Trabajadores de gremios de la salud y justicia se reunieron este viernes afuera del Ministerio de Hacienda para exigir la incorporación total al reajuste salarial del sector público, proyecto que pasó al Senado esta semana.
El acuerdo alcanzando entre el Ejecutivo y los trabajadores establece un reajuste en 12% a todo sueldo igual o menor a los $2.200.000 brutos mensuales. Mientras que los funcionarios que perciben una renta superior, se estableció un reajuste fijo de $264 mil brutos mensuales. Acuerdo que no fue compartido por las asociaciones del Poder Judicial, Fiscalía, el Colegio Médico, y otros.
Estos grupos acusan ser "excluidos y discriminados" por parte del Gobierno y exigen el reajuste completo en sus salarios, es decir alcanzar el 12% y no los $264 mil en el caso de que las remuneraciones superen los $2.200.000.
Ante esta situación el Gobierno - a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel y su par del Trabajo, Jeannette Jara - ha explicado en reiteradas ocasiones que todos los funcionarios del sector público están considerados en el reajuste, salvo el Presidente de la República, parlamentarios, ministros, subsecretarios y delegados presidenciales.
{Trabajadores de la salud y justicia}
En la concentración que hicieron los trabajadores en el frontis del Ministerio de Hacienda, los trabajadores manifestaron sus molestias sobre las decisiones que ha tomado el Ejecutivo.
Incluso, esta disconformidad ha llevado a funcionarios del Ministerio Público a paralizar sus actividades y reagendar audiencias.
Francisco Bravo, presidente de la asociación de Fiscales dijo que "el Gobierno ha señalado en varias ocasiones que la seguridad es una prioridad. Estamos preocupados por el alza de los homicidios, por los crímenes violentos, por el crimen organizado. Asimismo, la ministra de Justicia ha señalado que hay que cuidar la fiscalía, pero yo le quiero decir que esta no es la manera de cuidar la Fiscalía, porque dan un mensaje a quienes hacemos la persecución penal diciéndole que el reajuste del 12% no es para ellos".
"El mensaje que da el Gobierno es un mensaje de absoluta incoherencia. En vez de fortalecer las áreas de salud, de justicia, lo que hacen es decirle a los médicos y a los fiscales: váyanse del sector público".
Del mismo modo, Marilu Lozano, en representación del Colegio de Dentistas criticó el actuar del Ejecutivo."No sé qué parte no entiende el Gobierno de 'sin discriminación', no se qué parte no entiende el Gobierno de tener igualdad ante la ley, eso en este minuto no existe. Hemos sido discriminados, no les importamos, nos han cerrado la puerta en la cara", dijo Lozano.
Por su parte, Susana Jarufe, dirigente nacional de Representante de la Asociación de Profesionales de la Salud, exigió "sueldos dignos y un trabajo decente para atender a nuestros pacientes".
Finalmente, Francisca Crispi, Presidenta del Colegio Médico de Santiago indicó que "es tremendamente contradictorio que en momentos que necesitamos fortalecer la salud pública tenemos tremendos desafíos".
"Tenemos las urgencias colapsadas. Al mismo tiempo tenemos más de 2 millones de personas en lista de espera con consulta por especialidad, más de 400 mil personas esperando cirugía, y no considerar al personal medico que se tiene que hace cargo de esa demanda en el reajuste completo es contradictorio con la necesidad de fortalecer al sector en esta situación", agregó.
