La comisión de Hacienda del Senado sesionó este martes para analizar las implicancias de la puesta en marcha del cobro del IVA a los servicios profesionales en Chile, normativa que entró en vigencia el 1 de enero de 2023 con el objeto de acopiar recursos para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Lo anterior implica que decenas de servicios prestados que previamente no se encontraban afectos a ese impuesto deberán cumplir con la obligación de agregar un 19% al valor del servicio y emitir la documentación tributaria correspondiente.
En la instancia estuvieron presentes representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el Colegio de Contadores de Chile y Conapyme, quienes mostraron una vez más los impactos que la entrada en vigencia de la legislación podría generar en sus sectores.
Con todo, pese a estos reclamos, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, volvió a descartar cambios a la aplicación de la medida, como ha sido su postura desde un primer momento.
En ese sentido, el jefe de la billetera fiscal dijo que "hay varias empresas que se nombran no son exactamente pymes, y son justamente esas empresas donde viene una parte importante de la recaudación".
"La gran mayoría de las intervenciones se refieren al fondo y no a la forma de implementarse, y consistente con ello, vemos que hay propuesta que apuntan a derogar la ley y otras para cambiar el sistema de IVA. Lo primero que hay que decir es que cuando el Congreso aprueba la ley y lo hace con una aplicación diferida no es para que se vuelta a discutir la ley, sino que para que se pueda adaptar su implementación", acotó.
El secretario de Estado subrayó que "me parece que la discusión está planteada en un plano que no es el que estamos. Cuando nos toca aplicar una ley, aunque sea diferida, nos preocupamos de aplicarla de la mejor manera posible".
"No está en la agenda del Gobierno ni derogar la legislación que se aprobó hace un año atrás, ni postergar el corazón de esta medida tributaria porque tenemos la obligación de mantener finanzas públicas ordenadas. Y por lo tanto, no podemos estar improvisando en la política fiscal sobre la base de los reclamos o problemas que se manifiesten en el último minuto de la aplicación de una ley, cuando ya tenemos Presupuesto aprobado"
Mario Marcel, ministro de Hacienda
Asimismo, Marcel expuso que
"este impuesto es la medida más importante para financiar la PGU". De hecho, este año se espera que los ingresos fiscales que provengan de este tributo cubran cerca del 60% de total de los mayores gastos que significa dicho beneficio.
A este respecto, el titular de Teatinos 120 recalcó que "el Presupuesto para el 2023 ya está hecho, ya está aprobado por este Congreso. Ese Presupuesto contempla que se recauden los US$500 millones provenientes del IVA a los servicios. Por lo tanto, por una discusión de una última hora nosotros no podemos deshacer el Presupuesto, y cortar US$500 millones a un montón de cosas porque no vamos a tener estos ingresos".
Junto con ello, zanjó que si bien existe disposición desde el Ejecutivo para dialogar sobre el tema, "aún cuando esta legislación haya sido propuesta por el Gobierno anterior, y nosotros no hayamos sido parte de ese proceso, ni hayamos votado a favor en su momento, consideramos de que eliminar la exención del IVA a los servicios profesionales es una norma de racionalización tributaria".
"Muchas veces discutimos sobre eliminar exenciones en abstracto, cuando le ponemos carne a eso siempre va a aparecer alguien que tiene que pagar más impuestos, pero un sistema tributario que está lleno de exenciones, no quiero decir que sea el nuestro, no es un sistema más justo. Es un sistema generalmente más injusto, porque termina estando expuesto a las presiones para ir agregando distintos beneficios tributarios", afirmó.
"Yo quisiera ser claro: no está en la agenda del Gobierno ni derogar la legislación que se aprobó hace un año atrás, ni postergar el corazón de esta medida tributaria porque tenemos la obligación de mantener finanzas públicas ordenadas. Y por lo tanto, no podemos estar improvisando en la política fiscal sobre la base de los reclamos o problemas que se manifiesten en el último minuto de la aplicación de una ley, cuando ya tenemos Presupuesto aprobado", sostuvo el ministro de Hacienda.
