Alta expectación sigue causando la eventual presentación de la política nacional del litio por parte del Gobierno -anuncio que en un principio se realizaría en marzo, pero no ocurrió-, por lo que cada vez son más las voces que llaman a apurar esta estrategia para así aprovechar la buena racha de este mineral, del cual Chile es un productor relevante a escala mundial.
Sobre este tema se refirió este martes el ministro de Hacienda,
Mario Marcel, durante su exposición ante la comisión del ramo de la Cámara, donde recalcó que se trata de una "política de alianza público-privada".
"Se puede decir con total claridad a estas alturas que esa es una política de alianza público-privada, de asociación público privada, de colaboración entre el sector público y el sector privado. No es ni una política de manejo estatal completo de las rentas del litio, ni va a ser una política de concesión al estilo de cualquier otra actividad minera por las características que la ley y la Constitución le asignan al litio, que es diferente de otros minerales", dijo el jefe de la billetera fiscal.
En esa línea, aseguró que "el corazón de esto es una alianza público-privada para desarrollar esta industria", y que es necesario "encontrar una solución adecuada en esta cooperación entre el sector público y sector privado que nos ayude a aumentar nuestra producción sin sacrificar los estándares ambientales, que en este caso son bien delicados".
En ese contexto, Marcel puso en tela de juicio el millonario aporte que SQM -la principal empresa que opera en este mercado junto a Albemarle- reportó al Fisco el año pasado por los contratos de arrendamiento con Corfo (US$5.000 millones).
Sobre esto, el titular de Teatinos 120 indicó que la cifra la dio a conocer la misma firma y que, al revisar los balances, "no es muy fácil llegar a ese número".
"Creemos que probablemente incluye contribuciones de bienes raíces, IVA y otros componentes de impuesto que, en el caso, por ejemplo, de la minería del cobre, nosotros nunca lo miramos como ingresos tributarios del cobre", añadió.
"Si uno ve el balance, por un lado está claramente identificado lo que son los pagos a Corfo, que son similares a los que tiene Corfo registrado por su cuenta. Pero la parte tributaria nos parece que la información con la cual se llega a los US$5.000 millones va a más allá del impuesto a la renta, entonces ese nivel de detalle en los balances no lo tienen. Es una información que entregó unilateralmente la empresa", aseveró Marcel.
