La Asociación de Isapres emitió una declaración a propósito de los lineamientos que se han conocido de la ley corta que impulsaría el Gobierno para hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema, que les ordenó regirse por la tabla de factores fijada en 2019 y restituir los cobros extra a los afiliados.
En cuanto a las cifras que han trascendido por eventuales devoluciones -que podría alcanzar os US$1.400 millones en 24 meses-, el gremio indica que "dichos montos equivalen a la utilidad total reportada por el sistema isapres en 33 años y son cuatro veces mayores al patrimonio de todo el sector, es decir, son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y que deben alertar sobre sus implicancias".
Junto con ello, mencionan que "lo presentado no da viabilidad a las isapres; al revés, sería la lápida del sector. Como proyecto carece de toda factibilidad financiera y genera expectativas desmedidas sobre supuestos 'cobros indebidos', cuya calificación resulta impropia y tajantemente rechazamos, pues la operación del sector cumple cabalmente los procedimientos instruidos, regulados y fiscalizados por los órganos estatales".
"Lo presentado no da viabilidad a las isapres; al revés, sería la lápida del sector. Como proyecto carece de toda factibilidad financiera y genera expectativas desmedidas sobre supuestos 'cobros indebidos', cuya calificación resulta impropia y tajantemente rechazamos, pues la operación del sector cumple cabalmente los procedimientos instruidos, regulados y fiscalizados por los órganos estatales"
Asociación de Isapres
"El proyecto que el Gobierno presente al parlamento debe ser factible, pues lo que nos convoca es cumplir el mandato de la Corte Suprema, custodiando las coberturas de tres millones de beneficiarios y la estabilidad de la red privada de salud, que atiende a 10 millones de chilenos cada año.
No tiene sentido alguno debatir sobre plazos de una propuesta, si ésta implica una inviabilidad operacional total al quebrantar el equilibrio financiero del sistema", recalcó la asociación.
Asimismo, acusan que "ha transcurrido más de la mitad del plazo que otorgó el máximo tribunal. Lo que corresponde ahora es comprometernos con la salud de los chilenos y encauzar el debate hacia soluciones reales. Estamos disponibles para trabajar con ese objetivo, sobre la base de propuestas viables que permitan cumplir con los planes de sus afiliados, entre ellos, cientos de miles de pacientes aquejados por enfermedades graves, crónicas y GES, que resultarían gravemente perjudicados con el término de sus coberturas".
