La reforma previsional que se discute en la comisión de Trabajo de la Cámara Baja contiene un amplio abanico de cambios que, además de sus efectos en las pensiones, tiene impacto en la industria del ahorro previsional. Así, se propone separar la administración de las cuentas de la gestión de las inversiones. Lo primero queda en manos de un Administrador Previsional (APA) a partir del actual Instituto de Previsión Social (IPS), financiado con presupuesto fiscal. Para la inversión de los ahorros, en tanto, existirá un inversor público y autónomo (IPPA), que contará con un directorio elegido y ratificado por el Senado, se financiará inicialmente a partir de un préstamo fiscal por US$ 450 millones y luego con comisiones; y a elección del cotizante, inversores previsionales privados (IPP). Bajo este esquema, será el IPPA el que gestionará en forma exclusiva el 6% de cotización adicional que propone la reforma y el 10,5% que actualmente cotizan los afiliados -salvo que el afiliado indique lo contrario- adquiriendo así esta entidad un rol muy importante en el mercado de capitales, dado que instituciones y empresas recurren a los fondos de pensiones para obtener capital y solventar así sus operaciones y proyectos.
