El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes.
El Mercurio
Este miércoles, el polémico proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera -Región de Coquimbo- recibió el portazo del Gobierno de Gabriel Boric, luego de que en su primera sesión ordinaria del año el Comité de Ministros rechazara la iniciativa por decisión unánime.
"Fueron acogidas doce reclamaciones respecto de este proyecto", sostuvo la ministra de Medio Ambiente,
Maisa Rojas, quien preside la instancia conformada por seis ministerios y que estuvieron reunidos por cerca de tres horas. "
Por lo tanto, queda con una evaluación desfavorable el proyecto minero-portuario Dominga", agregó la secretaria de Estado.
Con todo, la empresa Andes Iron, titular de la inversión avaluada en US$2.500 millones, anunció que acudirá a tribunales ambientales para revertir lo resuelto esta mañana por el Comité de Ministros.
La firma recalcó que son los tribunales ambientales las instancias que analizan los proyectos "en su mérito técnico y jurídico", resaltando que allí "hemos obtenido resultados favorables, por lo que estamos confiados en que al final del proceso imperará la justicia y la verdad".
Desde el sector empresarial entregaron su visión respecto al tema. En ese sentido, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, aseguró que "es una mala noticia. El Comité de Ministros le da la espalda a la evidencia técnica, impidiendo que avance un proyecto que ha cumplido con las exigencias de la institucionalidad medioambiental, y que creará 30 mil puestos de trabajo, aportará al Estado US$500 millones en impuestos que pueden ser destinados a fines sociales, proveerá de agua potable gratis a La Higuera, entre otros beneficios para la comunidad".
"Lo que necesita nuestro país para crear más empleos, es que se puedan concretar proyectos de inversión en equilibrio con el resguardo del medio ambiente, como es el caso de Dominga. Pero esta decisión, en que primaron los criterios políticos por sobre la objetividad técnica, atenta contra la necesaria certeza jurídica que todo emprendedor e inversionista requiere para desarrollar iniciativas que generan crecimiento y bienestar social"
Ricardo Mewes, presidente de la CPC
"Lo que necesita nuestro país para crear más empleos, es que se puedan concretar proyectos de inversión en equilibrio con el resguardo del medio ambiente, como es el caso de Dominga.
Pero esta decisión, en que primaron los criterios políticos por sobre la objetividad técnica, atenta contra la necesaria certeza jurídica que todo emprendedor e inversionista requiere para desarrollar iniciativas que generan crecimiento y bienestar social", añadió.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, lamentó que en la decisión del Comité de Ministros hayan prevalecido consideraciones políticas en lugar de un análisis técnico. "Más que una decisión técnica, la determinación parece ser el cumplimiento de un compromiso asumido durante la campaña presidencial. Por ello, era muy difícil que sus ministros contradijeran al Mandatario y aprobaran la inversión", sostuvo.
El titular del gremio minero afirmó que este proyecto ha sido respaldado en todas las instancias técnicas, y su retraso obedece a "una estrategia de judicialización que se ha repetido en otros casos, lo cual por cierto lamentamos".
"Uno entiende que en la etapa inicial del proyecto se alegara falta de información o algunas deficiencias desde el punto de vista de las evaluaciones, pero después de diez años de tramitación, con todas las aclaraciones y las autorizaciones de los organismos técnicos, este Gobierno tenía la oportunidad de hacer un análisis nuevo sobre el proyecto y evaluarlo de acuerdo a sus propios méritos. Esto no implica, que tal como en otras materias, podría haber cambiado de opinión sobre Dominga, especialmente considerando la contribución al empleo y el desarrollo de la zona donde se emplaza", cerró el presidente de Sonami.
