Las esquirlas que dejó la polémica en torno a avanzar hacia una "regulación distinta" para la industria forestal en medio de los incendios en la zona centro-sur, abierta por el propio Presidente Gabriel Boric, generó molestia en los privados, sector que acusa ataques permanentes de parte del Gobierno por diferentes crisis en materia de seguridad, salud, pensiones, entre otros.
La delicada y tensionada relación entre el Ejecutivo y los empresarios registró uno de sus capítulos más críticos luego de que el propio Mandatario instalara la idea, generando molestia en gremios como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Corporación Chilena de la Madera (Corma), y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
Pero el debate comenzó a crecer, luego de que varios alcaldes plantearan la opción de un royalty forestal y el mismo ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, dejara la puerta abierta a su análisis. Cual bola de nieve, el relato se fue asentando y fue la propia ministra del Interior, Carolina Tohá, quien tuvo que zanjar la controversia el miércoles pasado y aseguró que "en este Gobierno no está previsto hacer nuevas formulaciones tributarias más allá de las que están pensada en la reforma tributaria".
Esto, mientras que a juicio del presidente de la CPC, Ricardo Mewes, existe un cierto patrón de parte de las autoridades de endosar al sector privado responsabilidades que competen a otras esferas de resolución.
En la misma línea, el ex presidente del gremio y actual candidato constitucional, Juan Sutil, se refirió a los dichos de Tohá en conversación con Radio Agricultura, afirmando: "me parece que cierra bien en términos de decir, 'bueno, se terminó esa polémica', pero eso no quiere decir que hay otras almas dentro del propio Gobierno que precisamente en cada una de estas circunstancias terminan haciendo este tipo de comentarios que lo que hace es que genera una distancia también con el sector productivo y el sector empresarial".
Incendio en Viña del Mar y seguridad
A fines del año pasado se produjo otro episodio en que personeros del Gobierno responsabilizaron al mundo privado por el megaincendio forestal que afectó a Viña del Mar, en un contexto marcado por el déficit de viviendas y la falta de suelos para edificar.
En ese contexto, el Presidente Boric, entró al debate sobre las sospechas e intencionalidades del último siniestro ocurrido en la quinta región. "No hay espacio para inmobiliarias", afirmó el Mandatario, tras anunciar urgencia legislativa al proyecto de ley que prohíbe vender a las inmobiliarias los lugares que han sido devastados por incendios.
La acusaciones fueron abordadas por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, quien aseguró en primera instancia que "todo incendio forestal debiera ser investigado para establecer sus causas y, si se determina que fue intencional, encontrar a los culpables y sancionarlos ojalá de forma ejemplar, en especial cuando terminan por provocar tragedias como la que hemos conocido en esto días, de manera de inhibir que estos actos se repitan".
Dicho lo anterior, Vicuña recalcó que "es vital tomar este tema de manera responsable", agregando que como gremio
"no nos haremos cargo de acusaciones sin fundamento".
Otro ámbito que genera roces son las exigencias de La Moneda a los centros comerciales de fortalecer la seguridad tras los asaltos para gratificar la misma desconfianza y sospecha de siempre. Al respecto, Ricardo Mewes comentó a El Mercurio que "hay una tónica de algunos ministros, no de la ministra del Interior, pero sí de otros, en que inmediatamente responsabilizan en dichos casos al sector privado, y eso no da cuenta de las confianzas que hemos ido construyendo".
Crisis de isapres
En medio de la crisis financiera que atraviesan las aseguradoras privadas de salud, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, ha urgido al Gobierno para que clarifique pronto cómo implementará el fallo de la Corte Suprema, que les ordena aplicar la nueva tabla de factores, dictada en diciembre de 2019, a todos sus afiliados.
"Hoy día lo que hay es una crisis que puede desarrollarse, que puede tener consecuencias en los próximos meses, entonces no es el momento de ideologías, es el momento de encargarse de resolver los problemas de tal manera de que no haya perjuicio para las personas", dijo en entrevista con Radio Agricultura.
E insistió en que la principal tarea actualmente "es resolver el problema concreto que tenemos al frente, más allá de las ideologías. Cuando se haya resuelto eso, se haya vuelto a la estabilidad del sistema, lo lógico, efectivamente, es encargarse de una reforma. Nos parece que, efectivamente, el sector privado, necesita cambios, necesita modificaciones, y el sector público también. Esa reforma se tiene que hacer con un sistema que esté funcionando con algún grado de estabilidad".
A fines de enero el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en tanto, descartó tajantemente que el Gobierno no esté realizando esfuerzos para abordar la crisis por la que atraviesan las isapres, luego de que la asociación de aseguradoras suspendiera sus participación en la mesa de trabajo por "falta de medidas concretas".
El jefe de la billetera fiscal endureció el tono y recalcó que "parece muy inconsistente que, refiriéndose los fallos al desempeño y las decisiones que fueron tomando las isapres los años anteriores y habiendo habido una serie de acciones legales, las isapres se pongan en una situación de exigir determinadas acciones al Gobierno".
"Lo que corresponde es colaborar dado que todos tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía y los afiliados del sistema", agregó.
Encerronas y autopistas
En agosto de 2022, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, emplazó a las carreteras a asumir su responsabilidad en encerronas. "Necesitamos que también quienes administran las concesiones y carreteras tengan que avanzar en mejores medidas preventivas", indicó, afirmando que detener este tipo de delitos es además deber del Estado.
En esa línea, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) replicó que son parte de una mesa público-privada para prevenir y detener delitos como las encerronas.
"Seguirse resistiendo a los cambios con el monto de las pensiones que están pagando, la verdad es que es una irresponsabilidad con el futuro del país tremenda"
Jeannette Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social
Mediante un comunicado, Copsa replicó: "Somos parte de la mesa público- privada creada para coordinar las acciones de múltiples actores con el objeto de mejorar la identificación, prevención y detección de los delitos contra automovilistas cometidos en calles, avenidas y autopistas del país".
"En esta tarea, trabajamos en estrecha alianza con el Ministerio de Obras Públicas, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, PDI, las compañías aseguradoras, Aduanas y el Registro Civil; ya que entendemos que, aún cuando la persecución y sanción de delitos corresponde a las instituciones públicas, para dicho cometido, la coordinación, colaboración y trabajo serio y mancomunado entre los diversos actores es clave para generar las sinergias necesarias para enfrentar este tipo de delitos complejos", agregan.
En ese sentido, Copsa señaló creer que el aporte de la alianza público-privada generará bienestar para las personas: "Reiteramos que todos los medios que hoy disponemos, así como aquellos que podamos agregar en el corto y largo plazo, están a disposición de las instituciones en beneficio de las seguridad de las personas".
AFPs
Uno de los últimos dardos que lanzó el Ejecutivo vino de parte de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, quien, a propósito de la controversia que se generó por los dichos del superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, respecto al rol de las AFPs en la discusiones en torno a las reformas previsionales, emplazó a las administradoras a pensar "en la necesidad de esta reforma para el país. Van a tener espacio como privados, van a poder ser parte de la nueva institucionalidad privada".
"Pero seguirse resistiendo a los cambios con el monto de las pensiones que están pagando, la verdad es que es una irresponsabilidad con el futuro del país tremenda", aseveró, recalcando que "es una industria es incumbente y que ha tenido todo un desarrollo histórico en torno a oponerse a los cambios. Es hora de que eso vaya cambiando, no da para más el sistema"
