El holding estadounidense UnitedHeatlh Group (UHG), controlador de las isapres Banmédica y Vida tres en Chile, activará los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos para reclamar compensaciones al Estado chileno.
Esto, en medio de la compleja situación financiera por la que cruza la industria de las aseguradoras privadas de salud en el país y que se ha agravada por el reciente fallo de la Corte Suprema en materia de tablas de factores, en el que el tribunal instruyó que todos los planes de isapres deberán ajustarse a la tabla única de factores dictada en 2019 por la Superintendencia de Salud, además de restituir los fondos que se hayan cobrado en exceso.
Así UHG se convirtió en el segundo controlador de isapres que decide activar el mecanismo de resolución de controversias ¿El primero? Bupa (British United Provident Association), empresa ligada a isapre Cruz Blanca.
Con todo, según expuso ayer en entrevista con VíaX el Presidente, Gabriel Boric, el Gobierno está "preocupado" de la situación de la isapres en el país, aunque sostuvo que "hay un modelo de negocios que fracasó, las isapres no es que sean víctimas de un sistema injusto. Abusaron durante demasiado tiempo de vacíos legales y de la falta de iniciativa política para mejorar el sistema y hoy día están viendo las consecuencias. Entonces la solución tiene que estar en la gente, y no desde la perspectiva del salvataje de la industria".
"Este es un tema mu sensible, pero lo estamos trabajando para que no suceda este colapso", agregó.
De todas formas, la arremetida de las isapres lleva a recordar el historial de controversias que ha tenido Chile con inversionistas extranjeros, el cual muestra que en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -institución que pertenece al Banco Mundial, y líder global en arreglos de diferencias relativas a inversiones entre países- existe una tendencia favorable a los intereses chilenos.
Las experiencias de Chile
A la fecha, el Estado chileno se ha enfrentado a seis solicitudes de arbitraje de inversionistas extranjeros ante el Ciadi, de las cuales dos están pendientes de fallo.
La primera de ellas fue en 1998, luego de que el chileno-español Víctor Pey y la Fundación Salvador Allende demandaran al Estado por los perjuicios derivados de la expropiación del diario Clarín durante la dictadura. Chile resultó triunfador de manera definitiva en 2020.
Luego, en 2003 el inversionista español Eduardo Vieira demandó al Estado, acusando el incumplimiento del acuerdo bilateral de inversiones con España firmado en 1991, pero vigente desde 1994.
Medidas expropiatorias que dañaban el trato justo y equitativo del acuerdo, eran parte de las imputaciones. Sin embargo, tres años más tarde, el Ciadi rechazó la solicitud porque la controversia objeto de esa demanda ocurrió antes de 1994.
En 2017, los controladores de las operadoras del Transantiago Alsacia y Express demandaron al Estado de Chile acudiendo al mecanismo de solución de disputas incluido en el TLC con Colombia, debido a los perjuicios que, según ellos, provocaron los cambios de contratos de concesión.
En 2021 el Ciadi falló a favor de Chile.
Posteriormente, la eléctrica de capitales colombianos ISA alegó ante el Ciado que Chile violó el capítulo de inversiones del TLC con Colombia en 2021. El fallo está pendiente.
Ese mismo año, ADP International y Vinci, consorcio detrás del Aeropuerto de Santiago (Nuevo Pudahuel) demandó a Chile por el perjuicio económico que les habrían provocado las medidas gubernamentales en el manejo de la pandemia.
De acuerdo a las empresas, se habría transgredido el tratado bilateral de inversiones entre Chile y Francia. La sentencia está pendiente.
La única derrota de Chile fue en 2007, en un caso que involucró a la firma malasia MTD Equity, la cual demandó al Estado en 2001 acusando incumplimiento de su obligación de otorgar permisos necesarios para un megaproyecto inmobiliario en Pirque.
El fallo obligó al pago de una indemnización a los inversionistas.
A todo lo anterior se suman los reclamos formales contra Chile tras la aprobación de la Ley N°21.330 que permitió a los pensionados solicitar un adelanto de un 10% de las rentas vitalicias contratadas con las compañías de seguros.
