Una sesión para analizar la situación de las isapres, tras el fallo de la Corte Suprema, fue la que se llevó a cabo este martes en la comisión de Salud del Senado.
En concreto, el máximo tribunal ordenó a dichas entidades aplicar la nueva tabla de factores -dictada en diciembre de 2019 por el regulador- a todos sus afiliados y, además, restituirles los cobros extra que podrían derivar de la adecuación.
A la instancia concurrió la ministra del ramo,
Ximena Aguilera, el superintendente de Salud,
Víctor Torres y el presidente de la Asociación de Isapres,
Gonzalo Simon, quienes analizaron las implicancias del fallo y los riegos que supondría su aplicación para el sistema privado de salud.
En ese sentido, la ministra Aguilera, recalcó que el fallo del máximo tribunal "pone fin a un vacío normativo que existía desde el año 2010, cuando el Tribunal Constitucional había derogado dicha tabla por no ajustarse a los principios de la seguridad social".
Además de mencionar que se trata de un dictamen "complejo" pues toca aspectos relacionados con el estado financiero de las isapres, la secretaria de Estado sostuvo que este "define un nuevo escenario, con nuevas reglas de la cual tenemos que hacernos cargo".
Tras ello, la titular de la cartera de Salud puso el acento en tres temas. Así, expresó que "esta es una situación que está larvada desde hace varias décadas ya, y que es producto de un modelo de negocios que se ha judicializado en sus diversos aspectos, y que eso se ha ido arrastrando a través del tiempo. Hemos llegado a este momento en el que la Corte Suprema se ha pronunciado estableciendo estas nuevas reglas, por lo tanto, esta es una situación que viene de arrastre, que no hemos provocado nosotros como Gobierno".
Lo que sí, señaló que "como Gobierno nos vamos a hacer cargo de esta situación, y vamos a resguardar principalmente los derechos de los afiliados de las isapres, resguardando que mantengan una protección, y de que el espíritu del trabajo del Gobierno es siempre en un sentido en el que existe una colaboración público-privada".
Por último, indicó que "mientas se analizan las consecuencias de este fallo, y se establece el mecanismo, nosotros vamos a propugnar un fortalecimiento del seguro público, de Fonasa, de manera de que aumente la posibilidad de protección financiera de sus afiliados con iniciativas como la que presentamos anteriormente y otras que puedan surgir a la luz del análisis de las implicancias de este fallo".
En esa línea, el superintendente de Salud, Víctor Torres, detalló una serie de antecedentes para dar cuenta del vacío normativo que zanjó la Suprema, y aseguró que los múltiples reclamos de los afiliados en tribunales han llevado a un escenario de "judicialización y de incertidumbre en la fórmula del cálculo", y que si bien la resolución da una claridad que no existía, eso no obsta el impacto económico que "puedan tener las isapres".
Junto con ello, valoró el plazo de seis meses otorgado por el máximo tribunal para dictar las normas que permitan aplicar el fallo, recalcando que ello debe hacerse "con algunas connotaciones, de racionalidad y de prudencia, que me parecen fundamentales para evitar un efecto económico".
Isapres descartan salvataje
Frente a esto, Gonzalo Simon, manifestó que el fallo de la Corte "hay que cumplirlo a cabalidad", añadiendo que "entendemos que la sentencia lo que pretende es dar transparencia, es uniformar y simplificar el funcionamiento, pero también entendemos que (el fallo) no es para destruir el sistema, no tiene por propósito destruirlo, y por lo tanto la implementación tiene que tener los ciudadanos suficientes para que no ocurra ese evento".
"Las isapres no están buscando un salvataje ni un rescate, lo único que se busca es una implementación de la sentencia que no provoque el cierre del sector privado de salud"
Gonzalo Simon, presidente de la Asociación de Isapres
Luego, remarcó que
"las isapres no están buscando un salvataje ni un rescate, lo único que se busca es una implementación de la sentencia que no provoque el cierre del sector privado de salud".
"La implementación, insistimos, tiene que ser correcta, adecuada, prudente, oportuna", añadió.
Con todo, Simon sí declaro que se debe conocer en un plazo "relativamente corto" el contenido de la implementación, puesto que la situación "está generando incertidumbre en las personas, en los afiliados, en los beneficiarios, en los prestadores de salud, y evidentemente, también en las isapres. Se necesita certeza para poder seguir operando de aquí en adelante".
Respecto del impacto sobre el sistema que tendrían las medidas que pueda tomar la Superintendencia de Salud, subrayó que este ya cuenta con pérdidas acumuladas en los últimos años de $270 mil millones, "por lo tanto, evidentemente que cualquier medida que, eventualmente, pueda tener un efecto en la situación financiera lo que hace es agravar esta situación".
Por otro lado, en cuanto a la exención de la tabla de factores para los menores de dos años que establece el fallo, el presidente de la Asociación de Isapres mencionó que "en una estimación gruesa, que no es muy detallada, se ha llegado a la conclusión de que el impacto que esto tiene es tremendamente fuerte para el sistema (...). Va a tener una baja en los ingresos del orden de los $40 mil millones anuales", lo que "viene a agravar el déficit y las magnitudes que están contenidas en esta exención son muy importantes".
Lo anterior, ya que según lo resuelto por la Suprema, las entidades sí pueden aplicar la tabla de factores, pero no cualquiera, sino que solo la que definió la Superintendencia de Salud. Además, las pueden incorporar en el precio del plan de salud a las cargas de los afiliados, pero usando los mismos factores definidos en la tabla del regulador.
