La crisis en las isapres se agudiza y su futuro se torna incierto. Incluso, las aseguradoras han advertido una "crisis sanitaria" si es que el Gobierno no toma cartas en el asunto, ya que un eventual colapso del sistema terminaría con más de 3 millones de personas sin cobertura.
Las instituciones
están a la espera de las indicaciones de la Superintendencia de Salud respecto a cómo se deberá implementar la Tabla Única de Factores en los planes, instrucción ordenada por la Corte Suprema. Según el máximo tribunal, el órgano gubernamental tendrá de seis meses para informar el mecanismo, por ende se podría conocer en junio del presente año.
Atendiendo a la urgencia del tema, las isapres han manifestado que se trataría de un tiempo excesivo. Diagnóstico que ha sido compartido por la máxima autoridad de la Superintendencia de Salud, Victor Torres, quien aseguró que la respuesta estará antes de la fecha límite.
Este período de expectación y duda ha llevado a evaluar todos los escenarios posibles sobre el futuro de sistema de salud en Chile. Estudios, proyectos de ley y diversos foros se han tomado el debate público.
Entre ellos, se encuentran los informes desarrollados por el Instituto de Salud Pública Universidad Andrés Bello, donde se evalúan los efectos que podrían tener los eventuales cambios en el sistema.
Efecto sobre salarios de médicos
En la "Radiografía laboral de los médicos", donde se analizan los efectos salariales que se podrían generar producto de cambios en la estructura conocida, se identifican dos posibles escenarios:
El escenario número uno, plantea que no existen las isapres y solo hay seguros complementarios.
Por ende, algunas prestaciones realizadas a los ex beneficiarios de isapres son facturadas a través de la Modalidad Libre Elección (MLE) de Fonasa (consultas) y otras son facturadas a los seguros complementarios a los precios cobrados anteriormente a las isapres (procedimientos e intervenciones quirúrgicas), no obstante se asume que solo el 50% de los ex beneficiarios de isapres pueden tener acceso a seguros complementarios.
En tanto, el segundo escenario, asume que Fonasa elimina la posibilidad de atenderse en prestadores privados a través de la MLE, por lo cual se supone que solo los beneficiarios del grupo D tienen acceso a seguros complementarios y a la red privada de prestadores en iguales condiciones a las que tenían anteriormente.
Para los ex beneficiarios de isapres se asume que se mantienen las condiciones del primer escenario para procedimientos e intervenciones quirúrgicas, en cambio, para las consultas, al igual que para las otras prestaciones, solo el 50% es cubierta por los seguros complementarios.
Con teso, según el estudio, considerando solo las rentas variables de los médicos, la estimación de sus ingresos en un escenario basal podrían variar entre $29,07 y $45,37 millones anuales para cada uno de los médicos que potencialmente trabajarían en el sector privado atendiendo a beneficiarios de isapre y a los provenientes de los grupos B, C y D de fondos en la MLE del seguro público.
Además, establece que el impacto en los honorarios médicos, ante una hipotética eliminación de las isapres, o escenario uno, con una coexistencia de seguros complementarios que proporcionaría cobertura a un porcentaje de los beneficiarios (50% de ex isapres y a la totalidad de los del grupo D del fonasa), podría implicar una reducción de un 35% de los ingresos respecto de la situación basal.
Y un escenario dos, de eliminación de las isapres y de la MLE, la reducción de honorarios médicos sería de hasta un 61%.
Hasta marzo de 2022, según el Ministerio de Salud, los médicos en Chile ascendían a 59.513, de los cuales 22.029 (37%) están en el sistema hospitalario, 5.013 (8,4%) están en la atención primaria y 32.471 (54,6%) en otras instituciones. En comparación con el año 2007, los médicos eran 29.996 y su distribución era 10.589 (35,3%), 2.394 (8%) y 17.013 (56,7%), respectivamente.
Empleo en el sector privado de salud
En esa misma línea, la Universidad Andrés Bello publicó un informe que detalla cómo se vería afectado el empleo en el sector privado ante la posible caída del sistema de isapres.
Según el estudio, la cantidad de establecimientos asistenciales que pertenecen al sector público son 2.982. Seguido del sector privado y FF.AA y medicina legal con 1.200 y 131 establecimientos respectivamente.
Por otro lado, entre el año 2016 y el 2021, los profesionales, técnicos y auxiliares en salud crecieron un 59,2% alcanzando a 732.198 personas, según el registro nacional de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud.
Con todo, los datos muestran que el sector salud - y su empleabilidad - lo predominan las mujeres, ya que los profesionales, técnicos y auxiliares del género femenino alcanzaron 560.801 inscripciones, correspondientes al 76,6% del total. En consecuencia, el informe establece que cualquier efecto negativo en el empleo del sector salud puede ser tremendamente regresivo desde el punto de vista de la equidad de género.
Asimismo, se indica que la dotación de los prestadores del sector privado asciende a 321.777 personas. Con esta dotación se estableció que se era capaz de producir una frecuencia de prestaciones y un facturado total del año 2021, equivalentes a 164.050.678 prestaciones y $4.802.167 de millones, respectivamente.
Teniendo en consideración lo anterior, el estudio plantea que el impacto en las dotaciones de los prestadores del sector privado o de desempleados ante una hipotética eliminación de las isapres o escenario uno, con una coexistencia de seguros complementarios que proporcionaría cobertura a un porcentaje de los beneficiarios (50% de ex isapres y a la totalidad de los del grupo D del fonasa), podría implicar una reducción de personal que va desde -11,6% (37.310 personas menos), cuando se relaciona con la disminución de prestaciones y hasta un -33% (107.886 personas menos), cuando se relaciona con la disminución de los ingresos respecto de la situación basal.
Y en un escenario dos, de eliminación de las isapres y de la MLE, podría implicar una reducción de personal que va desde -58% (187.879 personas menos), cuando se relaciona con la disminución de prestaciones y hasta un -55% (177.806 personas menos), cuando se relaciona con la disminución de los ingresos.
