos grados.
Pero ante las dudas que este instrumento generaba entre diputados de oposición, el Gobierno ingresó un indicación para precisar su funcionamiento, en la que define que tendrán la calidad de denunciante anónimo todas "las personas naturales que, de manera voluntaria y en la forma que establezca el Servicio mediante resolución, colaboren con investigaciones de hechos constitutivos de delitos tributarios aportando antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos para el Servicio, para la detección, constatación o acreditación del presunto infractor o imputado de dichos delitos".
Asimismo, la enmienda del Ejecutivo modifica el texto original de tal manera que ya no tendrá la calidad de denunciante anónimo "quienes hayan incurrido en la conducta sancionada o ejerzan un cargo de administración o dirección respecto de la entidad denunciada cuando corresponda".
Junto con ello, se establece que quien solicite que se le otorgue la calidad de denunciante anónimo y aporte antecedentes sabiendo que son falsos, "será sancionado con las penas de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 15 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las acciones que el denunciado pudiese interponer para resarcir los perjuicios causados". Y en aquellos casos, en que el sancionado fuera considerado denunciante anónimo, adicionalmente, perderá dicha calidad.
El debate
Pese a que la enmienda fue aprobada por 7 votos a favor, los 5 sufragios en contra provinieron de la oposición que se cuadró para mantener su rechazo a la propuesta. De hecho, el RN Miguel Mellado sostuvo que "difiero de esto porque creo que no está yendo hacia donde habíamos conversado anteriormente, y lo que estaba escrito en esta propuesta del mismo Ministerio de Hacienda. Yo lamento eso, porque nos dicen una cosa y nos traen una cosa distinta, no sé si para proteger a los que denuncian en forma fraudulenta porque hay una competencia desleal".
Desde la UDI, el diputado
Guillermo Ramírez deslizó que la medida "no recauda nada, las personas están incentivadas a hacer denuncias incluso falsas, porque en una de esas, si sale algo, tengo un premio y es el tipo de cosas que generan al final esta desconfianza, que no es necesaria para que tengamos más inversiones, y por tanto, más crecimiento".
Agustín Romero, del Partido Republicano, señaló que "se está creando un empresa de cazarrecompensas, una nueva industria de abogados contadores que se van a dedicar a esto y van a participar funcionarios públicos que van a tener la posibilidad de hacerse un sueldito con esto. Va a ser un incentivo para que personas que quieran atentar en contra de sus competidores puedan hacerlo, y les salga gratis".
Ahora bien, el diputado Alexis Sepúlveda (PR) cuestionó que "no podríamos avanzar en nada si actúo sobre la premisa de que todos van a actuar de mala fe, y que lo que estamos buscando, que es un bien público validado por todos, finalmente no avanzo con él porque corro el riesgo de que alguien no actúe adecuadamente y las denuncias se puedan prestar para sacar competidores de carrera. Yo creo que eso es no querer avanzar en el fondo del asunto".
En tanto, la diputada Gael Yeomans (CS), manifestó "me gustaría ver mayor disposición a avanzar y en esta materia el incentivar la posibilidad de que exista denuncia anónima a mí me parece que es una figura que deberíamos no solo propiciar desde el Gobierno y su reforma, sino que también desde las distintas posiciones que hay en esta mesa, porque también tiene que ver con perseguir delitos".
Mientas que su par socialista y quien preside la instancia, Jaime Naranjo, aseguró que "es la cuarta propuesta que tenemos sobre la mesa y aún así la consideran insuficiente y a mí me preocupa y alarma es que se insinúe que esto puede incluso afectar las inversiones en nuestro país. Es decir, en un país se incentivan las inversiones cuando hay chipe libre para eludir y evadir, ¿eso estamos diciendo?".
"Me sorprende que en vez de atacar el impacto que eso genera, en vez de atacar a quienes se ponen al margen de la ley se pretende amparar, por diversas palabras y argumentos, a los que se ponen al margen de la ley", añadió.
Una vez concluido el análisis de esta materia, los parlamentarios procedieron a votar el capítulo de procedimientos ante Tesorería General de la República, y avalaron la propuesta del Gobierno de rebajar el guarismo del interés moratorio por todo impuesto o contribución que no se pague dentro del plazo legal desde el 1,5% mensual que se planteaba originalmente, hasta 0,9%.
Se espera que la comisión retome la votación en particular de la reforma tributaria a eso de las 10 de la mañana de este martes, específicamente para revisar el capítulo que fija normas de fiscalización y regula la relación entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los contribuyentes.
