La polémica en torno a las plataformas de apuestas online en el país crece. Esto, luego de que hace algunos días el Servicio de Impuestos Internos (SII) excluyera del régimen simplificado de tributación del IVA para prestadores extranjeros a estos sitios de apuestas, los cuales han crecido de forma exponencial en Chile y se han hecho un espacio importante en el campo de auspicios deportivos.
Según el SII, estas empresas se encuentran "fuera del marco legal vigente", recalcando que "carecen de autorización para funcionar".
Así, y como ha sido recurrente en este debate, la Asociación Chilena de Casinos de Juego, salió a criticar a estas plataformas. Su presidenta,
Cecilia Valdés, subrayó en una carta a El Mercurio que el Ministerio de Hacienda respaldó la decisión del SII, "
señalando que en Chile el juego de azar es ilegal, excepto cuando está expresamente autorizado, como es el caso de la Polla Chilena o los casinos de juego".
Por eso, manifestó que "desde hace tiempo que las apuestas y juegos de azar online requieren de una ley que las autorice expresamente, ya que mientras esas ley no exista, actúan en ilegalidad. Los representantes de las plataformas han dicho que el Estado no puede rechazar los recursos que supuestamente pagarían".
"Este argumento no es sostenible. El que exista una necesidad financiera no justifica que el Estado ampare actividades ilegales bajo el argumento de recibir tributos. Chile es un país serio y debe resguardar su prestigio", agregó.
Además, Valdés sostuvo que "con estos anuncios de las autoridades se abre una oportunidad grande como sociedad para discutir una legislación que no solo hable de los impuestos, sino que considere otras externalidades que, de no ser controladas, pueden ser nocivas".
"Desde hace tiempo que las apuestas y juegos de azar online requieren de una ley que las autorice expresamente, ya que mientras esas ley no exista, actúan en ilegalidad. Los representantes de las plataformas han dicho que el Estado no puede rechazar los recursos que supuestamente pagarían".
Cecilia Valdés
"Es fundamental generar una regulación que permita la existencia de plataformas digitales, que promueva el juego responsable, evite el juego infantil, vaya en línea con la ley de protección de datos personales para proteger a los consumidores, trabaje en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero en la prevención de lavado de activos financieros, cuente con altos estándares de cumplimiento y contribuya al desarrollo de la sociedad, tal como se hizo la Ley 19.995 que autorizó a los casinos de juego para que fueran polos de desarrollo turístico en sus regionales", acotó.
Plataformas se defienden
A esto, respondió el abogado de las plataformas Betano, Betsson, Coolbet y Latamwin, Carlos Baeza, quien por el mismo medio expuso que difiere respecto a la "interpretación en relación a la ilicitud de esta actividad".
"Más allá del aporte inmediato de recursos al fisco y las facultades que puedan o no tener las autoridades para calificar su naturaleza, nuestro argumento ha sido, desde siempre, que las plataformas de apuestas en línea son legales", sostuvo.
En ese sentido, continuó, "resultan curiosas, sin embargo, las otras voces de la misma asociación en dirección opuesta que en enero, ante la comisión de Economía la Cámara de Diputados y Diputadas, en conjunto con casinos Dreams, manifestaron la necesidad de una 'ley corta' que, en definitiva, les entregue a ellos mismos, los casinos presenciales, esta industria".
"Más allá de los señalado por Cecilia Valdés en su carta y en sus numerosas apariciones públicas, vale la pena preguntarse cuál es en realidad el interés de los casinos presenciales de cara al proyecto de regulación. Ciertamente la 'ley corta' es totalmente contraria a la libre competencia y a todos los principios que recoge el proyecto y que la carta dice defender", dijo Baeza.
Por último, afirmó que "no estamos en presencia de un problema jurídico ni de uno práctico. Estamos ante una campaña de despresigio de la industria del juego en línea por parte de los casinos presenciales, con el único objeto de obtener beneficios en el proyecto de regulación que se discute en nuestro Congreso, proyecto que recoge y se alinea con las legislaciones más modernas y competitivas del mundo y que, en cambio, nosotros decididamente apoyamos".
