Pérdidas crónicas y atadas al ciclo político: Las dificultades de la estatal Enami ante el desafío del litio

La Estrategia Nacional del Litio anunciada hacia fines de la semana pasada por el Gobierno se ha tomado la agenda noticiosa y económica del país, despertando críticas en el gran empresariado por un eventual intento de "estatización de la economía", alta volatilidad en los mercados, y diversas reacciones tanto políticas como de parte de comunidades próximas a los salares.

En rigor, el sustento de la futura explotación del llamado "oro blanco" en Chile considera la participación estatal en toda la cadena productiva, y si bien se incluirá la participación del sector privado, la idea es que el Estado sea el controlador de las futuras sociedades o alianzas que se creen. Así, cualquier privado que aspire potenciar la extracción del mineral estratégico en el país, deberá necesariamente asociarse con Codelco o Enami.

Asimismo, el Estado, a través de Codelco, pretende entrar al Salar de Atacama, donde actualmente operan las dos únicas firmas que extraen litio en Chile: SQM y Albemarle, cuyos contratos terminan en 2030 y 2043, respectivamente, y sobre los cuales el Gobierno pretende negociar para quedarse al menos con el 50,1% de la participación.

En ese sentido, un nuevo flanco de conflicto que se le abrió al Gobierno relacionado con la política nacional del litio tiene que ver con el rol de Enami (Empresa Nacional de Minería), estatal chilena dedicada al fomento y sustentabilidad de la pequeña y mediana minería en más de 50 localidades del país. Esto, con el objetivo de "contribuir al mejoramiento de su competitividad y con ello, asegurar la extracción de riquezas mineras económicamente viables a pequeña y mediana escala", según se señala en su sitio web.

Enami fue creada bajo el DFL N°153 publicado a inicios de abril de 1960, tras la fusión de la Caja de Crédito y Fomento Minero (Cacremi) y la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF). Cinco años después, a fines de noviembre, se inauguró la planta de beneficio más grande de la empresa, ubicada a un costado de la Fundición HVL- Paipote, y logró seguir expandiéndose con el paso del tiempo. Su actual presidenta es la ministra de Minería, Marcela Hernando.

Durante la última década, Enami ha reportado números rojos, hasta que al cierre del ejercicio financiero en 2021 logró un resultado antes de impuesto (RAI) por cerca de US$34 millones, monto que se comparó positivamente con las pérdidas por US$99 millones registradas en igual periodo del año anterior. Este fue el mejor resultado obtenido por la empresa desde 2012 .-cuando obtuvo un RAI de US$41 millones-.

Sin embargo, el año pasado retomó las pérdidas, registrando al 31 de diciembre de 2022 una merma antes de impuesto de US$78 millones. "Estos resultados son consecuencia de los menores márgenes operacionales de la empresa", deslizó en su análisis razonado la estatal, lo que atribuyó "principalmente el efecto del ajuste del VNR en el costo del cobre y la reducción de los márgenes de ventas de concentrados por el menor precio de venta respecto del año anterior de este".

Esto, se tradujo en un resultado operacional negativo de US$66 millones al término del año, lo que se compara negativamente con el resultado operacional de 2021, generando una diferencia entre ambos periodos de -US$80 millones aproximadamente.

Frente a esta situación, Enrique Valdivieso, ex gerente general y ex vicepresidente ejecutivo de Enami, escribió una carta a El Mercurio, publicada el sábado recién pasado, en la que puntualizó que "en tan solo nueve meses, Enami pasó de obtener una utilidad de US$34,4 millones en 2021 a registrar una pérdida de US$78,2 millones durante 2022. Es decir, el resultado es de US$112,6 millones menos que el del período anterior".

Valdivieso cuestionó la gestión al interior de la estatal, afirmando que "sobre estos resultados debiera responder el nuevo directorio, que desvinculó a siete de los nueve gerentes el día después de mi renuncia voluntaria como vicepresidente ejecutivo, todos contratados por procesos de head hunters de alta exigencia durante los años anteriores. También debiera responder por la desvinculación de parte importante del equipo de supervisores de la Fundición Hernán Videla Lira".

"Debemos exigir a los directores y al vicepresidente ejecutivo que se hagan responsables por el buen uso de los recursos de todos los chilenos y se tomen las medidas necesarias para reformar el Gobierno Corporativo de Enami, dándole sustentabilidad económica y mayor estabilidad e independencia del ciclo político, y así no se vuelvan a repetir resultados como los del año 2022", acotó Valdivieso.

Y es que en la esfera política se ha reconocido que la situación de Enami es compleja y que debiera resolverse con una cirugía mayor, que involucre a la estructura de su gobierno corporativo y una revisión de su enfoque estratégico, que mantiene desde su creación.

En esa línea, el ex director de Codelco y ex ministro de Minería, Hernán de Solminihac, comentó, en entrevista con El Mercurio, que "Enami tiene un rol de fomento para la pequeña y mediana minería, e históricamente ha tenido más dificultades para operar, por lo que creo que está en una condición de mayor dificultad que Codelco para enfrentar este desafío".

Otro reproche dice relación con que el sistema de gestión corporativa de Enami requiere una modernización con urgencia, pues continúa alineado con el ciclo político y es marcado fuertemente por los cambios de gobierno, lo que complica su proyección de largo plazo.

Recientemente, el actual vicepresidente ejecutivo de Enami, Jaime Pérez de Arce -quien asumió en 2022 tras ser designado por el Presidente Gabriel Boric-, respondió a Valdivieso, precisando que "las utilidades por US$34 millones, registradas en el ejercicio 2021 -que se explican en gran medida por factores externos, tales como variación del tipo de cambio, IPC, variación del precio del cobre-, no compensan las pérdidas acumuladas durante los cuatro años de ejercicio de la anterior administración, que totalizan US$157 millones".

"Durante el mismo período, la deuda financiera experimentó un incremento de un 155%, lo que provocó un importante impacto en los Estados de Resultados del año 2022, reflejándose en el pago de más de US$21 millones en intereses, para una deuda además concentrada fuertemente en el corto plazo", afirmó.

"Adicionalmente, entre 2020 y abril de 2022 se privilegió la producción, sin garantizar la seguridad de las personas, el cuidado del medio ambiente y de los activos productivos", criticó el Ejecutivo, asegurando que "los planteles productivos fueron irresponsablemente exigidos por sobre las condiciones normales de operación y de diseño, lo que trajo como consecuencia la vulneración de los compromisos medioambientales adquiridos, provocando más de 40 episodios críticos que afectaron a las comunidades de Tierra Amarilla y Copiapó".

Asimismo, denunció que "durante la administración del señor Valdivieso, a fines de 2021 se comprometió una venta de cátodos, destinada habitualmente al mercado asiático, equivalente a toda la producción del año 2022 de la Fundición HVL, directamente a un trader, sin la participación de los profesionales encargados de estas negociaciones y sin ningún tipo de licitación donde pudieran participar otras empresas y se diera transparencia al proceso".

Así, reclamó que "al asumir esta nueva administración nos encontramos con una empresa deteriorada en prácticamente todos los planos de la gestión".

"No obstante las dificultades encontradas al inicio de esta administración, nuestra mirada es de futuro. Estamos comprometidos en la modernización de Enami, de su gobierno corporativo, de sus planteles y operaciones al servicio de la pequeña y mediana minería nacional, y para ello contamos con un programa de gobierno claro al respecto", cerró Pérez de Arce.